Resonó en la Legislatura la crisis del sistema de transporte con fuertes críticas a los empresarios del sector

La sesión legislativa del jueves se convirtió en un escenario de intensos cuestionamientos al sistema de transporte público, centrados en la multiplicidad de medios de pago, la gestión de los subsidios por parte de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) y la necesidad de una regulación integral para el área metropolitana. La discusión expuso las falencias de un sistema de transporte público fragmentado, opaco y desfasado, que no logra satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

El debate, que giró en torno a la aprobación de un convenio para la transferencia de fondos nacionales del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) al municipio capitalino, dejó al descubierto profundas críticas al modelo actual, marcadas por la inequidad en la distribución de subsidios nacionales, la confusión generada por la coexistencia de tarjetas como la Independencia y la Metropolitana, y la falta de un sistema unificado que beneficie a todos los tucumanos.

Transferencia de fondos

El eje de esta parte de la sesión fue la ratificación del Convenio de Transferencia de Fondos del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), suscrito entre la Provincia de Tucumán y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, según el decreto 1111/8 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Este acuerdo busca agilizar la distribución de fondos nacionales destinados al "Atributo Social SUBE", que otorga descuentos en la tarifa del transporte público a sectores vulnerables como jubilados, pensionados, veteranos de Malvinas, monotributistas sociales y beneficiarios de programas sociales.

El legislador Tulio Caponio, presidente de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte, explicó la importancia del convenio: “La transferencia de fondos es destinada para el funcionamiento del sistema SUBE, que tiene como objetivo simplificar todo lo que implica el funcionamiento de este servicio público en la Capital. Estos fondos son de origen nacional, y la distribución la realiza la Secretaría de Transporte de la Nación, pero la que administra y rinde cuentas es la Municipalidad”. Caponio destacó que el acuerdo permite que los fondos lleguen directamente al municipio, evitando intermediaciones innecesarias con la Provincia.

El convenio establece que los fondos serán transferidos al municipio en un plazo de cinco días hábiles tras su recepción, y la Municipalidad, liderada por la intendenta Rossana Chahla, deberá distribuirlos a las empresas prestatarias conforme a las liquidaciones nacionales. Además, se estipulan estrictas rendiciones de cuentas, con plazos claros y mecanismos de resolución de conflictos, buscando garantizar transparencia en la gestión.

Durante el debate, uno de los puntos más criticados fue la coexistencia de múltiples sistemas de pago, como las tarjetas Independencia y Metropolitana junto a la SUBE, lo que genera confusión y molestias entre los usuarios. El legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán)señaló que esta situación es única en el país: “En Mendoza, Gran Córdoba, Salta, Jujuy, Palpalá, se usa solo la SUBE. ¿Por qué no pasa eso en Tucumán, la cuarta o quinta provincia del país?”. Courel subrayó que esta fragmentación afecta a más de 400.000 habitantes del Gran San Miguel de Tucumán, quienes no pueden acceder a los descuentos de la SUBE en líneas interurbanas, obligándolos a usar múltiples tarjetas o pagar tarifas más altas.

La legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) fue contundente al describir el caos generado por el cambio de tarjetas: “La situación caótica que han generado para hacer el cambio de tarjeta ha sido una vergüenza. Todavía hay usuarios peregrinando para que les devuelvan los créditos a su favor”. Según sus estimaciones, alrededor de $400 millones en saldos de las tarjetas Ciudadana e Independencia permanecen en un limbo, sin posibilidad de canje, lo que ha generado un profundo malestar. Courel añadió que esta desorganización, sumada a cobros indebidos en kioscos y la falta de puntos de recarga, desalienta el uso del transporte público y fomenta alternativas como los “moto Uber” o autos rurales sin controles adecuados.

Subsidios y falta de transparencia

La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) recibió duras críticas por su manejo de los subsidios provinciales, que ascienden a unos $15.700 millones en lo que va del año, según lo remarcado por Elías de Pérez, quien cuestionó la opacidad en la distribución de estos fondos: “La provincia le transfirió $15.700 millones a AETAT, y no sabemos cómo se distribuyen entre las empresas”. La legisladora señaló que esta falta de transparencia, junto con la persistencia en subsidiar la oferta en lugar de la demanda, ha generado un sistema ineficiente que no prioriza la calidad del servicio.

El legislador José Seleme (Avanza Tucumán) fue aún más crítico: “Seguimos subsidiando a la oferta. Las empresas de colectivos perdieron el incentivo empresarial para brindar un buen servicio, viven pensando en el subsidio”. Seleme destacó los beneficios de la SUBE, como la posibilidad de combinar viajes con descuentos del 50% y 75% en el segundo y tercer trayecto, respectivamente, pero lamentó que estos no se extiendan a toda la provincia: “Subsidiamos con nombre y apellido a jubilados, veteranos, beneficiarios de planes sociales, pero ¿por qué no implementamos la SUBE para los viajes interurbanos?”.

Por su parte, Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) abogó por una unificación del sistema: “La tarjeta SUBE ha generado una revolución en el transporte público por su agilidad y transparencia. ¿Por qué no se aplica en toda la provincia? Estamos conviviendo con dos sistemas, lo cual hace muy engorroso el transporte para los ciudadanos”. Bussi también señaló que la SUBE permite exigir a los empresarios condiciones claras, como recibos de pago, para acceder a los subsidios, lo que reduce la discrecionalidad actual.

Courel había ido más allá al denunciar maniobras de ciertos empresarios: “Un grupo de empresas, como El Limón, Cruz Alta, El Rayo y Portezuelo, solicitaron al gobernador rescindir el contrato con la empresa Bizland, que maneja la tarjeta Metropolitana, por fallas gravísimas y comisiones abusivas de hasta el 8%”. Según Courel, estas prácticas benefician a un pequeño grupo de empresarios ligados a AETAT, quienes impiden la universalización de la SUBE "para proteger sus intereses".

Inequidad nacional

Otro punto álgido fue la inequidad en la distribución de subsidios nacionales, que favorece al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en detrimento del interior del país. El legislador José Cano (Radicalismo Federal) denunció que el 90% de los fondos del transporte público se destinan al AMBA, donde el boleto cuesta en promedio $370, frente a los $1.000 a $1.300 pesos en Tucumán: “El gobierno nacional ahorró $175.000 millones por la quita de subsidios al interior. Esto no es ahorro, es que la gente no viaja porque no tiene plata”. Cano criticó la falta de acción de los gobernadores para reclamar estos recursos coparticipables, provenientes del impuesto a los combustibles, y señaló que el actual gobierno libertario de Javier Milei ha profundizado estas asimetrías.

Frente a este panorama, varios legisladores propusieron la creación de una comisión para regular el transporte en toda la provincia, con énfasis en unificar los medios de pago y coordinar el área metropolitana. Courel destacó proyectos presentados, como uno de su autoría, que busca crear un organismo metropolitano para integrar a los cinco municipios y doce comunas del Gran San Miguel de Tucumán: “No tiene lógica que un turista deba comprar dos tarjetas para moverse en Tucumán. Necesitamos un sistema unificado”. Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán) coincidió: “Falta coordinación. En cualquier lugar normal, se puede pagar con tarjeta de crédito o débito. Acá seguimos con parches”.

Gerónimo Vargas Aignasse, desde el peronismo, reconoció las críticas y alertó: “AETAT es un factor de poder que ha utilizado a los trabajadores para ir contra los intereses de los usuarios. Queremos un sistema con una sola tarjeta, pero es un proceso”. Además, defendió las inversiones recientes, como la compra de 100 nuevos colectivos, pero admitió que el sistema aún requiere una transformación profunda.

El convenio fue aprobado por unanimidad, reflejando un consenso sobre la necesidad de avanzar en la implementación de la SUBE. Sin embargo, los legisladores de la oposición aprovecharon para advertir que la medida es solo un primer paso. Roque Álvarez, presidente de la bancada justicialista, defendió los avances, pero reconoció las dificultades: “Nos quedamos sin aportes nacionales, y la provincia se hizo cargo. Sin eso, el boleto costaría $1.500”. No obstante, las críticas al modelo actual y la demanda por una regulación metropolitana integral dejaron claro que el debate está lejos de cerrarse.