La nueva concesión de la Ruta 9 no cobrará peaje hasta mejorar la transitabilidad de la vía

Tucumán fue el escenario, durante la semana que pasó, de la audiencia pública que marcó el inicio de la Etapa III del innovador esquema de concesiones viales impulsado por Vialidad Nacional (VN) en Argentina. Este ambicioso plan contempla la intervención sobre más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, distribuidos en once provincias, conformando un corredor vital para el tránsito regional y nacional.

Un punto crucial del debate giró en torno al impacto que tendrá este sistema en nuestra jurisdicción, en el tramo que abarca la Ruta Nacional 9 (desde Santiago del Estero hasta Salta) y la Ruta A016, que conecta San Miguel de Tucumán con el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo. En el caso del tramo Noroeste, que abarca 596,52 kilómetros, los pliegos establecen que las plazas de peaje en La Florida y Molle Yaco, con tres vías cada una, no podrán modificarse en ubicación ni incrementarse sin autorización de VN.

Una de las premisas más destacadas de este nuevo régimen es la condición de no cobrar peaje hasta que las rutas alcancen un estándar técnico de transitabilidad segura. Esto implica la erradicación de baches, el calce de banquinas, una señalización completa y luminarias en condiciones óptimas. Durante la audiencia se dejó aclarado que "durante el primer año, la concesionaria estará obligada a ejecutar todas las obras de rehabilitación sin cobrarle un peso a los usuarios", remarcaron desde Vialidad.

El plan de obras es integral y contempla la recuperación de la calzada, la limpieza de banquinas, la renovación del señalamiento horizontal y vertical, y un refuerzo estructural en puntos críticos.

Los tiempos para la concreción de estas mejoras son optimistas. Se estima que el llamado a licitación pública nacional e internacional se concretará entre finales de agosto y principios de septiembre. Tras el análisis de las ofertas, y de no mediar demoras administrativas, las obras podrían comenzar a finales de 2025.

La concesión se extenderá por un período de 15 años, con inversiones escalonadas y una auditoría permanente por parte de Vialidad Nacional, garantizando la transparencia y el cumplimiento de los estándares.

El objetivo central de este nuevo esquema de concesiones es claro: fomentar la inversión privada en el mantenimiento de la red vial nacional, lo que se traducirá en condiciones más seguras para el tránsito, una reducción significativa de los tiempos de viaje y, consecuentemente, una disminución en la siniestralidad. Se busca revitalizar la infraestructura vial del país, beneficiando a usuarios y promoviendo el desarrollo regional.