
Ni bien conocida la decisión del juez José Augusto Paz Almonacid, de sobreseer a los cuatro exjugadores de Vélez acusados por violación en manada contra una joven tucumana, la querella anunció que impugnará el fallo, al considerar que la resolución es prematura y que no se alcanzó el estándar legal de "certeza negativa" exigido para una absolución.
Esta instancia llegará en febrero, teniendo en cuenta que la sentencia absolutoria que benefició a los futbolistas José Florentín Bobadilla, Sebastián Sosa, Brian Cufré y Abiel Osorio fue dictada sobre el inicio de la feria judicial de enero.
Los abogados de la querella, Patricia Neme, Patricio Char y Franco Venditti, tienen decidido hacer una presentación donde se pondrá el foco en la existencia de un abanico de pruebas que -a su entender- no fueron correctamente valoradas en el juicio oral y público que tuvo un desenlace a fines de la semana pasada, tras meses de investigación y luego de tres audiencias.
Según pudo averiguar Tendencia de Noticias, los defensores de la denunciante tienen 10 días hábiles desde el 1° de febrero para presentar un escrito con los fundamentos para oponerse al fallo dictado en primera instancia.
Entre los elementos que serán señalados por la querella se encuentran pericias médicas, psicológicas y biológicas, evidencia digital incorporada al expediente, registros de comunicaciones, testimonios y otros elementos probatorios que -según sostienen- debieron ser analizados con inmediación judicial en un debate oral, con participación de peritos y posibilidad de contraexamen.
Desde la representación de la víctima remarcaron que el sobreseimiento no implica una declaración de inocencia, sino una decisión procesal que será revisada por instancias superiores. En ese sentido, anticiparon que recurrirán la resolución por las vías legales correspondientes, conforme a lo previsto en el Código Procesal Penal.
Asimismo, la querella subrayó que el tratamiento del caso debe adecuarse a los estándares establecidos en la Ley 27.732 de Protección de Víctimas y en la Ley 26.485, que obligan al Estado a garantizar una investigación efectiva en casos de violencia sexual y a evitar cierres anticipados que puedan implicar revictimización o violencia institucional.
También objetarán la “falta de perspectiva de género” del juez interviniente en el proceso.
La contradenuncia
Aunque todavía no está definido, en febrero, tras la feria judicial, también podría activarse una contradenuncia contra la supuesta víctima de abuso y su entorno por presuntos delitos de competencia federal.
Esta posibilidad está latente teniendo en cuenta que en medio de la investigación por el supuesto hecho de violación en manada el futbolista de nacionalidad paraguaya José Florentín Bobadilla, a través de sus abogados, ya demandó a la denunciante, a sus abogados, a testigos y al diputado nacional y dirigente del gremio bancario, Carlos Cisneros.
Según el futbolista, todas estas personas formarían parte de una asociación ilícita que manipuló pruebas para armar una falsa causa por abuso sexual en su contra y la de sus excompañeros en Vélez. Además, desde la defensa advirtieron que esa organización podría estar implicada en otro tipo de ilícitos, como la trata de personas.
Sobre ese punto, en su fallo el juez Paz Almonacid ordenó “al Ministerio Público Fiscal, conforme lo solicita la defensa técnica, la remisión de copia completa del Legajo S-020390/2024 al Fiscal General Federal -con sede en la provincia de Tucumán- para la investigación de la posible comisión de un delito de competencia federal”.
Esto hace suponer que en paralelo a la instancia de apelación del fallo absolutorio en el que ingresará el expediente, al culminar la feria judicial de enero podría activarse en Tribunales Federales una nueva causa, que podría tener fuertes derivaciones políticas a institucionales.