Lapidario informe oficial sobre la política carcelaria en Tucumán: hacinamiento, torturas y muertes

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó su “Informe de Seguimiento a la Provincia de Tucumán. Junio 2024 - Enero 2025”, donde expone una situación alarmante en las cárceles y comisarías de la provincia, marcada por hacinamiento extremo, torturas sistemáticas y muertes bajo custodia. Las inspecciones realizadas en junio y agosto de 2024, y en enero de 2025, constataron condiciones de detención que el Comité calificó como “incompatibles con los estándares mínimos de trato digno” y potencialmente equiparables a “tortura y/o malos tratos”.

El informe, al que tuvo acceso Tendencia de Noticias, detalla que, a diciembre de 2024, las comisarías tucumanas albergaban 1.664 personas en 60 establecimientos con una capacidad declarada de solo 764 plazas, lo que representa un hacinamiento del 217,8%. En la Comisaría Primera de San Miguel de Tucumán, por ejemplo, se encontraron 101 personas detenidas en un espacio diseñado para 20, lo que obligaba a los internos a dormir por turnos sobre colchones húmedos, apilados en suelos con derrames de aguas servidas. “Las condiciones materiales eran deplorables e indignas, con un deterioro significativo en las instalaciones”, señala el CNPT, destacando la ausencia de agua potable, ventilación adecuada y acceso a la salud.

Las denuncias de torturas son igualmente graves. En la Unidad Penal N°9 de Villa Urquiza, los internos relataron prácticas como el “chanchito” (sujeciones de pies y manos) y el “submarino” (asfixia por inmersión), combinadas con golpizas grupales que dejaban hematomas, cortes y secuelas auditivas. En el Complejo Penitenciario Benjamín Paz, inaugurado en diciembre de 2024, los traslados de internos desde comisarías incluyeron agresiones con gas pimienta, golpes y técnicas como el “puente chino”, donde los detenidos eran golpeados mientras eran trasladados con la visión cubierta. “Los agentes agresores no pudieron ser identificados, debido en parte a que estaban cubiertos y sin identificación”, indica el informe.

Defensa oficial

El CNPT, que es presidido por Juan Manuel Irrazábal, también reportó siete muertes bajo custodia policial en 2024 y una en enero de 2025. Estas cifras posicionan a Tucumán como una de las provincias con las tasas de mortalidad en detención más altas del país.

La labor del Comité enfrentó serias trabas. En su visita de enero de 2025 a los complejos de Benjamín Paz y Delfín Gallo, el Servicio Penitenciario impidió el ingreso de miembros del Mecanismo Local de Prevención, violando la Ley N° 26.827. “Estos hechos fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, ya que podrían encuadrar en figuras penales como resistencia a la autoridad o abuso de poder”, afirmó el comisionado Gustavo Palmieri, Kevin Nielsen, Leandro Halperin, quienes habían supervisado esa visita . Además, un juez de ejecución penal desconoce la autoridad del Comité local, y el Poder Ejecutivo provincial no respondió a pedidos de información, agravando las tensiones institucionales.

El gobernador Osvaldo Jaldo había defendido los esfuerzos de su gestión en materia carcelaria. En reiteradas declaraciones, destacó la inauguración de los complejos de Benjamín Paz y Delfín Gallo como un paso para “descomprimir el hacinamiento y mejorar las condiciones de detención”. Según Jaldo, “hemos duplicado la capacidad penitenciaria con casi 900 nuevas plazas, y proyectamos llegar a 1.900 para 2025, un avance histórico para Tucumán”. Sin embargo, el CNPT advierte que estas obras, aunque necesarias, no resuelven el problema de fondo si persiste la tendencia al incremento de la población detenida y no se implementan alternativas al encierro.

El informe también critica la falta de investigaciones efectivas sobre las denuncias de tortura. “No se inician investigaciones penales de oficio ni se adoptan medidas de protección para las víctimas”, señaló el Comité. La situación procesal de los detenidos revela que el 30% de los procesados están encarcelados por delitos menores, lo que sugiere un uso excesivo de la prisión preventiva.

Cabe recordar que este tipo de documentos ya fueron elaborados, específicamente para la provincia de Tucumán, en los años 2020, 2021 y 2023, en donde comenzaron a objetarse las irregularidades en el sistema carcelario local, aunque en esta ocasión es el primer registro que se enfoca en torno a la gestión propia del jaldismo en la materia.

En el Complejo Delfín Gallo, donde se alojan 111 mujeres, las internas reportaron golpizas colectivas y asfixias con plásticos ante reclamos básicos, como el acceso al agua. “Las condiciones de vida, especialmente para mujeres embarazadas y con bebés, son extremadamente complejas por la falta de ventilación y privacidad”, se subrayó en el documento.

El informe del CNPT sobre la situación en los lugares de detención de Tucumán, detalla prácticas de tortura y malos tratos sistemáticos contra personas privadas de libertad (PPL) en comisarías, unidades penitenciarias y durante traslados a los nuevos complejos de Benjamín Paz y Delfín Gallo. A continuación, se presentan los detalles específicos de estas denuncias.

Torturas en Comisarías: Violencia Física y Psicológica

En las inspecciones realizadas en 2024 a las comisarías 1° y 2° de San Miguel de Tucumán, el CNPT constató "condiciones de hacinamiento extremo que, combinadas con agresiones, configuran tratos crueles e inhumanos". Los internos denunciaron agresiones físicas y verbales por parte del personal de custodia y del grupo de “infantería” durante requisas. Entre las prácticas documentadas, se encuentran:

• Uso de gas pimienta y armas no letales: “Varias personas refirieron haber padecido agresiones físicas y verbales por personal de custodia y del grupo de ‘infantería’ que lleva a cabo las requisas a la población detenida. Entre las prácticas más asiduas se describió el uso de gas pimienta y golpes en diversas partes del cuerpo mediante pies, puños y tonfas”.

• Agua hirviendo y balas de goma: “Algunos de los entrevistados refirieron que, en el marco de este procedimiento, personal policial les arrojó agua hirviendo, mientras otros agregaron que les dispararon balas de goma, siendo visibles las lesiones en sus cuerpos al momento de la visita”.

• Requisas abusivas: Los procedimientos incluían “prácticas de desnudos totales, flexiones de tipo sentadilla” y mantener a los detenidos “arrodillados con las manos sobre la nuca por aproximadamente tres o cuatro horas”. Durante estas requisas, se reportaron “deterioro o robo de pertenencias”.

Estas prácticas, según el CNPT, se realizaban en un contexto de hacinamiento extremo, como en la Comisaría 1°, donde 101 personas estaban detenidas en un espacio para 20, lo que “podría ser equiparable a una situación de tortura y/o malos tratos”.

Torturas en Unidades Penitenciarias: Unidad Penal N°9 (Villa Urquiza)

En la Unidad Penal N°9, sector 3, destinada a personas sancionadas o con conflictos de convivencia, el CNPT documentó un “régimen de encierro permanente” y prácticas de tortura metódicas. Los relatos de los internos incluyen:

• Golpizas grupales: “Los relatos coinciden en que en este marco personal penitenciario ingresaba a las celdas y —sin mediar palabra— les propinaban golpes de distinta índole entre varios agentes”.

• Técnicas específicas de tortura:

“Chanchito”: “Sujeciones de pies y manos y de estos entre sí”, dejando a las víctimas en posiciones de extrema vulnerabilidad.

“Submarino”: “Generar ahogamiento introduciendo en varias oportunidades y por algunos segundos la cabeza de la víctima en un balde”. También se reportó “la colocación de sábanas en la cabeza mientras se les tiraba agua impidiendo la respiración”.

• Violencia prolongada y coordinada: Estas prácticas involucraban “entre 5 y 10 victimarios” y duraban “entre dos y cuatro horas”. Los internos describieron “pisotones, aplastamiento, palazos” en posiciones de sometimiento (de rodillas o con la cabeza cubierta), resultando en “hematomas, escoriaciones, cortes y secuelas en la audición”.

• “Ducha” como encubrimiento: “Al finalizar las golpizas comúnmente les arrojan agua helada”, una práctica conocida como “ducha” que, además de ser un acto de agresión, “es entendido por las víctimas como una estrategia de encubrimiento ya que sería efectuado para atenuar las marcas de violencia en los cuerpos”.

Torturas durante Traslados al Complejo Penitenciario Benjamín Paz

Los traslados de internos desde comisarías al Complejo Penitenciario Benjamín Paz, inaugurado en diciembre de 2024, estuvieron marcados por actos de violencia extrema. Los testimonios recopilados en la visita de enero de 2025 describen:

• Condiciones de traslado: Los traslados se realizaban “generalmente durante la madrugada y de forma sorpresiva”, sin informar a los detenidos sobre su destino. “Los agentes agresores no pudieron ser identificados, debido en parte a la cobertura de su visión y en parte a que estaban cubiertos y sin identificación”.

• Sujeciones y agresiones: Los internos eran sometidos a “sujeciones en manos (en general utilizando piola o cuerda)” y se les cubría la visión “con remeras en las cabezas”. Durante el traslado, se aplicaba el “puente chino”: “En ese camino y mientras iban subiendo al móvil, les propinaban piñas, palazos y patadas en distintas partes del cuerpo”.

• Técnicas específicas:

“Criqueo”: “Les levantaron sus brazos mientras les doblaban el torso del cuerpo hacia abajo, lo que suele provocar intensos dolores en hombros y brazos”.

Gas pimienta y hacinamiento: En los móviles, los detenidos eran “amontonados, unos encima de otros, con escasa posibilidad de moverse” y se les arrojaba “gas pimienta” o “un polvo que quemaba”. También se reportaron “golpes con palos de distinto tipo —de madera o de goma, y hasta se señaló el uso de palos de escoba—”.

• Maltrato psicológico: “Estaban obligados a mirar hacia abajo y se les prohibía hablar y levantar la cabeza; en caso de hacerlo, recibían golpes en sus espaldas, cabezas, manos y dedos”.

• Violencia al llegar: Al ingresar a Benjamín Paz, las agresiones continuaban con la participación de agentes del Servicio Penitenciario. Se describen prácticas como el “plaf-plaf” (golpes rítmicos) y “latigazos con la soga” usada para sujetarlos.

Torturas en el Complejo Penitenciario Benjamín Paz

Una vez en el complejo, las torturas se perpetuaban como respuesta a reclamos por condiciones de detención, como encierro prolongado, falta de alimentación o elementos de higiene. Los internos denunciaron:

• Golpizas en sectores sin cámaras: “El personal penitenciario habría intervenido ante estas demandas retirando a la persona de su celda con esposas en sus manos y llevándola a un sector cerrado que no dispone de cámaras”. Allí, “entre varios agentes les propinaban golpes de puño y patadas” y, en algunos casos, “fueron golpeados con ‘varillas’”.

• Desnudos y descargas eléctricas: “Algunos agregaron que fueron obligados a desnudarse y que, estando así, continuaron golpeándolos, con piñas, patadas y pisotones”. En casos puntuales, “estando la persona mojada, se les aplicó descarga eléctrica en zonas blandas del cuerpo, a través de un objeto con formato de linterna, durante algunos minutos”.

• “Ducha” reiterada: Como en Villa Urquiza, se aplicaba la “ducha” con agua fría para ocultar las marcas de las agresiones.

Torturas en el Complejo Penitenciario Delfín Gallo (Mujeres)

En el complejo destinado a mujeres, las internas reportaron torturas ante reclamos básicos, como acceso al agua o visitas. Las prácticas incluyen:

• Golpizas colectivas: “Las mujeres entrevistadas relataron situaciones en las que, ante una queja o reclamo, como solicitar acceso a agua, comunicación telefónica o visitas, habrían sido agredidas. En esa circunstancia es que ingresó el personal penitenciario y les propinaron golpizas colectivas”.

• Sujeciones y asfixia: Las mujeres eran “retiradas de las celdas y arrastradas hasta los sectores de visitas íntimas, donde las sujetaron de pies y manos boca abajo; en ocasiones también les colocaron cintas en la boca”. En esa posición, “les propinaban golpes y patadas” y se les aplicaban técnicas de asfixia: “Les arrojaron agua, las ahorcaron con las manos y/o las asfixiaron con plásticos de los colchones”.

Falta de Investigación y Encubrimiento

El CNPT subraya la impunidad que rodea estas prácticas, señalando que las autoridades encargadas de investigar:

• Desacreditan a las víctimas: “Tienden a desacreditar y relativizar los dichos de víctimas y testigos a partir de preconceptos fundados en elementos como sus antecedentes penales e intereses personales”.

• No inician investigaciones de oficio: “No se inician investigaciones penales de oficio por delitos sufridos por personas privadas de libertad en los que se sospeche la participación delictiva de agentes del Estado”.

• Falta de protección: “No se adoptan medidas de protección para víctimas, testigos ni familiares”, lo que expone a los denunciantes a represalias.

• Carga en las víctimas: “Se pone en las víctimas la carga de impulsar la investigación”, dificultando la denuncia en un contexto de miedo y vulnerabilidad.

El CNPT considera que estas prácticas podrían encuadrar en el delito de tortura previsto en el artículo 144 ter del Código Penal, "pero la falta de acción judicial perpetúa la violencia institucional".

Sin respuestas

Durante la última visita del Comité en enero pasado, el propio Jaldo había respondió a las críticas relacionadas con las entrevistas realizadas a presos y sus familias en ese entonces, antes de que se confeccionara este informe. “Es correcto que hablen con ellos (internos), porque son personas. Pero tiene que ser mucho más equilibrada y también deberían conversar con las víctimas. Hay violadores, asesinos y delincuentes detenidos, pero me hubiese gustado que la Comisión visite a las familias que han perdido seres queridos o que han quedado destruidas por estos actos delictivos”, subrayó el Mandatario aquella vez.

Vale indicar que el Comité remitió el documento con fecha 11 de abril de 2025, aclarándose que "el informe se mantendría reservado por un plazo de 20 días y abierto a la presentación de observaciones, planes de acción y cronogramas de implementación de recomendaciones". En este sentido, Jaldo había planteado que “cuando nos lo envíen, daremos nuestra respuesta oficial. Seguiremos respetando la democracia, pero también expresaremos nuestra opinión. Es necesario un enfoque equilibrado, porque detrás de cada delito hay víctimas que también merecen ser escuchadas”.

Sin embargo, transcurridos los 20 días aludidos con anterioridad, "durante ese período no se recibieron observaciones", concluyó el CNPT en su documento.