La crisis en la UNT escaló: denuncias penales, acusaciones de parcialidad y riesgo de parálisis institucional

La crisis política y judicial en la Universidad Nacional de Tucumán sumó este lunes una escalada inesperada. Luego de que la Junta Electoral suspendiera provisoriamente el proceso para elegir rector y vicerrector, los candidatos opositores Miguel Cabrera y Virginia Abdala denunciaron penalmente a integrantes del organismo electoral y acusaron a las autoridades universitarias de intentar favorecer al oficialismo encabezado por Sergio Pagani.

El conflicto se profundizó después de que la Junta Electoral tomara razón de la cautelar dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que ordenó frenar las candidaturas de dirigentes que hayan cumplido dos mandatos consecutivos en el Rectorado. La resolución judicial golpeó de lleno a la fórmula Pagani-Mercedes Leal y abrió un escenario de máxima tensión institucional.

Sin embargo, la controversia se agravó cuando la Junta Electoral no sólo suspendió los trámites vinculados a las candidaturas, sino que además decidió aplazar la Asamblea Universitaria prevista para el 20 de mayo y remitió el tema al Consejo Superior para una eventual readecuación del cronograma electoral.

Esa determinación detonó la reacción de Cabrera y Abdala, quienes presentaron una denuncia penal contra los miembros de la Junta Electoral Fernando Valdez, Ángeles Igarzábal y Luis Alberto López Fernández por presunta “desobediencia a la autoridad judicial” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En la presentación, los opositores sostuvieron que la medida cautelar de la Cámara Federal sólo alcanzaba a las candidaturas cuestionadas por la supuesta violación al límite de mandatos, y no al resto del proceso electoral. Según plantearon, la Junta extendió indebidamente los efectos de la resolución judicial para paralizar toda la elección universitaria.

Además, afirmaron que el organismo electoral actuó sin competencia para suspender la Asamblea Universitaria y denunciaron un supuesto intento de beneficiar políticamente al oficialismo. “La Junta se ha convertido en un órgano administrativo que excede su función para beneficiar a un tercero”, señalaron en uno de los escritos presentados este lunes.

La oposición también interpuso un recurso de reconsideración contra la resolución que aplazó la Asamblea, al advertir que la modificación del cronograma podría derivar en un escenario de acefalía institucional e incluso abrir la puerta a una eventual intervención universitaria.

En el trasfondo de la disputa aparece la discusión sobre la interpretación del estatuto universitario respecto de las reelecciones consecutivas en el Rectorado. Mientras el oficialismo sostiene que la candidatura de Pagani es válida, los sectores opositores argumentan que el actual rector ya cumplió el límite previsto por la normativa interna.

El conflicto ahora quedó atravesado por tres planos simultáneos: el judicial, con la cautelar federal aún vigente; el político, por la feroz disputa entre oficialismo y oposición; y el institucional, ante la incertidumbre sobre cómo continuará el proceso electoral en la UNT.

Con la Asamblea suspendida y sin una salida inmediata a la vista, la universidad atraviesa una de las crisis políticas más delicadas de los últimos años.