Polémica por la pretensión del Gobierno en derogar la Ley del peón rural

Bajo el nombre de "Modernización del Régimen de Trabajo Agrario", el Gobierno Nacional buscará derogar la actual Ley del peón rural, sancionada en 2011. El pedido surge de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y apunta a desarticular una legislación que estipulaba: jornada de ocho horas, jubilación anticipada, acceso a vivienda y alimentos para los trabajadores intensivos, salario mínimo garantizado, entre otros.

La ley 26.727 prohibía la actuación de empresas de servicios temporarios, agencias de colocación o cualquier otra empresa que provea trabajadores para la realización de las tareas y actividades vinculadas al ámbito rural.

Vale remarcar que, entre 16 actividades relevadas por el INDEC, la de mayor informalidad es la agricultura. Según datos del organismo oficial, en el primer semestre de este año había 1.246.000 trabajadores rurales, de los cuales sólo estaba registrado un 62% (es decir que había más de 481.000 personas del rubro en la informalidad), aunque muchos figuraban como monotributistas.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Economía nacional, los cambios en la legislación para el sector rural estarían amparados por el DNU 70/23, pese a que existe una medida cautelar de la justicia que suspendió tal instrumento en lo concerniente al capítulo laboral.

El objetivo de la administración libertaria es que no se determinen sanciones a las empresas, campos o establecimientos rurales por violar la normativa actual. La pretensión sería que, al no existir dichas multas, se podría expandir el registro formal de trabajadores rurales.

"El DNU 70/23 baja las penalidades para el trabajo no registrado y recupera la bolsa de trabajo que tenía la UATRE, que le permitía la libertad de contratación sin ningún tipo de garantías a los dueños de los campos, tal como existía en la vieja ley del trabajo rural de la dictadura", explicó Luis Palmeiro, abogado laboralista, representante de la Federación de Trabajadores de la Economía Social.

"(Javier) Milei busca eliminar multas que impone la ley en favor de los trabajadores cuando la empresa, una vez intimada a registrar, no lo hiciera en tiempo y forma; también se daría marcha atrás con la regulación que establecía sanciones para las patronales en el caso de que los trabajadores no registrados, una vez despedidos, no pagasen las indemnizaciones correspondientes", sostuvo Palmeiro.