REDECU pide suspender la audiencia pública del 5 de enero y denuncia un intento de aumento tarifario “a escondidas”

La Asociación Civil Red de Defensa de Usuarios y Consumidores (REDECU) solicitó la suspensión inmediata de la Audiencia Pública convocada por el Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) para el próximo 5 de enero, en la que se prevé tratar la revisión tarifaria del servicio eléctrico que presta la empresa EDET.

Desde la entidad -vinculada a la Asociación Bancaria y que tiene como referente al diputado nacional Carlos Cisneros- calificaron la convocatoria como “irrazonable, inoportuna y contraria al derecho de los usuarios”, al señalar que se realiza en plena feria judicial y en período de vacaciones, con plazos exprés y sin la publicación completa de la información técnica necesaria.

“¿Por qué una audiencia tan sensible se hace un 5 de enero, cuando la gente está de vacaciones y la Justicia está de feria? La respuesta es evidente: no buscan proteger a los ciudadanos, buscan que pase desapercibida”, afirmó Cecilia Sánchez Blas, secretaria general de La Bancaria en Tucumán e integrante de REDECU.

La asociación recordó que la audiencia tiene como objetivo definir un aumento de la tarifa eléctrica y las condiciones del servicio por los próximos cinco años, pero advirtió que fue convocada sin garantizar una participación real de los usuarios, sin tiempo razonable para analizar expedientes técnicos de gran volumen y con documentación clave incompleta o publicada fuera de término.

“Esto no es casualidad ni desprolijidad administrativa. Es apuro. Es hacer todo a escondidas para meterle la mano en el bolsillo a los tucumanos”, sostuvo Eduardo Bourlé, miembro de la organización.

En ese marco, REDECU subrayó que no existe ninguna urgencia objetiva que justifique la realización de la audiencia en esa fecha y cuestionó que no se convoque en un período de actividad normal, con la ciudadanía debidamente informada y la Justicia plenamente operativa.

“Si el aumento de tarifa fuera razonable y transparente, no necesitarían hacerlo un 5 de enero. Lo grave no es solo la fecha: lo grave es que quieren avanzar sin control social ni judicial”, agregó Bourlé.

Finalmente, la ONG informó que presentó una acción de amparo con pedido de medida cautelar para frenar la audiencia, al considerar que el procedimiento vulnera el debido proceso, el derecho a la información y la participación efectiva de los usuarios, derechos consagrados en la Constitución Nacional.

Desde la entidad advirtieron que, hasta tanto la Justicia no se expida, la audiencia no debería llevarse a cabo y ratificaron que continuarán reclamando transparencia, participación real y respeto por los usuarios, frente a lo que definieron como un intento de imponer aumentos tarifarios “por la ventana”.