Extienden plazos en la causa por presunto abuso sexual contra exjugadores de Vélez Sarsfield

La Justicia provincial resolvió declarar como "causa compleja" el proceso que investiga a los exjugadores de Vélez Sarsfield, Braian Cufré, Abiel Osorio, José Florentín, Sebastián Sosa y Braian Galván, por el presunto abuso sexual denunciado por una joven tucumana en marzo de 2024. La decisión, tomada en una reciente audiencia, duplica el plazo de la investigación penal preparatoria hasta el 4 de marzo de 2026, según informó el abogado de Cufré y Osorio, José María Molina quien ejerce la defensa junto a Ernesto Garcia Biagosch.

El caso se remonta a la noche del 2 de marzo de 2024, cuando una periodista deportiva de 24 años denunció haber sido abusada sexualmente por los cinco futbolistas en un hotel de la capital tucumana, tras un partido entre Vélez Sarsfield y Atlético Tucumán por la Copa de la Liga Profesional. La joven relató que fue invitada por uno de los jugadores a compartir una bebida en la habitación, donde, según su denuncia, ocurrió el hecho. Los acusados, que fueron separados del club tras la denuncia, enfrentan cargos por abuso sexual con acceso carnal, agravado por la pluralidad de personas.

En los últimos meses, la causa avanzó con un pedido de la defensa de Cufré y Osorio para ampliar pericias sobre dos dispositivos celulares secuestrados a testigos. Según Molina, “la información extraída es voluminosa, pero todavía no ha terminado de recolectarse”. La medida, autorizada por el juez, busca identificar información relevante en los teléfonos que pueda aportar al proceso. “Entendemos que debería estar en esos teléfonos información que nos permita ahondar en la investigación”, afirmó el abogado.

El análisis, realizado a través del sistema UFED por el Ministerio Público Fiscal, reveló un volumen significativo de datos, aunque aún incompleto. “Ya tenemos varias personas identificadas que van a tener que venir a prestar declaración, pero esperamos que termine de recolectarse toda la información autorizada para contrastarla con los testimonios”, explicó Molina. Este proceso, según el letrado, podría implicar la citación de nuevos testigos para esclarecer los hechos.

Declaración de causa compleja y extensión de plazos

Ante la demora en la recolección de la información, el Ministerio Público Fiscal solicitó declarar la causa como compleja, lo que fue concedido por el juez pese a la oposición de la querella. “Esto duplica el plazo de la investigación. Ahora, la causa tiene un plazo final para la finalización del 4 de marzo del año 2026”, señaló Molina. Sin embargo, el abogado se mostró optimista: “Consideramos que en menor tiempo podríamos recolectar toda la información y producir todo lo que surja de la extracción de estos dispositivos”.

La declaración de causa compleja permite extender los tiempos procesales debido a la cantidad de pruebas y la complejidad del caso, que involucra a múltiples imputados y testigos. Molina destacó que, una vez completada la extracción de datos, “se podrá citar a las personas que surgen de los chats para contrastar la información obtenida con sus testimonios”.

Actualmente, los exjugadores están procesados y sujetos a medidas de coerción de menor intensidad, como prohibiciones de acercamiento a la denunciante y comparendos periódicos. Estas medidas, según Molina, vencen el 4 de julio, y se espera una audiencia la próxima semana para evaluar su prórroga. “Consideramos que algunas medidas no serían necesarias, teniendo en cuenta el comportamiento de los imputados y que han cumplido con las prohibiciones de acercamiento durante casi 18 meses”, afirmó el abogado, destacando que cada acusado depositó una caución real de 50 mil dólares.

Molina también cuestionó la necesidad de ciertas restricciones, como la solicitud de permisos para salir del país por motivos laborales: “Muchas veces generamos un dispendio jurisdiccional innecesario porque esa garantía está cubierta con otras medidas de coerción de menor intensidad”. El defensor confía en que la causa podría resolverse antes de fin de año, ya sea con un pedido de apertura a juicio por parte del Ministerio Público Fiscal o la querella, o con un eventual sobreseimiento solicitado por las defensas.

Próximos pasos

Con la extensión de los plazos, la causa continuará enfocada en el análisis de la información extraída de los celulares y la incorporación de nuevos testimonios. “Yo creo que antes de fin de año debería resolverse esta situación, tanto para quienes denuncian como para los denunciados”, enfatizó Molina. La resolución final dependerá de los resultados de las pericias y de las decisiones del Ministerio Público Fiscal, que podría requerir la elevación a juicio o el archivo de la causa.