Pese a la implementación de la Tarjeta Alimentaria, Desarrollo Social sigue comprando mercadería

El escándalo por la presunta venta de mercadería que el Ministerio de Desarrollo Social debía destinar a organizaciones civiles llevó al Gobierno provincial a avanzar, a principios de este año, con la creación de la Tarjeta Alimentaria Independencia. La medida, según explicaron desde el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo garantizar mayor transparencia y la correcta distribución de esos alimentos a personas en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, a meses de la puesta en vigencia de ese sistema, mediante el cual los beneficiarios de ayuda social cuentan con una tarjeta plástica para la compra de alimentos en supermercados, sin intermediarios, la cartera de Desarrollo Social, a cargo de Federico Masso, continúa realizando la compra de mercadería al por mayor.

A través de la Resolución N° 1827/4, con fecha del pasado 23 de mayo, el Ministerio de Desarrollo Social autorizó a la Dirección de Compras y Contrataciones de dicha área la contratación directa con distintas firmas para la compra de mercadería por un valor total de $ 909.511.200.

El expediente, que fue sometido al control preventivo por el Tribunal de Cuentas, que dio el visto bueno y no formuló observaciones, detalla que la compra de los alimentos se realizó con varias empresas locales: Fracoga SA, por un monto $ 122.280.000; Ríos Facundo, por la suma de $ 82.548.000; Rodolfo Sergio Monetti, por un total de $ 229.861.200; Sucesión de Kotler Jaime, por $ 368.040.000; y Tahin SA, por la suma de $ 106.782.000 (total general: $ 909.511.200).  

Según detalla la resolución, a la que Tendencia de Noticias tuvo acceso, dicha suma se destinó “para la adquisición de mercadería, para cubrir las necesidades de las áreas sociales de las 93 Delegaciones Comunales y los 18 Municipios del Interior, como así también de las organizaciones civiles”.

A través del acuerdo N° 2064, del 30 de mayo, que fue publicado esta semana en el portal del Tribunal de Cuentas, el presidente del organismo, Miguel Chaibén Terraf, y los vocales Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci resolvieron “no formular observación” a esa operatoria y señalaron que el expediente sometido a control preventivo “está ajustado a derecho”.

El impacto de la Tarjeta Alimentaria

Según informaron desde el Ministerio de Desarrollo Social, la Tarjeta Alimentaria Independencia ya beneficia a más de 62.000 familias de toda la provincia, mientras se sigue trabajando en una depuración del padrón para realizar una tercera entrega de los plásticos, lo que sumará entre 46.000 y 47.000 nuevos beneficiarios al programa. Cuando se complete esa etapa, de acuerdo a las fuentes oficiales, más de 100.000 familias tucumanas tendrán cobertura con las tarjetas, que permiten realizar compras de alimentos por un valor de $ 40.000 por mes.

Cabe mencionar que, a través de este programa, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Articulación Territorial y Desarrollo Local, a cargo de Elisa Josefina Zarate, las 62.000 familias tucumanas que ya tienen la Tarjeta Alimentaria Independencia y que antes recibían módulos de mercadería, ahora pueden comprar los productos en comercios cercanos a sus domicilios.

Sin embargo, el Gobierno provincial sigue adquiriendo mercadería para continuar entregándola a través de intermediarios, como organizaciones civiles, tal como lo revela la resolución oficial mencionada en este artículo de Tendencia de Noticias.

Escándalo judicial

El pasado 15 de mayo, la Justicia Provincial condenó, tras un juicio abreviado, a dos dirigentes barriales de 59 y de 50 años por el robo de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia detectado en noviembre de 2024.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, los condenados recibieron la pena de tres años de ejecución condicional por el delito de peculado. Al hombre, de 59 años, se le dictó la inhabilitación perpetua de ejercer cargos públicos, al ser considerado como “cabecilla” de la organización permanece con prisión preventiva.

Durante la investigación, se estableció que el hombre de 59 años se desempeñaba como empleado público (donde posteriormente fue sumariado de una repartición y finalmente desvinculado).

Por tal motivo, la Fiscalía solicitó para él la inhabilitación perpetua de ejercer cargos públicos. Además del cumplimiento de reglas de conductas, entre ellas la prohibición de efectuar actos turbatorios, ambos deberán realizar trabajos no remunerativos a practicarse en beneficio de una institución de bien público.

Lo expuesto fue autorizado por el juez actuante quien homologó el convenio arribado con conformidad de la querella, en representación del Gobierno provincial. Cabe recordar, que el acusado, sindicado como “cabecilla” de la organización (de 39 años e hijo del condenado de 59 años), permanece con prisión preventiva.

Este escándalo fue el que llevó al gobernador Osvaldo Jaldo a lanzar la Tarjeta Alimentaria Independencia.