La Legislatura vuelve al ruedo para dar luz verde a obras clave y protección al ahorrista

En el mediodía del miércoles, el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, lideró una nueva reunión de Labor Parlamentaria para delinear el temario de la próxima sesión ordinaria. El encuentro, que contó con la presencia del secretario legislativo Claudio Pérez, el prosecretario Alejandro Martínez, y los legisladores Carolina Vargas Aignasse, Roque Tobías Álvarez, Agustín Romano Norri, Alfredo Toscano, Mario Leito, Claudio Viña, José Macome, Nancy Bulacio, Patricia Lizárraga, Ernesto Gómez Gómez Rossi y Raquel Nieva, concluyó con la convocatoria oficial para el jueves 13 de noviembre a las 8:30 horas.

Esta será la primera sesión tras los comicios nacionales, un contexto donde la administración de Osvaldo Jaldo busca mostrar dinamismo y avanzar en su plan de infraestructura, considerado un "caballito de batalla" en la gestión. La expectativa es que en esta nueva etapa del gobierno nacional, liderado por Javier Milei, se muestre más proactivo en la colaboración con las provincias aliadas para avanzar en las reformas estructurales que requiere a nivel parlamentario.

Uno de los proyectos centrales, de vital importancia para la provincia, es la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo (PE) que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación los terrenos necesarios para la traza del Acueducto Vipos.

Acevedo, quien previamente había rubricado el proyecto como gobernador en ejercicio junto al ministro Daniel Abad, enfatizó la necesidad de su aprobación: “Se trata de una obra vital para la provincia. Ya fue remitida mientras estaba a cargo del Ejecutivo, y ahora corresponde avanzar con su aprobación”, señaló. La obra es estratégica, ya que garantizará agua potable a más de 400.000 tucumanos.

El proyecto de ley presentado por el PE busca declarar de utilidad pública y expropiar 18 fracciones de terreno. Esto es crucial para liberar la traza de la obra y avanzar en su preadjudicación, tal como lo exige la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Los terrenos necesarios cubren 12 de los 54 kilómetros del Acueducto, una infraestructura esencial para el suministro de agua potable a Tapia, Tafí Viejo, Villa Carmela y el oeste de San Miguel de Tucumán. Debido a la premura y a los plazos nacionales, el proyecto faculta al Ejecutivo a obviar el procedimiento administrativo de avenimiento expropiatorio, reflejando la importancia de actuar con celeridad. La obra demanda una inversión de $152,9 mil millones.

Respaldo a ahorristas y perspectiva social

Otro punto crucial en la agenda es la prórroga de la Ley 9405, impulsada por el legislador peronista Tomás Cobos. La iniciativa propone extender hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia de la Ley 9405, la cual suspende juicios de secuestros y ejecuciones prendarias contra ahorristas de planes de ahorro automotor con domicilio en Tucumán. Esta medida busca proteger a los usuarios perjudicados por las “exorbitantes subas en el precio de las cuotas” sufridas en los últimos años, situación agravada por la volatilidad económica y la devaluación. La prórroga busca brindar una "protección extra" a los ahorristas, independiente de la resolución del juicio colectivo iniciado por la Defensoría del Pueblo, actualmente pendiente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Además de los temas de infraestructura y economía, la Legislatura abordará una nutrida agenda social:

• Salud Pública: Proyectos enfocados en la prevención y detección temprana del cáncer.

• Vivienda y Energía: Una propuesta del Instituto Provincial de la Vivienda para incorporar paneles solares en los nuevos módulos habitacionales, fomentando el uso de energías limpias.

• Inclusión y Cultura: Se tratará la creación de una Biblioteca Inclusiva en la Legislatura (para personas con discapacidad visual o dislexia), y el apoyo a iniciativas del CONICET que desarrollan videojuegos educativos contra el bullying y el grooming.

Finalmente, Acevedo confirmó que en el orden del día se incluirá la ratificación de los representantes legislativos en el Consejo Asesor de Asuntos Municipales (CAAM), un órgano clave para la articulación entre el Poder Legislativo y los gobiernos locales.