Titularización docente en Tucumán: un paso hacia la estabilidad laboral y un llamado a mejorar la calidad educativa

La Legislatura de Tucumán sancionó por unanimidad tres proyectos enviados por el Poder Ejecutivo que establecen la titularización de docentes interinos y directivos en diversos niveles del sistema educativo estatal, un paso significativo para consolidar la estabilidad laboral y la continuidad pedagógica. Sin embargo, el debate parlamentario no solo celebró este logro, sino que también puso en el centro de la discusión la urgencia de mejorar la calidad educativa en la provincia y se expusieron críticas a las políticas nacionales que afectan el sector.

Los proyectos, enmarcados en la Ley 3470 del Estatuto Docente, benefician a docentes y directivos activos que cumplan con requisitos como tres años de antigüedad, ausencia de sanciones y participación en capacitaciones, entre otros. Según el legislador Carlos Gallia, titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, esta medida “otorga estabilidad laboral, reconoce la trayectoria profesional y garantiza la continuidad pedagógica en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo”. Además, se autorizó al Poder Ejecutivo a realizar modificaciones en la planta de cargos del Ministerio de Educación y a utilizar transitoriamente fondos para financiar la implementación, hasta su incorporación formal al presupuesto provincial.

La sesión contó con la presencia de referentes gremiales como Hugo Brito (ATEP), Luis Neira (AMET) e Isabel Ruiz (APEMYS), quienes fueron destacados por su rol en la construcción de los proyectos. La legisladora Adriana Najar (Vicepresidenta de la Comisión de Educación) agradeció “el arduo trabajo de los gremios” y la predisposición de la ministra, Susana Montaldo, para atender las necesidades del sector. “Esto no sería posible sin una verdadera política de Estado para la educación, que forma ciudadanos en valores”, afirmó, proponiendo incorporar en el dictamen a docentes y coordinadores de escuelas rurales mediadas por TIC. Najar también resaltó la importancia de la titularización: “No solo da estabilidad laboral, sino que representa un reconocimiento al compromiso y la permanencia de quienes han ejercido la docencia de manera sostenida. Garantiza previsibilidad económica a las familias docentes y fortalece el vínculo con la institución educativa”.

Cifras preocupantes

A pesar del consenso en la aprobación, el debate se elevó en el tono con reflexiones sobre la crisis educativa en Tucumán y el país. Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) alertó sobre la situación al citar datos preocupantes: “La mitad de los chicos de tercer grado no entienden lo que leen, y el 82% de los estudiantes secundarios están por debajo de las expectativas”. Instó a abordar esta crisis con políticas de Estado que promuevan el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas, además de mejorar las condiciones de las escuelas, como conectividad, agua potable y materiales didácticos.

Silvia Elías de Pérez (Valores por Tucumán) celebró la titularización como un acto de “plena justicia” que otorga estabilidad y previsibilidad, pero señaló falencias pendientes, como la situación de los docentes de inglés que cubren más horas de las remuneradas. “Queremos que haya inglés desde primer grado, pero los docentes deben ganar lo que corresponde por esas horas”, enfatizó, pidiendo también avanzar en la designación de personal auxiliar de limpieza.

Por su parte, Carolina Vargas Aignasse destacó el trabajo conjunto con los gremios y los logros recientes, como la elección de vocales gremiales en las Juntas de Clasificación y la modificación del nomenclador docente. “Estos proyectos son el fruto de años de discusión, marchas y paros. No son una concesión del Estado, es lo justo”, afirmó, subrayando la necesidad de una reforma curricular para adaptarse a los nuevos paradigmas de acceso al conocimiento.

Dardos a la Nación

Varios legisladores, como el peronista Carlos Gómez y el referente de Libres del Sur, Ernesto Gómez Gómez Rossi, criticaron las políticas nacionales de recortes en educación, como el quite del incentivo docente, que el gobierno provincial debió asumir. “Mientras el gobierno nacional trata de destruir la educación pública, en Tucumán estamos dando derechos a los docentes”, afirmó Gómez, destacando el esfuerzo de los educadores en escuelas rurales y la política de Estado provincial.

Marcelo Herrera contrastó la situación nacional, donde “miles de trabajadores han perdido su estabilidad laboral”, con el compromiso de Tucumán: “Me siento orgulloso de pertenecer a un gobierno que reconoce a los docentes en un contexto donde el país despide todos los días”.

Un punto de debate fue la implementación de jornadas completas, que en un 30% de las escuelas tucumanas se extendieron. Alfredo Toscano destacó este logro, pero aclaró que “en muchos casos, no se trata de más horas de aprendizaje, sino de garantizar que los niños desayunen y almuercen en la escuela”. Roque Tobías Álvarez, presidente de la bancada peronista, reforzó esta idea: “Muchas jornadas completas no son para instruir más, sino para que los niños se vayan con un plato de comida a casa. Esto refleja la realidad social que enfrentamos”.

En pos de la calidad educativa

Eduardo Verón Guerra (Fuerza republicana) citó un informe de la UNESCO de 2023 que señala deudas en la calidad educativa, equidad, inclusión y formación docente, además de una brecha digital y deserción escolar del 50%. “Es urgente que, entre todos, tomemos en serio el sistema educativo. El futuro no se ve bien si no actuamos”, advirtió.

José Seleme (Avanza Tucumán) pidió cumplir el Estatuto Docente con concursos públicos y meritocráticos para garantizar calidad educativa, mientras Carlos Najar destacó el esfuerzo gremial en la capacitación docente: “No hay nada negativo en la educación, todo es positivo. Los chicos son una esponja que absorbe, y hay que enfrentar los nuevos desafíos con formación”.

La estabilidad laboral es un primer paso, pero los legisladores coincidieron en la necesidad de políticas integrales que respondan a los desafíos del siglo XXI, desde la innovación curricular hasta la infraestructura escolar, en un contexto de restricciones nacionales y cambios en los paradigmas de aprendizaje.