Sánchez y Canelada señalan “vínculos entre el crimen organizado y sectores del poder”

La reciente detención de un policía con más de un kilo de marihuana en su poder y que desencadenó en la denuncia de su padre, el ahora exsubsecretario de Institutos Penales de Tucumán, Miguel Gómez, generó la reacción de la oposición en medio de la campaña electoral.

“El caso expuso una vez más los vínculos peligrosos entre el crimen organizado y sectores del poder en Tucumán", aseguraron el diputado Roberto Sánchez y el concejal capitalino José María Canelada, quienes integran la lista de candidatos a la Cámara Baja del frente Unidos por Tucumán de cara a octubre.

Sánchez señaló que hace tiempo viene alertando sobre esta problemática en algunas localidades de la provincia. "Hace años denunciamos la connivencia entre política y narcotráfico, y lamentablemente el tiempo nos dio la razón. Alberdi fue intervenida por la Justicia Federal por estos vínculos, y ahora asistimos a un nuevo escándalo que involucra a las fuerzas de seguridad y a familiares directos de exfuncionarios del área. Esto muestra la gravedad del problema y la falta de un plan serio para enfrentarlo", sostuvo el parlamentario opositor, quien buscará la reelección el 26 de octubre.

Por su parte, Canelada advirtió que no se trata de un hecho aislado. "No estamos ante un hecho aislado y no es la primera vez que algo así ocurre. Mientras el Gobierno intenta minimizar la situación, la realidad es que hoy la sociedad está pagando las consecuencias de años de desidia, cuánto menos, por no hablar de encubrimientos y vínculos oscuros”, arremetió.

Ambos dirigentes coincidieron en que “el Gobierno provincial, pese a sus discursos rimbombantes, carece de credibilidad” para liderar la lucha contra el narcotráfico y reclamaron acciones urgentes. "No alcanza con renuncias ni con discursos de ocasión. Hace falta una política integral de seguridad, que combine prevención y persecución penal, con transparencia en la gestión, control real sobre las fuerzas de seguridad, fortalecimiento de la inteligencia criminal y plena articulación con la Justicia Federal”, afirmaron.

Por último, Sánchez y Canelada plantearon que “la primera señal debe ser ponerle fin a los privilegios y a los encubrimientos que garantizan impunidad a quienes intentaron usar al Estado como refugio de negocios ilegales”.