Buscan prohibir en Tucumán la inclusión de tasas e impuestos en las boletas de servicios

El legislador provincial José Macome (La Libertad Avanza) presentó un proyecto de ley para prohibir la inclusión de tasas e impuestos en las boletas de servicios en Tucumán. La propuesta tiene como objetivo “transparentar las facturaciones de bienes y servicios, impidiendo la incorporación de conceptos ajenos a lo efectivamente contratado por el consumidor”, explicó el parlamentario en un comunicado.

La iniciativa busca replicar a nivel provincial la reciente resolución 267/24 de la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación, que prohíbe la inclusión en boletas de servicios de cargos adicionales como impuestos provinciales o tasas municipales. Esta práctica, según consideró Macome, “atenta contra el derecho de los consumidores a recibir información clara y veraz, y restringe su libertad de elección”.

El proyecto establece que los comprobantes emitidos por los proveedores de los servicios (luz, gas, cable y telefonía) deben limitarse exclusivamente al bien o servicio contratado, sin incluir sumas o conceptos ajenos. En caso de incumplimiento, se aplicarán sanciones conforme al régimen de penalidades previsto en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (N° 24.240). La Dirección de Comercio Interior de Tucumán será la autoridad de aplicación.

Macome justificó la necesidad de esta legislación debido a la resistencia que ha generado la norma nacional en distintos sectores, incluyendo municipios, provincias e incluso organismos de control de servicios, como el Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT). "Increíblemente, en lugar de aplicar la norma, su interventor cuestionó su legalidad, alegando que podría afectar la autonomía de provincias y municipios", sostuvo el legislador.

El proyecto también responde a la demanda ciudadana de mayor transparencia fiscal e impositiva, evitando que los usuarios deban afrontar pagos compulsivos de conceptos ajenos al servicio contratado. "Este proyecto de ley busca dar un marco legal provincial a una normativa cuya aplicación es reclamada por los tucumanos", enfatizó Macome.

De aprobarse, la ley entrará en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial, con un plazo de adecuación de 30 días para los proveedores de bienes y servicios. "La discusión en la Legislatura definirá si Tucumán se convierte en una de las primeras provincias en institucionalizar esta regulación y garantizar mayor protección a los consumidores", explicó Macome, cuya continuidad en las filas de La Libertad Avanza tendría las horas contadas.