"Cada quiosco de narcomenudeo es una cédula delictual enquistada en barrios populares que se extiende al Tucumán profundo"

La Legislatura de Tucumán avanzó este jueves contra el terror que el narcomenudeo infunde en la sociedad, aprobando por unanimidad modificaciones a la Ley 7860 de protección de testigos, que ahora incorpora un régimen especial de resguardo integral en causas relacionadas con el tráfico minorista de estupefacientes. El debate, enmarcado en un contexto de amenazas directas al gobernador Osvaldo Jaldo y a altos funcionarios judiciales –atribuidas a redes narcocriminales–, subrayó el uso del miedo como herramienta primordial de control por parte de estas organizaciones, que no escatiman en intimidaciones para silenciar denuncias y desarticular investigaciones. Este accionar delictivo permeó incluso las esferas institucionales.

El proyecto, expuesto por el legislador Carlos Nájar (presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia -foto inferior-), busca blindar el sistema judicial frente a esta vorágine. En su exposición de motivos, el peronista enfatizó la necesidad de herramientas contundentes para que "quienes delinquen queden a disposición de la justicia y puedan ser condenados". Detalló que la reforma "resguarda la identidad del testigo principal, sino también alcanza al denunciante, a los familiares y convivientes; establece un régimen de responsabilidad con dolo o negligencia a quienes revelen la identidad o comprometan la seguridad de los protegidos". Para ejemplificar la urgencia, rememoró recientes eventos: "Hace pocos días atrás vimos una situación relacionada al narcomenudeo en la provincia de Tucumán, a razón de un enfrentamiento luego surge la amenaza al gobernador de la provincia, hace pocos días atrás, al jefe de policía y al jefe de la regional Norte. Por eso, primero condenar estos hechos porque esto implica un sistema y un modus operandi, porque al amenazar de esta manera, ¿qué le queda para los integrantes de los implicados en estas causas, en cuanto a los testigos del procedimiento o aquellos que hayan denunciado el mismo? Y cuando uno ve la defensa que se plantea, con la defensa técnica que plantean las personas que están siendo investigadas, hablan directamente sobre el testimonio de los testigos del procedimiento, poniendo y cuestionando, el secuestro de las drogas que ahí se hicieron en ese procedimiento. Por eso, de este modus operandi que implica amedrentar es lo que esta Legislatura hoy pretende hacer, protegiendo la identidad al denunciante y protegiendo la identidad del testigo de procedimiento, que haría caer la causa principal. Por eso, en un tiempo en que las organizaciones criminales utilizan el miedo y la amenaza como herramientas de control, el Estado debe responder con firmeza y previsión". Nájar concluyó solicitando la aprobación "para cuidar a los ciudadanos de bien, cuidar aquellos que establecen dentro de lo que es el régimen de justicia, tanto al denunciante que es el impulsor, como hasta los testigos del procedimiento del mismo".

En tanto, Gerónimo Vargas Aignasse, ratificó esta visión, contextualizándola en la reforma integral del servicio de justicia penal iniciada en septiembre de 2020 con la sanción del nuevo Código Procesal Penal (Ley 8.933), que introdujo un sistema acusatorio y adversarial, cerrando la "puerta giratoria" de la impunidad. Esta transformación ha generado "índices de reducción de delito que para nosotros son muy importantes", contrastando con otras provincias, aunque el narcomenudeo persiste como "el gran conflicto que hoy enfrenta a la sociedad", representando más del 70% de las causas eficientes vinculadas al tráfico de drogas. Vargas Aignasse alertó sobre la complejidad del escenario: "Cada quiosco de narcomenudeo es un enclave delictivo, una célula delictual instalada en un barrio popular, en una zona popular, el tercer cordón de nuestra ciudad, el primer cordón del conurbano de nuestros municipios y cada vez se extiende más, ya a zonas del Tucumán profundo". Citó casos concretos, como las organizaciones en barrio 20 de Junio y Autopista Sur, que él mismo denunció y logró que la justicia condene, pero que resurgen mediante subterfugios legales: "Esta organizaciones que están muy bien asesoradas por abogados penalistas terminan involucrando o incriminando directamente algún miembro de la familia que tiene hijos menores para que, por imperio de la Ley 24.660 de ejecución de la pena, esa persona, al muy poco tiempo, vuelva a su casa bajo la excusa del cuidado de sus niños. Obviamente que nuestro espíritu siempre es que un niño esté al cuidado de la madre, pero para nosotros, si en ese hogar donde está esa madre se vende droga y la madre lo que hace es dedicarse al narcomenudeo, pues preferimos que no esté en ese hogar".

Remarcó el impacto en barrios como Las Piedritas, "la zona de la capital con más problema de adicción", donde "los principales proveedores de paco y de droga son estos mini carteles que hoy están en barrio 20 de Junio y Autopista Sur, que hemos denunciado, que están condenados, pero a partir de este subterfugio legal siguen al frente y vendiendo". La nueva norma, para el oficialista, es "un gran paso y una gran herramienta" para avanzar en denuncias anónimas, especialmente de familiares de adictos, para darle un nuevo y gran golpe al narco".

Críticas a la justicia federal

Desde la oposición, Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) respaldó la iniciativa como "una respuesta focalizada que hacía falta", enfatizando que "cuando hablamos de delitos aberrantes siempre se necesita proteger a los testigos y el narcomenudeo es un delito que, sin duda, necesita que se proteja los testigos; los señores de la muerte no tienen límite, hemos visto a narcos en el triple crimen (de Florencio Barela) cómo actúan". Subrayó la intersección con la ley reciente de denuncia anónima: "Viene a completar lo que faltaba en la ley de narcomenudeo, tal cual como lo han explicado los miembros informantes del proyecto y que comparto la visión que han dado. No puedo dejar de decir que tenemos fronteras permeables y que la lucha contra el narcotráfico tiene que ser mayor; nosotros acá estamos hablando obviamente del narcomenudeo que es lo que nos compete, pero no puedo dejar de levantar la voz en esto en decir que la justicia federal está diezmada porque no nombran en la nación los jueces que son los encargados después de llevar adelante el juzgamiento y la investigación de estos grandes grupos. Por eso, en la provincia me parece que era un paso indispensable necesario; me parece que viene a completar y con la ley que ya hemos sancionado hace poco donde se ponía el tema de la denuncia anónima, también creo que con eso completamos el tema necesario para que los testigos puedan hablar y decirnos lo que pasa en los barrios sin miedo".

José Cano (Radicalismo Federal), por su parte, valoró el esfuerzo legislativo para dotar de "herramientas e instrumentos tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Judicial en términos de la ley de narcomenudeo", pero instó a una visión integral: "Me parece que todo lo que podamos hacer es positivo para combatir un flagelo que tiene distintos componentes, distintas aristas. De hecho, nosotros hemos trabajado en esa modificación de la ley en la figura del testigo protegido, como lo dice el mismo texto de la ley, en la responsabilidad del Ejecutivo en difundir de qué estamos hablando, de qué se trata, para que tengamos un aliado fundamental que es el ciudadano y su denuncia vinculada al narcomenudeo. Pero lo he dicho ya en otras ocasiones y es algo que a mí me preocupa: probablemente si no hubiese ocurrido el tiroteo este al cual se hizo referencia acá, nada de lo que aconteció posteriormente hubiese tomado estado público y no es que la gente involucrada o uno de los involucrados no está vinculado al tema del narcotráfico. Entonces, el narcomenudeo es una parte de una política integral de lucha contra el narcotráfico. Y ustedes saben que los principales pilares son la prevención, la disminución de la oferta o la lucha contra el narcotráfico y la rehabilitación. Entonces me parece fundamental que se trabaje también porque muchas veces una denuncia por la ley de narcomenudeo es la punta del iceberg para empezar a investigar organizaciones narco criminales que operan en la provincia, que hacen ostentación de viajes por el mundo, que tienen patrimonios que de ninguna manera se pueden justificar; cuando uno va a comprar un auto tiene que llenar 850 requisitos y uno ve la manera en la que impunemente operan organizaciones de Tucumán. Si no se hace una verdadera inteligencia criminal y no se trabaja mancomunadamente con las fuerzas federales, con la justicia federal, vamos a seguir desbaratando kioscos pero no vamos a avanzar contra lo que efectivamente tenemos que luchar, que son las organizaciones que operan en la provincia de Tucumán y en eso la justicia tiene un rol importante".

José Seleme (Avanza Tucumán) apoyó la norma, aunque con observaciones técnicas: "En relación al artículo 13 que permite la renuncia del testigo, creo que deberíamos modificar, entiendo que esta norma trae una duda. Y el artículo 14 establece que el abogado defensor, fiscal o funcionario con dolo o negligencia revele la información, aquí no precisa quién será la autoridad sancionadora ni cómo será el debido proceso".

Nájar respondió aclarando que las sanciones recaerían en el órgano de aplicación, disipando dudas, para luego avanzar hacia la aprobación unánime de la iniciativa.