Legisladores oficialistas y opositores critican al IPLA por su rol recaudador y proponen reformarlo integralmente

Un grupo de legisladores opositores, oficialistas y aliados a la Casa de Gobierno, presentaron un proyecto de ley donde se cuestiona la actual configuración institucional y funcional del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) al sostener que, ante un contexto donde las adicciones son una problemática cada vez más acuciante, sobre todo en las franjas etarias bajas y medias de la población tucumana, el organismo ya no cumple con una meta de prevención y asistencia social y sanitarista en esta materia, sino que se convirtió, sencillamente, en un órgano punitivo de carácter recaudador.

La iniciativa, elevada a la Cámara por la radical Silvia Elías de Pérez, tuvo el acompañamiento en las firmas de los parlamentarios justicialistas Nancy Bulacio, Alejandra Cejas y Paula Galván, como así también del referente de Libres del Sur, Ernesto Gómez Gómez Rossi. Básicamente, el texto pretende la modificación de la Ley N° 7243 (creación del IPLA) apuntando de manera específica a sus funciones, delimitadas en el artículo seis de la norma. Entre ellas, el proyecto determina que el ente deberá seguir, de ahora en más, las siguientes pautas de acción:

• Sanitarias: prestar asistencia integral directa o derivada a personas con consumo problemático de alcohol u otras sustancias; articular con efectores del Sistema Provincial de Salud; y generar dispositivos territoriales de prevención y acompañamiento.

• Preventivas y educativas: desarrollar campañas masivas, permanentes y obligatorias de concientización social; capacitar a docentes, agentes sanitarios, actores comunitarios y fuerzas de seguridad; diseñar materiales pedagógicos con perspectiva de salud y derechos.

• Formación y cooperación: celebrar convenios con universidades, colegios profesionales, ONGs y otros organismos estatales para el desarrollo de programas conjuntos de prevención, estudio y tratamiento de adicciones.

• Regulación y fiscalización: otorgar, revocar y controlar los permisos para el expendio de bebidas alcohólicas; inspeccionar locales comerciales y eventos públicos; aplicar sanciones conforme a la normativa vigente.

• Producción de información pública: generar informes estadísticos semestrales sobre prevalencia, tratamiento y dispositivos existentes en la provincia, con acceso libre y en formatos accesibles.

La Ley actual, establece en este artículo que las funciones del IPLA se concentran fundamentalmente en la recaudación de los importes por permisos de expendio de bebidas alcohólicas, inspección y multas a los locales contraventores.

Estado ausente

"El consumo abusivo de alcohol en adolescentes, la proliferación de sustancias psicoactivas en zonas vulnerables, y las adicciones comportamentales vinculadas al juego o al uso de tecnologías, requieren una respuesta estatal multidisciplinaria, territorial y sostenida. Lejos de ello, el IPLA ha quedado ausente de esta agenda pública", se sostiene en los fundamentos de la iniciativa, como manera de ponderar la necesidad de modificar el régimen legal del Instituto.

Los legisladores, con Elías de Pérez a la cabeza, sostuvieron que hoy en día, "el IPLA actúa principalmente como ente fiscalizador y recaudador, concentrado en

inspecciones y sanciones, relegando sus funciones originarias, quedando de esta manera configurado como un ente totalmente trunco y desnaturalizado".

Al respecto, se indicó que, en los últimos años, no se han registrado campañas masivas de concientización, ni planes escolares estructurados, ni dispositivos asistenciales propios promovidos por el Instituto. Remarcaron también que no

produce estadísticas epidemiológicas públicas, ni informes periódicos sobre prevalencia del consumo.

Abordaje integral

En este sentido, el proyecto indica que la reforma propuesta tiene como finalidad reconfigurar al IPLA "como un organismo moderno, integral y al servicio de la salud pública".

"La modificación propuesta restituye el equilibrio institucional del IPLA y expande su

competencia para abordar integralmente los consumos problemáticos, integrando un enfoque de derechos, accesibilidad, transparencia y participación ciudadana. El nuevo diseño institucional no solo permite mejorar la eficacia de sus acciones, sino también transparentar su gestión y reorientar sus recursos hacia políticas públicas transformadoras y no punitivistas", se resaltó en el texto.

"Una estructura institucional orientada exclusivamente a la recaudación, en un contexto de crisis social vinculada al consumo de alcohol, es manifiestamente irrazonable", postula el proyecto, que se encuentra en estudio de la Comisión de Seguridad y Justicia y de la Comisión de Acciones Preventivas y Asistenciales de las Adicciones, esta última justamente presidida por la peronista Bulacio, una de las firmantes de la iniciativa.