Las juezas Servini de Cubría y Arroyo Salgado recibieron las causas contra Milei por la presunta estafa cripto

La Cámara Federal de Casación Penal sorteó este lunes la primera denuncia que recibió contra el presidente Javier Milei por el caso de la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA y le tocó a la jueza María Romilda Servini de Cubría. El fiscal del caso es Eduardo Taiano, que está fuera del país.

En paralelo, en las últimas horas se presentó otra denuncia en la Cámara Federal de San Martín, que tiene jurisdicción sobre la quinta presidencial de Olivos. Por sorteo, ese expediente fue asignado al juzgado federal N° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Con estos movimientos, deberá resolverse en el corto plazo la competencia entre ambas magistradas, ya que una interviene porque recibió la primera denuncia y la otra, porque el supuesto delito ocurrió en la Quinta de Olivos, jurisdicción del juzgado federal de San Isidro.

La denuncia sorteada en Comodoro Py fue presentada por el economista Claudio Lozano, titular del partido Unidad Popular, y otros dirigentes que acusaron a Milei de haber integrado una “asociación ilícita” que cometió una “megaestafa” al afectar en simultáneo “a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares”.

En esa causa interviene la fiscalía de Eduardo Taiano, que se encuentra de licencia porque participa de un congreso en Costa Rica. Lo reemplaza su colega Gerardo Pollicita, que a pedido de Taiano lo esperará para que el fiscal titular decida si corresponde instar la acción penal o archivar las denuncias.

Las demás denuncias penales sobre el mismo tema se acumularán a la que este lunes le fue asignada a Servini de Cubría. La jueza, de 88 años, lleva más de tres décadas al frente del Juzgado Federal 1, el más poderoso de los tribunales de Comodoro Py porque además de la competencia penal concentra la electoral; es decir, es el único que además controla las elecciones nacionales.

La denuncia de Lozano lleva también las firmas de Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad; Marcos Zelaya -otro letrado especialista en nuevas tecnologías-, y María Eva Koutsovitis, una ingeniera que fundó El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Sostuvieron que el Presidente participó de “la megaestafa más grande de la historia en este rubro”, que se llevó a cabo “a través de una operación conocida como Rugpull, que ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero”.

“Cuando los estafadores vacían los fondos de liquidez, el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por tokens más estables o de curso legal”, dijeron los cuatro denunciantes al describir la operatoria, que se produjo luego de la promoción que le hizo Milei a $LIBRA en sus redes sociales.

En el escrito, los denunciantes solicitaron a las autoridades judiciales que adopten “medidas cautelares de protección de prueba”, entre las que enumeraron un “allanamiento de la quinta de Olivos y de la Presidencia de la Nación a fin de secuestrar todo equipo electrónico (computadora, teléfonos, tablets, laptops)”; y que se “identifique y allane el domicilio de los denunciados y de las empresas implicadas”.

También pidieron que se disponga una “intervención y pericia a la plataforma X a fin de custodiar el contenido de la cuenta del presidente Javier Milei @JMilei y de las otras personas denunciadas, incluyendo los registros de los tuits borrados”; un “bloqueo a las billeteras virtuales y cuentas bancarias de los denunciados”; y medidas de “trazabilidad de las transacciones del token $LIBRA a fin de identificar a los beneficiarios de la estafa”.