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El proyecto de biocombustibles incorporó una nueva comisión a su recorrido en Diputados. La citación oficial fechada el 15 de octubre incluye a Agricultura y Ganadería entre los cuerpos que deben intervenir en el expediente, junto con Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda.
La primera reunión informativa está convocada para el martes 20 de octubre, a las 15.30, en la Sala 1 del Anexo A. Estará a cargo de Energía y Combustibles, presidida por diputado libertario oriundo de Mendoza, Facundo Correa Llano, y contará con expositores vinculados a la producción de azúcar, maíz y soja. Será el puntapié inicial de la iniciativa en su recorrido por la Cámara baja antes de llegar al recinto.
La iniciativa arribó desde el Senado, donde recibió media sanción el 17 de septiembre de 2026 por 41 votos afirmativos y 25 negativos. El texto reunió propuestas de distintos bloques, entre ellas la impulsada por Patricia Bullrich, después de negociaciones atravesadas por las diferencias sobre el biodiésel. Su objetivo es reemplazar la Ley 27.640, vigente desde 2021, por un régimen de quince años que abarque la elaboración, el almacenamiento, la comercialización, la mezcla y el autoconsumo de biocombustibles.
En el bioetanol, el cambio central es el aumento del corte obligatorio en las naftas del 12% al 15%, previsto al cumplirse el primer año de vigencia del nuevo régimen. El esquema mantiene seis puntos porcentuales para el alcohol elaborado con caña de azúcar y otros seis para el producido con maíz. Los tres puntos adicionales quedan abiertos a la libre competencia.
Esa distinción es importante para la agroindustria tucumana. La propuesta preserva la participación reservada al bioetanol de caña y amplía el volumen total que deberán incorporar las naftas, pero no garantiza que toda esa demanda adicional sea cubierta por los ingenios. La oportunidad consiste en competir por un mercado mayor. Por eso, además del porcentaje de mezcla, para el sector resultan relevantes las condiciones de abastecimiento, comercialización y formación de precios que finalmente apruebe el Congreso.
Para el biodiésel, utilizado en el gasoil, el proyecto establece el paso del corte obligatorio del 7,5% al 10% a los doce meses y una apertura gradual a las grandes empresas integradas al complejo aceitero. Durante la transición, las firmas no integradas conservan una porción reservada: cuando el corte alcance el 10%, será de 6,5 puntos hasta fines de 2028, de 5,5 en 2029, de cinco en 2030 y de cuatro desde 2031 hasta 2036. Ese reparto fue uno de los principales focos de controversia en el Senado.
La reforma también alcanza la manera de vender y comprar los biocombustibles. Contempla un mercado electrónico de subastas para el abastecimiento de las mezclas obligatorias y la posibilidad de celebrar contratos a término de libre negociación. La transición del biodiésel combina esa apertura con los resguardos destinados a las empresas no integradas. El debate, por lo tanto, no se limita a cuánto combustible renovable llevarán las naftas y el gasoil: también define quiénes podrán abastecerlo y bajo qué condiciones.
Por ahora, la ampliación del giro modifica el recorrido parlamentario, no el contenido aprobado por el Senado. La reunión del martes abrirá una instancia de exposiciones con vistas a su tratamiento en el recinto.