El Poder Ejecutivo de Tucumán, con las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y la ministra de Educación Susana Montaldo, elevó a la Legislatura el proyecto de ley de "Derecho a la Desconexión Digital", una iniciativa destinada a garantizar que los docentes de gestión estatal y privada no estén obligados a responder mensajes, correos electrónicos o llamadas relacionadas con su trabajo fuera de su horario laboral. El proyecto, que busca proteger el descanso, la salud mental y la vida privada de los trabajadores, fue diseñado para abordar los crecientes problemas de estrés y ansiedad generados por el uso excesivo de tecnologías en el ámbito educativo.
La iniciativa establece que los beneficiarios serán los docentes del primer grado del escalafón, abarcando todos los niveles, modalidades y áreas del sistema educativo provincial, con excepción de aquellos que desempeñen funciones directivas. Según el texto, “el excesivo e inadecuado uso de la informática y de las tecnologías de la información y la comunicación, junto con la necesidad de estar siempre disponible, pueden provocar estrés, ansiedad y problemas de concentración”, afectando no solo el bienestar psicológico de los docentes, sino también el de su entorno familiar.
Entre las características principales del proyecto, se destaca la creación de una franja horaria de desconexión obligatoria que comienza una hora después de finalizada la jornada laboral y se extiende hasta una hora antes del inicio de la siguiente. Durante este período, queda prohibido requerir a los docentes respuestas a mensajes por correo electrónico, WhatsApp, SMS o cualquier otro medio digital, así como su participación en reuniones virtuales no programadas o la realización de tareas administrativas o pedagógicas no urgentes. La única excepción contempla comunicaciones por emergencias institucionales, las cuales deberán ser debidamente justificadas por la autoridad educativa provincial.
“Se pretende establecer un límite de tiempo en el uso de dispositivos, priorizando el contacto personal y una salud psíquica y física adecuada a los tiempos en que vivimos”, señala el proyecto, subrayando que la falta de desconexión laboral adecuada puede generar “ansiedad, fatiga mental o frustraciones”. Para garantizar el cumplimiento de la norma, las instituciones educativas de gestión estatal y privada deberán incorporar el Derecho a la Desconexión Digital en sus reglamentos internos o manuales de convivencia dentro de los 90 días posteriores a la promulgación de la ley. Estos reglamentos deberán especificar las franjas horarias protegidas, los canales de comunicación habilitados para emergencias y el procedimiento para denunciar violaciones a este derecho.
Además, el proyecto contempla la implementación de capacitaciones obligatorias a cargo del Ministerio de Educación. Los docentes recibirán formación sobre el alcance de este derecho y herramientas para gestionar comunicaciones digitales, mientras que los directivos serán capacitados sobre los límites de sus facultades y la importancia de respetar las franjas horarias protegidas. “Con esta iniciativa, buscamos resguardar la salud integral, la intimidad y el descanso de los docentes, garantizando sus derechos a través de una regulación clara y efectiva”, había señalado la titular del área. La propuesta ya se encuentra en manos de la Comisión de Educación de la Cámara para su análisis y tratamiento.