En una maratónica jornada, se concretó este jueves en la Legislatura el inicio de la lectura de la contestación formulada por la jueza María Carolina Ballesteros ante el Jurado de Enjuiciamiento, en el marco del proceso de juicio político que se sigue en su contra a partir de una demanda promovida por el abogado Mario Leiva Haro.
En compañía de su abogado, Gustavo Morales, la magistrada presenció durante más de seis el proceso de lectura formal del descargo que formuló en su defensa para responder las acusaciones de la Comisión de Juicio Político.
A través de diferentes escritos, la jueza objetó la conformación del Jury de Enjuiciamiento; reiteró el pedido de recusación contra varios integrantes de la Comisión de Juicio Político; exigió la nulidad de todo el proceso en su contra y cuestionó la incorporación de cargos al trámite.
Además, adelantó que solicitará la citación de funcionarios judiciales y fiscales como testigos durante el proceso de remoción iniciado en su contra por mal desempeño en sus funciones.
Al inicio de la audiencia, el abogado de la jueza, solicitó que se volviera a leer la acusación completa formulada por la Comisión de Juicio Político. Sin embargo, el legislador Mario Leito se opuso, argumentando que ello consumiría tiempo innecesario. Ante la falta de acuerdo entre las partes, se resolvió proceder con la lectura de la acusación, ante la presencia de miembros del Jurado de Enjuiciamiento y de la Comisión de Juicio Político.
En un escrito de más de 180 páginas, la defensa de Ballesteros informó que presentó una acción declarativa de constitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para objetar distintos aspectos del Jury y requerir la suspensión del proceso de remoción. Entre otros aspectos, dijo que en la conformación del Jurado hay una supremacía del sector político, con la presencia de un representante del Poder Ejecutivo y la ausencia de una voz por parte de los magistrados.
Al cuestionar la integración del Jurado, en su presentación, la jueza recordó que la presidenta del órgano, la vocal de la Corte Eleonora Rodríguez Campos, tiene un “grado de consanguinidad con el ministro fiscal Edmundo "Pirincho" Jiménez, ya que es hija de la hermana” del titular del Ministerio Público Fiscal. “Jiménez no sólo tiene un interés directo en el resultado de este proceso por ser denunciante en el segundo cargo, sino que ha exteriorizado públicamente una enemistad manifiesta hacia Ballesteros desde 2019, cuando fue la jueza a cargo de la investigación del ministro fiscal por el delito de asociación ilícita”, argumentó Morales. También objetó la inclusión del secretario de Gestión Pública, Javier Moroff, como miembro del Jurado, en razón de que fue designado por el gobernador Osvaldo Jaldo, y contra la abogada Silvia Peyracchia por su vínculo de amistad con Jiménez.
Además, la defensa de Ballesteros remarcó que “varios legisladores que integran la comisión de Juicio Político, hoy constituida en comisión acusadora, cuentan con causas en trámites por delitos sumamente graves”. Entre ellos, mencionó al peronista José Fernando Orellana, y recordó que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional decidió rechazar un recurso que había presentado su defensa en la causa sobre abuso sexual.
En otro escrito, de 34 páginas, la magistrada requirió a través de su defensa la citación a declaración testimonial de los fiscales José Augusto Zapata e Ignacio López Bustos. Y anticipó que también se va a solicitar esto “respecto del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, y del ministro fiscal, Edmundo Jesús Jiménez”, a los fines de que “se garantice el derecho a interrogar y contrainterrogar a los testigos de cargo”.
Finalmente, en una tercera presentación, de 10 páginas, la jueza Ballesteros, a través de su abogado, cuestionó específicamente la participación del legislador Orellana en el trámite, en su carácter de miembro de la comisión de Juicio Político, debido a “la pena de inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos” dictada en contra del oficialista en la causa de abuso sexual.
A su vez, se expresó en el escrito que hubo una afectación de los derechos humanos de la magistrada al avanzar con el proceso en su contra a pesar de severos problemas de salud que la afectaron en los últimos meses y por lo que se tuvo que someter a dos intervenciones quirúrgicas.
Pasadas las 20 horas, el Jurado de Enjuiciamiento decidió pasar a un cuarto intermedio hasta este viernes a las 8.30.
Completado el trámite de lectura de los planteos de la defensa, el Jurado de Enjuiciamiento y la Comisión de Juicio Político de la Legislatura entrarán en receso por la feria judicial de enero. Por esta razón, el procedimiento continuará en febrero con la citación de testigos de ambas partes.