Según una encuesta, casi el 63% de los entrevistados rechaza una candidatura testimonial de Jaldo

El inminente anuncio del gobernador, Osvaldo Jaldo, respecto de su candidatura a diputado nacional volvió a poner en debate el rol de las postulaciones testimoniales.

Si bien la legislación nacional no logró prohibirlas, las críticas opositoras arrecian a partir de lo que consideran una vulneración de la voluntad popular.

En esa línea, la consultora Isasi/Burdman -que trabaja para La Libertad Avanza- consultó a tucumanos cuál es su opinión sobre una eventual candidatura testimonial de Jaldo. El resultado fue categórico.

Según el sondeo, el 62,7% no está de acuerdo con esa modalidad, mientras que sólo el 27,4% la acepta. En tanto, el 9,9% de los consultados no tiene opinión formada.

El relevamiento fue realizado entre los días 5 y 11 de agosto en ocho localidades de la provincia: San Miguel de Tucumán, Banda del Río Salí, Alderetes, Yerba Buena, Tafí Viejo, Lules, Monteros y Concepción. Se realizaron 941 entrevistas presenciales coincidentales en vía pública.

La toma de datos se realizó en forma simultánea en todas las localidades. Participaron 5 encuestadores de campo y 2 coordinadores. El análisis de los resultados ponderó los casos según región, sexo y grupos de edad.

Los antecedentes

Si bien la Justicia condena las candidaturas testimoniales porque las considera un fraude al electorado, cuando debió resolver si oficializaba postulaciones sospechosas, las aceptó, porque entendió que no podía ejercer un “control preventivo” y adivinar si, una vez electos, los candidatos iban a asumir o no.

No obstante, los jueces advirtieron que si los postulantes “no son honestos” y no asumen luego de las elecciones, se estaría frente a una “inaceptable manipulación de las instituciones de la República”.

La Cámara Nacional Electoral se pronunció sobre el tema cuando analizó si oficializaba las candidaturas a diputados nacionales de Daniel Scioli, que en ese momento era gobernador bonaerense, y de Sergio Massa, que era intendente de Tigre.

En primera instancia, el juez electoral Manuel Blanco (que falleció en 2014) habilitó las candidaturas denunciadas por al UCR, el GEN y la Coalición Cívica. Los cuestionamientos incluyeron también a la postulación de Néstor Kirchner, que no tenía ningún cargo cuando se candidateó (era presidenta su mujer, Cristina Kirchner) y sí asumió como diputado.

La Constitución Nacional le impide a un gobernador ser en simultáneo legislador, como hubiera sido el caso de Scioli. Tanto él como Massa habían sugerido que si ganaban las elecciones no iban a asumir sus cargos legislativos.

La Cámara Nacional Electoral, con el voto mayoritario de los jueces Santiago Corcuera y Rodolfo Munné (ya fallecido), admitió las postulaciones. Votó en disidencia el juez Alberto Dalla Vía, que integra hoy el tribunal, junto con Corcuera y Daniel Bejas.

La Cámara resolvió que lo que establece la Constitución es una incompatibilidad que en el caso de Scioli le impedía el desempeño simultáneo de los cargos de gobernador y diputado, pero que “no limita la participación electoral”. Si el funcionario en cuestión resultaba electo, lo que debía hacer era renunciar para asumir en el Congreso, dijeron los jueces en aquel momento.

Scioli obtuvo una banca de diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, pero siguió en la gobernación.

Los jueces convocaron a Scioli y a Massa. Por escrito, ambos de manera ambigua se comprometieron a asumir. Aunque luego no lo hicieron.

“Si se configurase un supuesto de lo que vulgarmente se ha dado en llamar ‘candidatura testimonial’, no podría ser oficializada”, señalaron Corcuera y Munné, porque “habría candidatos que no pretenden ser representantes y por lo tanto no podrían ser oficializados por defraudar al elector, pues se habrá quebrantado la relación representante-representado que nuestros constituyentes han plasmado en la letra y en el espíritu de la Constitución Nacional y asimismo configurará un apartamiento ético, con la consiguiente desazón que producirá en parte del electorado”.

Los jueces afirmaron que Scioli y Massa le dijeron tres veces a la Justicia Electoral, por escrito, que iban a ocupar las bancas si eran electos. Primero, al aceptar las candidaturas; luego, con una comunicación del apoderado del partido que dijo que estaban “dispuestos a asumir los cargos, dando fe de ello” y, por último, ellos mismos lo hicieron personalmente, al “ratificar íntegramente las afirmaciones realizadas por los apoderados y manifestar, además, su disposición para la asunción del cargo al que han sido propuestos”, recordaron los camaristas.

Como Scioli y Massa se comprometieron en ese momento a asumir, los jueces oficializaron su candidatura y advirtieron que “es de toda evidencia que no puede exigírsele a la justicia desentrañar las intenciones, propósitos o planes íntimos de quienes se presentan al electorado requiriéndoles el voto.