Canal 10 en el ojo de la tormenta: entre la crisis financiera, escándalos judiciales y la parcialidad informativa

La Legislatura aprobó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el gobierno de Osvaldo Jaldo, que autoriza un aporte de más de $107 millones a Canal 10, con el objetivo de mantener la participación accionaria del 30% del Estado provincial en la Televisora de Tucumán SAPEM, en conjunto con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), que posee el 70%. La medida, que exceptúa al canal de las disposiciones del artículo 204 de la Ley de Administración Financiera N° 6.970, desató fuertes críticas por parte de legisladores opositores, quienes denunciaron irregularidades en la gestión del canal, cuestionaron su línea editorial marcadamente oficialista y señalaron la falta de cumplimiento de su rol social y cultural.

El DNU, rubricado por Jaldo y la totalidad de sus ministros, justifica la transferencia de fondos como una respuesta a la decisión del Consejo Superior de la UNT, que en diciembre de 2024 aprobó un aporte irrevocable de $249,8 millones para solventar el déficit financiero de Canal 10 y cancelar pasivos. Según el instrumento legal, “a fin de mantener su proporción accionaria, en caso de materializarse un aumento del capital social, la provincia debería realizar un aporte de similares condiciones en su carácter de Accionista de Clase 'A', el cual debería ascender a la suma de $107 millones”. Esto eleva el aporte total a $356,8 millones, respetando la proporción 70%-30% entre la UNT y el gobierno provincial.

Agujero negro

El legislador Carlos Gallia, miembro informante del dictamen de mayoría, explicó que la iniciativa propende "establecer una excepción a la aplicación del artículo 204 de la Ley 6.970 exclusivamente para la Televisora de Tucumán SAPEM. De validarse esta excepción, el Poder Ejecutivo provincial quedaría habilitado legalmente para realizar aporte o transferencia de fondos a Canal 10. Secundariamente, podría también facilitar el acceso del canal a operaciones de crédito público que requieran garantía o intervención provincial”. Gallia destacó la delicada situación financiera de la emisora, señalando que “informes periodísticos de principios de 2025 indican que Canal 10 acumula pérdidas mensuales del orden de los $45 millones”.

Sin embargo, la oposición cuestionó duramente la legalidad y conveniencia de la medida. El legislador Claudio Viña (Compromiso por Tucumán) fue contundente: “La Ley de Administración Financiera 6.970, en su artículo 204, prohíbe realizar aportes a sociedades que no tengan su presupuesto aprobado. Estamos hablando de un freno legal importante, porque no se trata de otorgar dinero por necesidad o urgencia, sino de seguir canales de legalidad. Además, ¿por qué recurrir a un DNU en período de sesiones ordinarias? El artículo 101 de la Constitución provincial establece que el Ejecutivo no puede emitir disposiciones legislativas salvo en circunstancias excepcionales, y no veo que aquí estén impedidos de presentar un proyecto de ley”.

Viña también criticó la gestión del canal: “En 2023, asume un presidente, Leandro Díaz, valiéndose de un acta impugnada judicialmente. Rodolfo Burgos, exdirector, renunció en marzo de 2025 por una causa judicial. Hay denuncias por enroque de directores, embargos preventivos y balances atrasados desde 2014. Estamos hablando de un agujero negro del dinero de los tucumanos”.

Por su parte, José Seleme (Avanza Tucumán) reforzó estas críticas: “La Ley 6.970 es clara: sin presupuesto, no hay transferencia, no hay aporte, no hay plata. No venimos a poner palos en la rueda, pedimos algo básico: que quien quiera plata del Estado traiga el presupuesto. Canal 10 no tiene ni balance ni presupuesto. No voy a apoyar que esta Legislatura se convierta en cómplice de tamaña improvisación”.

Parcialidad y apoyos sugerentes

La parlamentaria Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) cuestionó la necesidad del DNU: “El funcionamiento de la Cámara es pleno, las comisiones están trabajando, tenemos sesiones todos los meses. ¿Cuál es la urgencia para dictar un DNU? La Constitución es clara: los decretos de necesidad y urgencia tienen un carácter excepcional. Esto no es propio de un DNU, es inconstitucional. La Ley de Administración Financiera es fundamental para gestionar con eficiencia, no para destruir el Estado, sino para administrarlo como meros administradores del pueblo de Tucumán”.

Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) también expresó su rechazo, enfocándose en la línea editorial del canal: “Canal 10 no es un canal de gobierno, es un canal del Estado, pero no se escucha la voz de todos los espacios políticos, sino, en un 90%, al oficialismo. Nos sentimos agraviados porque no somos invitados ni participamos en los programas periodísticos, violentando la democracia y la participación”.

Alfredo Toscano (Compromiso por Tucumán) fue crítico con el rol de la emisora: “¿Vale la pena poner dinero en un canal en un contexto de ajuste? ¿Tienen los sueldos al día los trabajadores? ¿Hay programas culturales? Los municipios deben pagar para difundir sus eventos, como la Feria de Simoca o la Expo Láctea en Trancas. Hasta se paga por difundir los actos del 9 de julio. Fue creado para difundir la cultura de Tucumán, pero no lo refleja. Si queremos un canal militante, que lo armen los partidos políticos, no la Universidad ni el Estado”.

En contraste, el oficialismo y algunos opositores, como el radical José Cano (Radicalismo Federal) y Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán), referentes asociados históricamente a la política universitaria tucumana, apoyaron el DNU. Cano argumentó: “Estamos votando un aporte para mantener el porcentaje societario del 70-30, que tiene que ver con la modernización del canal en términos de equipamiento y tecnología. No estamos avalando impunidad ni encubriendo ilegalidades. Creo que Canal 10 debe recuperar su rol histórico y que la Universidad debería retomar el 100% del manejo, porque la dictadura le quitó el 30% sin aportes del Ejecutivo”.

Por su parte, Romano Norri aportó una singular apreciación del rol del Canal, según la incidencia de cuestiones políticas: "Veo un contenido partidario del que nos podemos quejar, pero son las reglas de la política y de la libertad de expresión. El canal perdió independencia porque en la provincia se ha partidizado todo", indicó.

Justificaciones laborales y salariales

El justicialista Tulio Caponio defendió el rol social del canal: “Nadie habló de la función social que cumple Canal 10, que llega hasta el último rincón de la provincia, a los lugares más remotos, a quienes no tienen otros medios de información. Es necesaria la modernización para que siga llegando a toda la provincia”.

En tanto, Gerónimo Vargas Aignasse, justificó la legalidad del DNU: “El artículo 101 de la Constitución permite emitir un DNU en circunstancias excepcionales, y aquí no se afecta materia tributaria, electoral ni de partidos políticos. La necesidad surge de la decisión del socio mayoritario, la UNT, que hizo un aporte irrevocable. No es una voluntad arbitraria del Ejecutivo, que exhibe superávit fiscal, sino una obligación societaria para mantener el 30% accionario”.

Por otro lado, Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán) expresó su rechazo: “Es difícil votar este DNU. ¿Cómo le explico al contribuyente que exceptuamos a Canal 10 de la Ley de Administración Financiera sin un presupuesto aprobado? No podemos exceptuar impuestos a las pymes, pero sí transferir activos a un canal sin transparencia. No lo voy a acompañar”.

Finalmente, el titular de la bancada peronista, Roque Tobías Álvarez, reforzó la postura asumida por el oficialismo en defensa del decreto: "Que alguien diga que Canal 10 no es sinónimo de Tucumán está viviendo en otro planeta. Esto no es un subsidio, es un aporte para no perder el 30% de la masa societaria. No había para pagar sueldos de abril ni mayo para 91 empleados”, justificó.

Tras los discursos y al momento de la votación, la iniciativa fue aprobada con el respaldo de la bancada peronista y algunos opositores, principalmente del radicalismo, mientras que siete legisladores votaron en contra.