Una nueva denuncia en la Justicia Federal pide investigar al ex intendente Campos en medio de la intervención provincial

Un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico y su vinculación con la política en Tucumán se abrió tras la denuncia penal presentada por el legislador provincial José Cano y el diputado nacional Roberto Sánchez ante la Justicia Federal, quienes solicitan investigar al exintendente de Juan Bautista Alberdi, Luis Campos, y a otros actores de presunta participación en delitos de tráfico y comercialización de estupefacientes. La denuncia, a la que tuvo acceso Tendencia de Noticias, basada en audios viralizados que exponen un diálogo entre Campos y Roque “Chipi” Jiménez, ha desatado un escándalo político e institucional que culminó con la intervención total del municipio por parte del gobierno provincial.

El 5 de junio pasado, la difusión masiva de una grabación telefónica atribuida a Campos y al empresario de la construcción Jiménez, a través de redes sociales y medios periodísticos, puso en evidencia una conversación que, según los denunciantes, revela un “preocupante nivel de subversión del orden legal y político” en Alberdi. En el audio, Jiménez se dirige a Campos de manera irrespetuosa, exigiéndole una licencia, elecciones internas e incluso la intendencia misma, mientras lo acusa de falta de autoridad. Más grave aún, la charla menciona nombres de empleados municipales señalados como vendedores de drogas, incluyendo a menores, y alude a maniobras que vinculan al municipio con el narcotráfico.

“Silenciar personas, manejar la droga desde la intendencia, manejar las muertes, disponer de la institución policial para lo que sea, ‘reventar personas’ forman parte de un discurso enfermizo del poder político, naturalizado en razonamientos que no pueden ser consentidos por las autoridades institucionales”, sostienen Cano y Sánchez en su denuncia, calificando a Alberdi como un potencial “bastión del narcotráfico” debido a la complicidad de funcionarios municipales.

Una problemática recurrente

La denuncia presentada no es un hecho aislado. Según los legisladores, Alberdi arrastra una historia de vínculos con el narcotráfico que data de al menos una década. En 2013, Cano ya había denunciado hechos similares tras recibir testimonios de vecinos, dando origen a la causa judicial Nº 4887/13 por infracción a la Ley 23.737. En 2023, una nueva denuncia, en este caso efectuada por Sánchez, registrada bajo el Nº 7238/23, alertó sobre un “inusitado avance” de la venta de drogas a plena luz del día, incluyendo acusaciones de trueque de estupefacientes por votos y la participación de empleados y funcionarios municipales en actividades ilícitas.

“La ciudad de Alberdi, desde un tiempo a esta parte, se ha ganado un lugar central en las crónicas policiales por delitos vinculados al narcotráfico que crece bajo la protección e inacción del poder político”, señala la denuncia, que describe secuestros de drogas, homicidios sin resolver y ajustes de cuentas de corte mafioso como parte de una realidad que “pareciera haberse naturalizado”.

La magnitud del escándalo llevó al gobernador Osvaldo Jaldo a tomar una medida drástica: mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), firmado junto a sus ministros, se dispuso la intervención total del municipio de Juan Bautista Alberdi, abarcando tanto el Ejecutivo local como el Concejo Deliberante. El DNU, que será tratado por la Legislatura y publicado en el Boletín Oficial, argumenta que la intervención responde a “graves hechos que han puesto en crisis el orden institucional y la seguridad de la comunidad” y a la “imposibilidad de las autoridades actuales de ejercer normalmente sus funciones”.

El contador Guillermo Alfredo Norry fue designado como interventor y asumió el cargo el domingo último, con la misión de restablecer la institucionalidad y organizar elecciones para completar los mandatos en curso, conforme a la Constitución provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades.

Paralelamente, el Ministerio Fiscal de Tucumán ordenó dos allanamientos en propiedades ligadas a “Chipi” Jiménez, quien permanece prófugo y se presume reside en la capital provincial. La Justicia Federal, por su parte, intervino directamente en el caso de Campos, allanando su domicilio en el marco de otra investigación vinculada al narcotráfico.

Un llamado a la acción

La denuncia de Cano y Sánchez solicita una “inmediata apertura de la investigación penal” para identificar a los participantes del diálogo grabado y determinar las responsabilidades de funcionarios municipales. Además, pide un informe sobre el estado de las denuncias previas de 2013 y 2023, subrayando la necesidad de aplicar “las más severas sanciones” a los responsables de los delitos denunciados.

“Lo afirmado responde a la convicción de pedidos y reclamos coincidentes de ciudadanos y vecinos de Alberdi que solicitan a las autoridades el auxilio para dar una lucha al narcotráfico que envenena a los hijos y nuevas generaciones de esta ciudad”, concluye la presentación, que pone en evidencia una crisis institucional de proporciones en el sur tucumano.