Tras las críticas al IPLA por la función "recaudatoria", su interventor se reunió con legisladores y aseguró que "no son socios" de los dueños de boliches

En la Legislatura de Tucumán, el vicegobernador Miguel Acevedo encabezó una reunión con el interventor del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), Dante Loza, para discutir el funcionamiento del organismo, justamente cuando en la Cámara se elevó un proyecto de ley impulsado por legisladores de diversos espacios políticos, que cuestiona su carácter “meramente recaudador” y propone una reformulación integral de sus funciones. La iniciativa, adelantada por Tendencia de Noticias, y presentada por la radical Silvia Elías de Pérez y acompañada por las justicialistas Nancy Bulacio, Alejandra Cejas, Paula Galván y el referente de Libres del Sur, Ernesto Gómez Gómez Rossi, busca reorientar al IPLA hacia un enfoque sanitario, preventivo y educativo, en un contexto donde las adicciones, especialmente en jóvenes, son una problemática creciente.

El encuentro contó con la participación de legisladores de distintos bloques, incluyendo a Hugo Ledesma, presidente de la Comisión de Asuntos de las Organizaciones No Gubernamentales; Bulacio, presidenta de la Comisión de Acciones Preventivas y Asistenciales de las Adicciones; Roque Tobías Álvarez, presidente del bloque oficialista; Elías de Pérez, Alberto Olea, Agustín Romano Norri, Claudio Viña, José Cano y Ricardo Bussi. La reunión tuvo como objetivo evaluar el rol actual del IPLA, sus acciones en prevención y control, y las posibles articulaciones con el Poder Legislativo para fortalecer su impacto en la sociedad tucumana.

Nancy Bulacio destacó la importancia del diálogo transversal: “Queríamos conocer de primera mano qué están haciendo desde el IPLA, cómo trabajan en la prevención y en qué podemos ayudarlos. Yo particularmente trabajo todos los días, incluso desde la pastoral, para trabajar en la prevención de adicciones. Eso también es el IPLA, no solo el alcohol”.

Por su parte, Loza, defendió el trabajo del organismo, destacando su compromiso con la prevención, especialmente en los jóvenes. “Se trató una agenda muy importante que nos permitirá coordinar futuros encuentros técnicos para actualizar y potenciar el rol del IPLA, especialmente en control, prevención y promoción del consumo responsable”, expresó.

Loza subrayó las acciones orientadas a los jóvenes: “Nuestro norte es trabajar mucho sobre la prevención. La concientización en los niños, para que no consuman, y en los que ya lo hacen, que lo hagan de manera moderada”. En este sentido, destacó iniciativas como convenios con el Ministerio de Educación, clubes deportivos, confederaciones y universidades para promover “el camino del deporte, del estudio, de la música, de actividades que te hacen bien en la vida y que te hacen ser una persona destacada el día de mañana”.

Desafíos y habilitaciones

El interventor reconoció los desafíos de competir con grandes marcas de bebidas y tabaco: “Lamentablemente, competimos contra los patrocinantes, compañías muy fuertes, multinacionales que tienen mucha publicidad, a veces realizadas por líderes positivos que influyen mucho sobre la juventud. Pero nosotros damos la batalla, damos la pelea”. Loza enfatizó que el IPLA se enfoca en sustancias no prohibidas, como el alcohol y el tabaco, pero que el Estado debe “velar por la salud de la gente y por el bienestar” para evitar “accidentes, enfermedades crónicas que después impactan en el sistema de salud”. “Una persona que logremos que tome otro camino es un triunfo de verdad”, afirmó.

Sobre los permisos para el expendio de bebidas alcohólicas, Loza aclaró que no se trata de un impuesto, sino de un permiso con requisitos estrictos: “Lo que otorgamos es un permiso para el expendio de alcohol, no es un impuesto. Un permiso para un local bailable, por ejemplo, cuesta alrededor de $1,5 millones anuales. Ese no es el problema para el empresario. El problema es el costo de luz, gas, personal, y otras cuestiones. Los dueños de los boliches, con las entradas que ellos cobran para asistir a ese evento en una noche, ya pueden pagar el permiso. Yo no estoy en contra de la ganancia, ni muchísimo menos, pero tampoco somos socios”.

Añadió que el gobierno, desde 2023, ha reforzado la seguridad en eventos masivos, con un protocolo aprobado en la Legislatura: “Se ha hecho hasta un protocolo para la fiesta de concurrencia masiva, lo cual yo celebro porque realmente a veces no estaban normados esos temas, y ahora es muy saludable y a la vista está la cantidad de problemas que se están evitando”.

Postura crítica

El proyecto de ley en cuestión, que propone modificar la Ley N° 7243 de creación del IPLA, sostiene que el organismo “se convirtió, sencillamente, en un órgano punitivo de carácter recaudador”, alejándose de su misión original de prevención y asistencia frente a las adicciones. Según los fundamentos, “el consumo abusivo de alcohol en adolescentes, la proliferación de sustancias psicoactivas en zonas vulnerables, y las adicciones comportamentales vinculadas al juego o al uso de tecnologías, requieren una respuesta estatal multidisciplinaria, territorial y sostenida. Lejos de ello, el IPLA ha quedado ausente de esta agenda pública”.

La reunión marcó un paso hacia una mayor articulación entre el IPLA y la Legislatura, con el compromiso de realizar futuros encuentros técnicos para avanzar en la actualización del organismo.