Concejales peronistas y opositores revirtieron el veto de Chahla a la regulación de los "patovicas" en la Capital

En una sesión marcada por la unidad de criterios entre oficialismo y oposición, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán revirtió el veto total que la intendenta Rossana Chahla había impuesto a la ordenanza que regula la actividad de los patovicas. La decisión, aprobada por unanimidad, deja en evidencia una contradicción política e institucional dentro del propio peronismo, ya que concejales oficialistas apoyaron la insistencia en la norma impulsada por los ediles radicales José María Canelada y Gustavo Cobos. La ordenanza, que adhiere a las leyes nacional 26.370 y provincial 9.220, quedará firme y obligará al municipio a crear un registro de controladores de acceso y permanencia en boliches, además de establecer capacitaciones obligatorias.

El proyecto, sancionado originalmente el 10 de abril, surgió como respuesta a un grave episodio de violencia en Barrio Norte, donde un joven de 31 años fue brutalmente golpeado por seis patovicas, terminando internado. “Esta ordenanza se trató en un contexto horrible. Entendimos que el municipio tiene herramientas para prevenir estas situaciones, y nos sorprendió que el Ejecutivo no compartiera esta mirada de cuidar a los tucumanos”, señaló Canelada, criticando las “inconsistencias jurídicas” y contradicciones del veto de Chahla. El edil celebró la ratificación unánime del Concejo, destacando que “San Miguel de Tucumán puede y debe actuar ante este problema”.

Por su parte, Cobos enfatizó el mensaje a la ciudadanía: “Lejos de disputas políticas, nos pusimos del lado del vecino que sale a disfrutar y no quiere ser víctima de violencia, y también de quienes trabajan como patovicas y buscan hacerlo de manera pacífica. Esta ordenanza es un paso para que el municipio se involucre activamente, para que salir de noche no signifique hacerlo con miedo”.

El veto de Chahla, plasmado en el Decreto 0266/SG/2025, argumentaba que la ley provincial 9.220 carece de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, lo que dificulta su operatividad, y que la adhesión a la norma nacional podría generar superposiciones con ordenanzas locales. Además, el municipio señaló la falta de consultas con sectores privados y la ausencia de un análisis presupuestario para implementar registros y capacitaciones. Sin embargo, estos argumentos no lograron sostenerse frente a la decisión unánime del Concejo, que incluyó el respaldo de concejales peronistas, evidenciando una fractura en la línea oficialista.

La insistencia en la norma, que no admite nuevos vetos, obliga ahora a su publicación en el Boletín Oficial y su inmediata aplicación. Con ello, San Miguel de Tucumán se alinea con estándares nacionales y provinciales para regular a los controladores de acceso, garantizando mayor seguridad en espectáculos públicos y un marco profesional para quienes ejercen esta actividad. La decisión marca un precedente en la lucha contra la violencia nocturna, pero también pone en cuestión la coherencia del peronismo local, que apoyó una iniciativa contraria a la postura de su propia intendenta.