APROBACIÓN DE PROYECTOS CLAVE PARA EL SECTOR
Media sanción para la ley de emergencia en discapacidad
Con 148 votos afirmativos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que busca recomponer el sistema de asistencia a personas con discapacidad. La medida ahora será tratada en el Senado.
Por Tendencia de noticias
La Cámara de Diputados dio media sanción este jueves al proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. El texto fue impulsado por sectores de la oposición y aprobado con 148 votos afirmativos, 71 en contra y 3 abstenciones. La iniciativa contempla un refuerzo de las pensiones no contributivas, actualizaciones automáticas de aranceles para prestadores, compensaciones por inflación y financiamiento para la Agencia Nacional de Discapacidad.
El proyecto también propone una regularización de deudas fiscales para prestadores del sistema, quienes venían reclamando por la falta de actualización en los pagos y aranceles. Desde el oficialismo criticaron el impacto fiscal de la propuesta, estimado entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, y anticiparon que el presidente Javier Milei podría vetarla. A pesar de esto, desde diversos bloques remarcaron la necesidad urgente de dar una respuesta concreta a las personas con discapacidad. “No venimos a echar culpas, sino a resolver”, aseguró el diputado Eduardo Valdés, mientras que su par Soledad Carrizo pidió al Gobierno “voluntad política” para afrontar el tema con seriedad.
Durante el debate, distintas fuerzas coincidieron en que la declaración de emergencia no resuelve el problema de fondo, pero representa un paso necesario ante la crítica situación del sector. El dictamen, impulsado por el diputado Daniel Arroyo, establece que las pensiones por invalidez deberán alcanzar el 70% del haber mínimo jubilatorio y ser compatibles con empleos formales, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. También contempla un refuerzo presupuestario para talleres protegidos y establece que los aranceles se ajustarán mensualmente según el IPC. La ley responde a un reclamo sostenido de organizaciones, familias y profesionales que llevan meses movilizándose en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
