La Justicia confirmó la nulidad del decreto de concesión del sistema de estacionamiento pago en la Capital

A cerca de tres años del dictado de una cautelar por la cual se suspendió la aplicación del estacionamiento pago en la Capital, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo finalmente dictó una sentencia de fondo y declaró la nulidad del decreto municipal de 2021 por el cual se había otorgado la concesión del servicio a la firma Tecno Vial UT.

El fallo, al que accedió Tendencia de Noticias, que lleva la firma de las juezas Ana María José Nazur y María Felicitas Masaguer, responde a una acción de amparo colectivo impulsada por Fodecus, la Defensoría del Pueblo y otros actores, quienes denunciaron graves irregularidades en el proceso de adjudicación durante la gestión del exintendente Germán Alfaro.

El tribunal fundamentó su resolución en la omisión de una evaluación exhaustiva por parte de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, la cual no verificó si los miembros de Tecno Agro Vial UT cumplían con las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG).

También se objetó la falta de un estudio pormenorizado por parte de la anterior administración municipal sobre los porcentajes de ganancia que el cobro del estacionamiento aportaría al Municipio, que se quedaba apenas con 15% de lo recaudado, mientras que el 85% restante iba a las arcas de la empresa Tecno Agro Vial UT, encargada del desarrollo de la app.

La sentencia genera una complicación para la gestión de la actual intendenta, Rossana Chahla, que había realizado presentaciones a los fines de poder destrabar el asunto y proceder a implementar el servicio de estacionamiento medido en el área céntrica.

La causa se inició en 2022, luego de que el entonces intendente Alfaro (PJS) implementara el estacionamiento pago en un amplio sector de la ciudad, incluyendo el centro y el microcentro.

A partir de ello, distintos actores -entre ellos, la Defensoría del Pueblo, la organización de usuarios Fodecus y un grupo de “cuidacoches”- concurrieron a la Justicia provincial para cuestionar la legalidad de la contratación de la firma Tecno Agro Vial SA. Sobre la base de las demandas, la Sala II dictó una medida cautelar que puso en suspenso el servicio por tiempo indeterminado.

En los últimos tres años, el expediente acumuló pruebas y argumentos de las partes.

En mayo último, se incorporó el dictamen de la Fiscalía de Cámara, que lleva la firma de Juana Inés Hael, que consideró “no existe exceso” en las normativas dispuestas en el ámbito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para implementar el servicio.

En consecuencia, la Fiscalía Municipal elevó un escrito al tribunal para solicitar el dictado de un fallo definitivo, que finalmente es lo que concretó ahora la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

 

Omisiones y falta de razonabilidad

El tribunal fundamentó su resolución a la que tuvo acceso TDN, en la omisión de una evaluación exhaustiva por parte de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, la cual no verificó si los miembros de Tecno Agro Vial UT cumplían con las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG). Principalmente, se destacó que Tecno Agro Vial S.A., la empresa con mayor participación en la UTE, se encontraba en situación concursal al momento de la oferta, una circunstancia que ya había sido advertida por las Auditoras Fiscales del municipio en junio de 2021.

"El informe del Auditor Independiente... emite opinión con salvedades, justificando la misma en el Concurso Preventivo que la sociedad había solicitado se encuentra concluido, y que a la fecha de la emisión de los estados contables la empresa se encuentra en situación de regularizar la cancelación del acuerdo homologado, circunstancia que genera incertidumbre con respecto al total cumplimiento del compromiso asumido", señala el fallo, que reproduce las observaciones de las auditoras.

Además, se criticó que la UTE no explicitó debidamente la situación concursal de Tecno Agro Vial S.A. al momento de presentar su oferta, lo que el tribunal consideró contrario al principio de buena fe contractual.

Un punto crucial que llevó a la anulación del decreto que dispuso la concesión fue la ausencia de un análisis técnico por parte del Municipio para determinar la coherencia entre la oferta económica de la empresa y el canon que esta debía abonar por la explotación del servicio.

 Si bien la empresa adjuntó una proyección de inversión, el fallo subraya que "no se determinó si dicha inversión guardaba coherencia y -por ende razonabilidad- con lo que se le debía abonar al municipio a cambio de usar como estacionamiento una parte considerable de las calles de la ciudad de San Miguel de Tucumán".

La Cámara concluyó que el Decreto N° 4711/21, mediante el cual se adjudicó la concesión, es nulo por vicio en su elemento "causa". Esto se debe a que el acto administrativo se emitió bajo una premisa errónea: considerar que Tecno Agro Vial S.A. cumplía con las condiciones de oferente cuando aún estaba concursada. A esto se suma la falta de consideración sobre la razonabilidad entre el canon y la inversión empresarial, así como la afectación de la buena fe contractual.

En definitiva, la sentencia declara la nulidad del Decreto N° 4711/21 y del contrato consecuente, protocolizado mediante Decreto N° 1304/22, dejando sin efecto la controvertida concesión del estacionamiento medido en la capital tucumana.

Qué hará la Municipalidad

Se descarta que la Municipalidad apelará esta sentencia en los próximos días, teniendo en cuenta que ya se viene trabajando en un proyecto de ordenamiento del tránsito que incluye la instrumentación de un sistema de estacionamiento pago.

Hace unos días, la intendenta Chahla admitió que ya se está “avanzando con la parte de pliegos para poder hacer la mejor licitación que beneficie al municipio”. Advirtió que son “épocas difíciles” en lo financiero, con “los ingresos municipales disminuyendo” por la caída de la coparticipación (en especial, por el IVA); y, en simultáneo, la gestión afronta “más demanda de la gente para hacer cosas”.

“Entonces, tenemos que ser estratégicos”, añadió. Aclaró que, a la vez, en la administración municipal tienen presente que “la gente también tiene dificultades económicas”. “Es decir, tenemos que merituar y poner en la balanza todas las cosas”, afirmó.