Impulsan una ley que dote de cámaras en comisarías y cárceles tucumanas para frenar torturas y transparentar el accionar policial

Las denuncias por torturas, malos tratos y muertes bajo custodia en comisarías y cárceles tucumanas volvieron a instalarse con fuerza en la agenda pública y legislativa. En ese contexto, el legislador José Cano (foto inferior) antes de finalizar el 2025, presentó un proyecto de ley que obliga al Gobierno provincial a garantizar la instalación de sistemas de videocámaras en todas las dependencias policiales y penitenciarias de Tucumán, con el objetivo de prevenir abusos, generar pruebas y dotar de mayor transparencia al sistema de detención.

La iniciativa propone la creación del "Programa Provincial de Monitoreo Policial", bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, destinado a “detectar, prevenir y responder respecto de las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia en la totalidad de las comisarías de la Policía de Tucumán”. El proyecto establece que las cámaras funcionen como una herramienta permanente de control institucional y protección de derechos fundamentales.

El texto fija como objetivos centrales del programa “prevenir incidentes de seguridad”, “brindar seguridad a las personas privadas de libertad y al personal policial”, “fortalecer la gestión de recursos y el control institucional” y “generar registros probatorios válidos para procesos judiciales o administrativos”, además de “brindar tranquilidad a los ciudadanos que concurran a las dependencias policiales, aumentando la confianza hacia la fuerza de seguridad”.

La presentación parlamentaria se produce en un contexto particular donde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) difundió un informe de seguimiento que describe un escenario crítico en Tucumán: hacinamiento superior al 200% en comisarías, condiciones de detención calificadas como incompatibles con estándares mínimos de trato digno, prácticas sistemáticas de tortura y al menos ocho muertes bajo custodia entre 2024 y comienzos de 2025. Ese diagnóstico oficial volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento cotidiano de los lugares de encierro.

En ese marco, el proyecto de Cano delimita con precisión los espacios donde podrán colocarse las cámaras: ingresos, áreas de guardia, patios, pasillos, salas de espera y de visitas, depósitos de armas, calabozos y espacios comunes con acceso al público, excluyendo expresamente baños y áreas privadas. Además, exige que toda instalación esté registrada, señalizada y ajustada a la Ley Nacional de Protección de Datos Personales.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la conservación y custodia del material fílmico. Las grabaciones deberán guardarse por un plazo mínimo de 90 días y solo podrán ser destruidas pasado ese tiempo, salvo requerimiento judicial. El acceso quedará restringido a autoridades judiciales, fiscales, policiales designadas y organismos de control, con obligación de registrar cada consulta bajo protocolos específicos.

Transparencia en los comportamientos

En los fundamentos, el proyecto subraya que el control audiovisual resulta especialmente relevante en los primeros momentos de la privación de la libertad, “donde existe mayor incidencia de torturas y malos tratos”. Allí se destaca que las cámaras permitirán “dar transparencia a la actuación policial” y, al mismo tiempo, “brindar herramientas a las autoridades de justicia respecto del comportamiento de las personas allí alojadas”.

El texto cita recomendaciones de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos y remarca que la videovigilancia constituye una salvaguarda preventiva. En ese sentido, se sostiene que “la prevención de la tortura y los malos tratos abarca el mayor número posible de elementos que puedan disminuir la probabilidad o el riesgo de su ocurrencia”, y que estas medidas son necesarias “independientemente de que se haya probado la existencia de torturas o malos tratos”.

La iniciativa también apunta a resolver uno de los problemas señalados por el CNPT en Tucumán: la dificultad para identificar a los responsables de agresiones durante requisas, traslados o castigos, especialmente cuando los agentes actúan sin identificación o en sectores sin cámaras. En ese punto, Cano plantea que las filmaciones “pueden adquirir un valor relevante para documentar los hechos” y colaborar tanto en investigaciones penales como en procedimientos disciplinarios administrativos.

Personal del Comité contra la Tortura en su visita a dependencias policiales tucumanas.

El proyecto prevé auditorías periódicas sobre el uso y mantenimiento de los sistemas, la capacitación del personal a cargo del monitoreo y sanciones ante el uso indebido de imágenes o instalaciones fuera de protocolo, consideradas faltas graves. Además, obliga al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias y reglamentar la ley dentro de los 30 días posteriores a su eventual promulgación.

Vale recordar que ante el informe demoledor del CNPT, el gobernador Osvaldo Jaldo defendió públicamente la política carcelaria de su gestión y la inauguración de nuevos complejos penitenciarios como una vía para descomprimir el hacinamiento, en dicho informe se advirtió que la ampliación de plazas resulta insuficiente si no se modifican prácticas estructurales, se investigan las denuncias de tortura y se incorporan mecanismos efectivos de control.

En ese escenario, el proyecto del referente del radicalismo en la Cámara busca instalar un cambio de paradigma: que la tecnología funcione como una barrera frente a la violencia institucional y como garantía tanto para las personas privadas de libertad como para los propios agentes que actúan conforme a la ley.