Preocupación en el Colegio de Abogados por medidas que afectan el libre ejercicio profesional

Desde el Colegio de Abogados de Tucumán (CAT) se manifestaron con preocupación ante dos situaciones que, según afirmaron, impactan directamente en el ejercicio de la profesión y en la imagen institucional de los letrados.

Por un lado, el organismo cuestionó los alcances de una acordada emitida por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que crea un Cuerpo de Mediadores dentro de la Justicia de Paz. Esta medida, le otorga a la Justicia de Paz un rol que antes venían desempeñando los abogados en el ejercicio independiente de su profesión, principalmente en casos que requieren mediación previa obligatoria, como sucede frecuentemente en los procesos sucesorios.

En ese sentido, según pudo averiguar Tendencia de Noticias llegaron a la entidad numerosos planteos de profesionales que se sienten directamente perjudicados por esta disposición. Según sostienen, la implementación del nuevo cuerpo de mediadores —integrado por funcionarios judiciales que sumarán esta tarea a sus funciones habituales— no solo lesiona la incumbencia profesional de los abogados, sino que también podría generar una competencia desleal al establecer un servicio gratuito en manos del Poder Judicial, desplazando a los profesionales independientes.

Desde la Corte se argumenta que la medida responde a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 7844), que autoriza a que los procesos que tramiten ante la Justicia de Paz y requieran mediación previa obligatoria sean conducidos por funcionarios judiciales capacitados, en forma gratuita. Según la acordada, este nuevo cuerpo comenzará a funcionar el 1 de octubre de 2025, e inicialmente estará integrado por 20 funcionarios judiciales con formación específica en mediación.

Frente a esta situación, el CAT difundió un comunicado en el que reafirma su compromiso con la defensa del libre ejercicio de la abogacía y el respeto por el decoro profesional.

“No permaneceremos indiferentes frente a actos que pretendan obstaculizar el libre ejercicio de la abogacía”, indicaron en el documento, al tiempo que recordaron que la institución tiene la facultad legal de requerir la intervención de autoridades administrativas o judiciales en defensa de sus matriculados, según lo establece la Ley 5233.

El comunicado también subraya el rol “indelegable” del Colegio como garante de la libertad profesional, condición indispensable para la vigencia del Estado de Derecho.

Alberto López Domínguez, Presidente del Colegio de Abogados.

Investigación por fraude en la Caja

El segundo punto que generó un pronunciamiento formal del Colegio está vinculado a la reciente apertura de una causa judicial que investiga a un grupo de abogados por presunta participación en un fraude contra la Caja Popular de Ahorros. Según la denuncia, durante la pandemia se habrían presentado juicios de amparo con información falsa para obtener indemnizaciones indebidas.

Por este motivo, el fiscal Diego Sebastián Hevia imputó a los abogados Julio José Campero, Héctor Luis Sandoval, Mariana Pérez Lucena y Carla Porta —ex dirigente del PRO, actual militante de La Libertad Avanza y coordinadora del Renaper NOA en Tucumán—. La causa se encuentra en una etapa inicial, y aún no se han determinado responsabilidades penales.

Anta esta situación, desde el CAT llamaron a resguardar “la imagen de la profesión frente a cualquier intento de desprestigio”, y señalaron que “cualquier limitación, presión o condicionamiento será denunciado con la firmeza que la ley y la historia de la abogacía imponen”.

En el comunicado, desde la institución reafirmaron su compromiso de “defender a los matriculados en todo ámbito donde su independencia o dignidad profesional se vean afectadas” y de “actuar como garante de la libertad en el ejercicio de la abogacía, que es condición indispensable para la plena vigencia del Estado de Derecho”.

Además, recordaron el compromiso del Colegio por “velar por el respeto al decoro, a la ética y a la imagen institucional de la profesión”.

“El Colegio, fiel a su misión, recuerda que la abogacía constituye un pilar esencial en la defensa de los derechos y garantías constitucionales. Por ello, cualquier intento de limitación, presión o condicionamiento en el ejercicio profesional de nuestros matriculados será denunciado con la firmeza que la ley y la historia de nuestra profesión imponen”, advirtieron.

Y completaron: “Así lo hacemos saber, en defensa de nuestros colegas, en resguardo del decoro de la abogacía y en cumplimiento del mandato que nos confiere la Ley 5233”.