La Legislatura decidió acusar a la jueza Ballesteros, que quedó al borde de la destitución

La jueza penal María Carolina Ballesteros quedó al borde de la destitución. La Comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán, que preside el peronista Sergio Mansilla, decidió este martes, por unanimidad, formular la acusación en contra de la magistrada, que quedará a merced de lo que decida un Jurado de Enjuiciamiento que será integrado en los próximos días.

Tras una breve reunión, que se inició pasadas las 9.30, los integrantes de ese grupo de trabajo parlamentario firmaron un voluminoso y fundamentado instrumento acusatorio contra jueza Ballesteros, en los términos dispuestos en el artículo 129 de la Constitución de la Provincia y el artículo 28 de la Ley 8.734 (de Juicio Político), por la causal de “falta de cumplimiento de los deberes a su cargo”.

Ese motivo de remoción de un juez está previsto en el artículo 47 de la Constitución de la Provincia y es aplicable al caso por remisión efectuada por el artículo 125. Los legisladores señalaron “particularmente las conductas previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 19 de la Ley 8734, por demostrar ignorancia inexcusable y negligencia en el ejercicio de sus funciones e incumplimiento en forma injustificada de los deberes inherentes al cargo, en un todo de acuerdo con las atribuciones y deberes que la Constitución Provincial prescribe”.

La lectura de los fundamentos que justifican la decisión de avanzar con la acusación a Ballesteros se concretará el martes de la próxima semana, tras lo cual se presentará la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, según anticipó el legislador Mario Leito, integrante de la Comisión.  

Mientras tanto, la jueza Ballesteros será provisoriamente separada de su cargo, mientras se sustancia el proceso de juicio político en su contra.  “En las próximas 24 horas nosotros comunicamos de esta decisión a la Corte Suprema de Justicia, ya que una vez que se formula acusación inmediatamente la jueza debe dejar la función. Además, se le comunicará al vicegobernador, al Ministerio Público Fiscal y al Colegio de Abogados”, informó Leito.

El parlamentario explicó que el Jurado de Enjuiciamiento que definirá si Ballesteros es removida de su cargo o no, deberá integrarse con un representante de la Corte, uno del Poder Ejecutivo, uno del Colegio de Abogados y cinco legisladores.  En tanto, la Comisión de Juicio Político, como parte acusadora, cumplirá el rol de fiscal durante el proceso contra la magistrada.

Al respecto, Leito señaló que “cuando se produzca la apertura del juicio habrá un plazo para producción de prueba de 30 días, donde seguramente se convocará a testigos, para que la Comisión luego pueda sostener la acusación a la hora de los alegatos”.

Por último, el legislador peronista recordó que “la doctora Ballesteros tuvo la oportunidad de presentar su defensa, cuyos argumentos también se analizarán en el marco del proceso”.

La denuncia

El pedido de juicio político contra la juez Ballesteros fue impulsado por el abogado Mario Leiva Haro, quien sustentó su planteo con la presentación de pruebas sobre las supuestas presiones que la jueza Ballesteros ejerció contra los fiscales penales José Augusto Zapata e Ignacio López Bustos, en 2022, en el marco de la instrucción de una causa que involucraba a familiares suyos.

Los hechos estaban relacionados con un accidente que sufrió su padre en el cual estaban involucradas y denunciadas la pareja del hombre y sus hijas, medias hermanas de Ballesteros. Según el expediente judicial, las mujeres empujaron al hombre en una discusión y esa caída le provocó la fractura de cadera al hombre. Ballesteros pretendía que el fiscal a cargo, Zapata, solicite la prisión preventiva contra las acusadas. El fiscal se negó a disponer esa medida y, luego de sufrir presiones y amenazas por parte de la jueza, terminó dejando el caso. Idéntica situación padeció que el fiscal López Bustos, donde la causa había sido girada tras la decisión adoptada por su par.

En una ampliación del pedido de juicio político presentado en la Legislatura, el abogado Leiva Haro aportó como pruebas “los hechos vinculados a las presentaciones efectuadas por la mayoría de las personas que trabajaban en el ex Juzgado en lo Penal de Instrucción de la Vª Nominación del Centro Judicial Capital, que estaba a cargo de la magistrada Ballesteros”. Agregó que estos empleados solicitaron “numerosas actuaciones ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, referidas al accionar reprochable e irregular de la magistrada Ballesteros, en las cuales los integrantes de ese Juzgado solicitaron su traslado a otra dependencia del Poder Judicial”.

Según Leiva Haro, “el elemento común de todas esas presentaciones lo constituye el maltrato de parte de la magistrada Ballesteros, las humillaciones a la que eran sometidos los empleados y funcionarios, las embestidas diarias que ejercía ante todos los integrantes del Juzgado, haciendo uso y abuso de su condición de Jueza, según se puede leer en la mayoría de las notas presentadas”.

Otro elemento en el pedido de juicio político que se tramita en la Legislatura está relacionado con el juicio que Ballesteros le inició a la Caja Popular de Ahorros, en el que le reclama el pago de $ 8.4 millones a la ART de esa entidad (POPULART) por un accidente de tránsito que sufrió.

Por los antecedentes expuestos, Leiva Haro sostuvo que “la Magistrada María Carolina Ballesteros desatendió groseramente los deberes inherentes a su cargo, evidenciando actitudes incompatibles con el ejercicio de la función jurisdiccional, lo que amerita sea removida de su cargo”.