El Gobierno apeló el fallo y el protocolo antipiquetes seguirá vigente hasta que se expida la Cámara

El Gobierno nacional apeló este martes el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick que había suspendido la aplicación del protocolo antipiquetes y logró que la medida quede en suspenso hasta que la Cámara resuelva si hace lugar al planteo oficial o confirma la decisión de primera instancia.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Alejandra Monteoliva, explicaron que con la presentación del recurso “la sentencia judicial queda suspendida hasta que la Cámara se pronuncie”, por lo que el protocolo continuará vigente.

La resolución cuestionada por el Poder Ejecutivo había sido dictada por Cormick, un magistrado vinculado a La Cámpora y con antecedentes como funcionario durante los últimos gobiernos kirchneristas. En su fallo, el juez hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que solicitó la “nulidad absoluta” de todos los artículos de la Resolución 943/23, mediante la cual el entonces Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, estableció el protocolo de actuación de las fuerzas federales frente a cortes de calles y manifestaciones.

Según el magistrado, la norma excede las facultades del Poder Ejecutivo al avanzar sobre atribuciones propias del Congreso. “La Resolución 943/23 conforma un exceso en la competencia otorgada al PEN por nuestro ordenamiento jurídico, en cuanto bajo la apariencia de ‘instruir’ al personal dependiente de dicho Ministerio está legislando, lo que configura una violación al derecho aplicable”, sostuvo Cormick en su sentencia.

El Gobierno, en cambio, defendió con firmeza la legalidad del protocolo y su continuidad. “Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden. El Protocolo es legítimo y se cumple. En esta Argentina, ley y orden”, señalaron desde la cartera de Seguridad en un comunicado oficial.

“Desde su implementación, el Protocolo permitió garantizar la libre circulación y que las calles vuelvan a pertenecer a quienes eligen trabajar, circular y vivir en libertad”, agregaron. Y remarcaron: “El Protocolo no prohíbe, ordena. Hay derecho a manifestar y peticionar, pero con respeto a la libre circulación, al comercio y a los derechos de todos. Sin Protocolo vuelve el caos; con Protocolo hay orden, convivencia y reglas claras”.

Por su parte, la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, también cercana al kirchnerismo, cuestionó la decisión del Gobierno de seguir aplicando la medida. Si bien reconoció que la concesión del recurso suspende los efectos del fallo, sostuvo que el Ejecutivo debería “abstenerse de aplicar el protocolo” en función del principio de buena fe procesal. “El Gobierno debería preocuparse por respetar el fallo de un juez que declaró que la regulación es contraria a derechos constitucionales”, concluyó.