Exoneran a una docente por pedir plata a cambio de nombramientos en el Ministerio de Educación de Tucumán

El Gobierno de la Provincia de Tucumán dispuso la exoneración de la docente Estela Rosa Herrera tras comprobarse que incurrió en conductas incompatibles con los deberes establecidos en el Estatuto del Docente. La decisión, formalizada mediante el decreto 2335/5 publicado en el Boletín Oficial, responde a una investigación administrativa iniciada en 2021, que acreditó la gravedad de las faltas cometidas por la agente, quien solicitó dinero a miembros de la comunidad bajo promesas de obtener cargos en el Ministerio de Educación y organizó un supuesto viaje educativo que nunca se concretó.

El proceso administrativo se inició a partir de una denuncia presentada por la Supervisora Docente de Zona N° 42 - La Cocha, quien "denuncia que la señora Herrera cobró dinero a diferentes personas de la comunidad a cambio de otorgar cargos en el Ministerio de Educación. Asimismo, expresa que la docente recibió sumas de dinero de un grupo de alumnos por un supuesto viaje educativo que nunca se realizó”. Estas acusaciones, que implican una violación de los principios éticos y legales del ejercicio docente, desencadenaron una investigación exhaustiva.

La instrucción sumarial, detallada en el decreto, respetó rigurosamente las normativas del debido proceso que regula las investigaciones administrativas para el personal docente. En este marco, se formularon cargos contra Herrera, quien tuvo cinco días para presentar su descargo, el cual fue considerado insuficiente para desvirtuar las imputaciones.

Orden de conducta

El decreto destaca que las pruebas reunidas confirmaron que la docente incumplió con los deberes establecidos en el artículo 5° de la Ley N° 3470, que obliga al personal docente a “1. Desempeñar digna, eficaz y lealmente las funciones inherentes a su cargo; 4. Respetar la jurisdicción técnica, administrativa disciplinaria, así como la vía jerárquica; 5. Observar una conducta moral acorde con la función educativa y no desempeñar actividad que afecte la dignidad del docente”.

La gravedad de las faltas, según el dictamen de la Fiscalía de Estado, radica en el impacto de las acciones de Herrera en la confianza de la comunidad educativa. “Las imputaciones formuladas a la docente Herrera afectan directamente la relación de confianza entre alumno-docente y sociedad; y son incompatibles con los fines y objetivos de la función educativa, ya que ha utilizado el nombre del Ministerio de Educación para ofrecer cargos de planta, cuando ella es consciente de los requisitos y procedimientos de designaciones que establece el Estatuto Docente”, subraya el instrumento legal, citando la conclusión sumarial. Además, se enfatiza que “las instituciones educativas son espacios donde los padres confían plenamente en la capacidad de los docentes para cuidar y educar a sus hijos. Cualquier acción que socave esta confianza impacta negativamente en el bienestar de los jóvenes y en la reputación institucional”.

Falta grave

Tras un análisis pormenorizado de las pruebas, la Fiscalía de Estado respaldó la sanción de exoneración, considerada la medida más severa contemplada en el artículo 56° inciso 8) de la Ley N° 3470, reservada para faltas de disciplina de extrema gravedad. “Fiscalía de Estado comparte la medida disciplinaria señalada por la instrucción, en razón de la gravedad de la falta acreditada”, indica el decreto, destacando que la conducta de Herrera pone en riesgo “la finalidad de la función docente, el buen nombre del Estado y la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores”.

El decreto, rubricado por la ministra de Educación, Susana Montaldo, y la secretaria de Estado de Educación, María Gabriela Gallardo, ordena la clausura de la investigación administrativa y la comunicación de la sanción a las Juntas de Clasificación Docente y al Honorable Tribunal de Cuentas.