Imputan al ministro de Salud de la Nación por la gestión en el Hospital Garrahan

El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, por la gestión del Hospital Garrahan, en medio de un foco de conflicto por reclamos salariales de residentes y personal. El fiscal dispuso una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa, que se inició por una denuncia impulsada por la exdiputada nacional Elisa Carrió y la legisladora porteña Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, quienes acusaron al funcionario por “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.

El juez federal Sebastián Casanello delegó la denuncia en el fiscal, que decidió imputar a Lugones.

Carrió y Campagnoli dijeron que Mario Iván Lugones había pedido, con anuencia de sus superiores, la renuncia de la totalidad del Consejo Directivo del hospital, “de manera arbitraria y contraria a la normativa”.

Esto, según publica el diario La Nación, ocurrió en octubre de año 2024, debido a que el Consejo Directivo del Hospital Garrahan había autorizado la entrega de un bono al personal, usando su facultad discrecional para hacerlo, “de manera inconsulta con la máxima autoridad de la cartera de salud”.

La denuncia señala que el bono entregado obedecería a una suma que habitualmente se entrega a los profesionales de la salud y que proviene de un fondo que el consejo administra y sobre el cual puede decidir, sin necesidad de consultar con el Ministerio de Salud, tal como históricamente se ha efectuado.

“Esa suma no correspondería a la pauta salarial, la cual se negocia en conjunto con el resto de los organismos y hospitales que dependen de la cartera de salud nacional”, advierte la denuncia.

Carrió señalo que “el único motivo por el cual fue tomada esta decisión [de Lugones], claramente arbitraria y contraria a la normativa que le permite discrecionalmente asignar esos fondos inconsultamente al Consejo, es un encono personal del ministro y las autoridades del Ejecutivo posiblemente motivado en evitar un efecto contagio en los reclamos salariales por parte de los restantes nosocomios ya que se ha recortado el presupuesto de salud”.

Carrió dijo que Lugones asumió atribuciones que no le son propias y que, por ende, actuó con “arbitrariedad e ilegalidad”.

Sostiene la denuncia que el pedido de renuncia tiene como fin “amedrentar a toda autoridad administrativa” para que “se someta al criterio del Ministerio de Salud de la Nación, aun cuando se actúe en contra de las normas legalmente vigentes”.

Ante ese panorama, Marijuan pidió al Hospital Garrahan que aporte, en cinco días, en formato digital, su organigrama con el cuadro completo de las autoridades del hospital, con indicación de sus cargos, funciones y dependencias.

Además, solicitó un informe sobre la integración del Consejo de Administración del hospital, antes y después de octubre de 2024, con los datos de sus miembros y si son profesionales del hospital.

Requirió asimismo copias de las resoluciones que habrían sido adoptadas por el Consejo de Administración del hospital para la entrega del bono el año pasado.

Los médicos y el personal no médico del Garrahan mantienen una medida de fuerza contra el Gobierno en reclamo de mejoras salariales.

El conflicto parecía encauzarse con una propuesta del Gobierno de aumentar las remuneraciones, pero no se formalizó, tras al reunión que mantuvieron este martes con las autoridades.

Residentes sostuvieron que continuarán con el paro “por tiempo indefinido”.

Este lunes, el Gobierno anticipó vía redes sociales que un residente de primer año pasará a ganar $1,3 millones a partir de este mes. Esto, como publicó LA NACION, combina un 3,52% de aumento del ingreso por recibo, que hasta mayo era de $797.061 y será de $825.113,79 desde este mes, con una suba de $200.000 a $500.000 del bono mensual que percibe todo el personal de planta.

La comunicación iba a hacerse el viernes pasado, si los residentes se comprometían a retomar sus tareas, lo que no sucedió. En el Gobierno decidieron entonces postergarlo para que coincidiera con el día en que empezaba a funcionar el control de presentismo por datos biométricos.

Con información del diario La Nación