El Gobierno de Javier Milei publicó el decreto 366/25 que modifica de forma sustancial la ley de migraciones (25.871). Entre los cambios más relevantes, se habilita a universidades públicas a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes permanentes y se restringe la atención médica gratuita a situaciones de emergencia. También se endurecen los requisitos para acceder a la ciudadanía argentina, limitando beneficios previos y exigiendo ahora una inversión significativa en el país.
En el ámbito educativo, el acceso gratuito garantizado por ley quedó reducido únicamente a los niveles inicial, primario y secundario. Las instituciones de educación superior podrán cobrar a quienes no tengan residencia permanente. En salud, solo los residentes permanentes seguirán accediendo a servicios habituales sin costo. Para el resto, se exigirá pago o cobertura médica. Además, se redujo de 180 a 90 días el plazo de residencia precaria y se agilizaron los mecanismos de deportación, reforzando los controles fronterizos.
Según el decreto, los cambios responden a un contexto internacional de presión migratoria y buscan evitar el "impacto negativo" en los servicios del Estado. Argumenta que las “facilidades extremas” previas alentaban una sobrecarga del sistema. Sin embargo, organizaciones sociales y referentes del ámbito educativo expresaron su preocupación por el impacto de estas medidas en los derechos de la población migrante, especialmente en jóvenes estudiantes y personas sin recursos.
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