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INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Lavado, confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita: la imputación a Luis Campos y Sandra Figueroa

El exintendente de Juan B. Alberdi y la actual legisladora son señalados como integrantes de una banda criminal, junto a otros exfuncionarios. Hoy deberán presentarse a declarar ante la Justicia Federal, que investiga el manejo irregular de fondos y vínculos narco en ese Municipio, intervenido desde junio.

Por Tendencia de noticias

28 ago, 2025 04:01 p. m. Actualizado: 28 ago, 2025 04:01 p. m. AR
Lavado, confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita: la imputación a Luis Campos y Sandra Figueroa

La Justicia Federal con asiento en Tucumán busca avanzar en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico y a la administración irregular de fondos públicos en el Municipio de Juan B. Alberdi.


En ese marco, está previsto que este viernes, a partir de las 8.30, presten declaración indagatoria ante el juez José Manuel Díaz Vélez el exintendente Luis “Pato” Campos y su esposa, la legisladora peronista Sandra Figueroa, apuntados como presuntos integrantes de red delictiva.


En lo que va de la semana ya declararon el exsecretario de Hacienda, José Roldán, el exconcejal Albano Loru, el exfuncionario de Desarrollo Social Pablo “Maceta” Barrionuevo y el empresario Roque "Chipi" Giménez, también imputados en la causa. Todos negaron vínculos con el narcotráfico y otras actividades ilícitas.


Tendencia de Noticias pudo acceder al oficio de imputación de los investigados en el expediente, que se originó a partir de la viralización de un audio grabado de una conversación entre Campos y Giménez donde se dejan entrever posibles vínculos con redes de narcotráfico y desvío de fondos públicos.


Según el expediente judicial, Luis Campos está imputado por los delitos de lavado de dinero, confabulación por vínculos con el narcotráfico y asociación ilícita, al igual que el empresario “Chipi” Giménez. En el audio que trascendió, citado en el auto de imputación, Giménez le expresa a Campos su intención de manejar el municipio con el control absoluto de la policía y el narcotráfico, en una analogía con el famoso mafioso Al Capone: “Acá el intendente soy yo, acá la policía la manejo yo, a la droga la manejo yo... se necesita un Al Capone para gobernar, no un Lassie”.


La denuncia contra Campos, Figueroa y otros funcionarios fue presentada el 2 de junio de 2023 por el diputado nacional Roberto Sánchez, junto a otros legisladores y abogados, a partir de denuncias de vecinos que señalaron a varios integrantes del municipio como responsables de actividades relacionadas con el narcotráfico, entre ellos José Roldán, Albano Loru, Miguel Flores (“Miki”), Rodrigo Campos (“Patón”) y un tal “Shalo”.


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La viralización del audio también tuvo consecuencias institucionales: el 9 de junio el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso la intervención de la Intendencia y del Concejo Deliberante de Alberdi. Semanas más tarde, firmó el decreto llamando a elecciones para la cobertura de esos cargos, prevista para el próximo 26 de octubre.


La legisladora Sandra Figueroa, quien era intendenta durante los hechos investigados, también está imputada por lavado de dinero, confabulación y asociación ilícita. Esto a partir de otro audio, en el que Giménez le reclama a Campos no subestimar la situación, menciona problemáticas vinculadas a su entorno familiar y le advierte sobre ciertas licencias otorgadas a personas con adicciones.


Si bien la legisladora Figueroa cuenta con inmunidad parlamentaria, está obligada a comparecer. En caso de que el juez decida procesarla, deberá solicitar a la Legislatura tucumana el retiro de sus fueros. 


En cuanto a Loru y Barrionuevo, se los imputa como presuntos integrantes de una asociación ilícita estable y permanente, con pleno conocimiento de su finalidad criminal, para cometer delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos.


La causa sigue su curso bajo la supervisión del juez federal Díaz Vélez, en un entramado complejo que habría involucrado el control de la droga, la policía local y la administración pública, con la presunta participación activa de exfuncionarios y empresarios locales.

 

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