
Un día después de su primera presentación ante la Junta Electoral de la UNT, los decanos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala volvieron a la carga este domingo con un escrito que sube el tono de la disputa contra la re-reeleccion del actual rector, Sergio Pagani. Ya no se trata solo de una advertencia sobre competencias institucionales: esta vez los candidatos opositores pusieron sobre la mesa responsabilidades penales concretas, el riesgo de acefalía y la posibilidad de una intervención federal a la universidad.
El detonante fueron las versiones que dan cuenta de que la Junta Electoral estudiaría prorrogar los plazos de inscripción de candidaturas y suspender la Asamblea Universitaria del 20 de mayo. Para Cabrera y Abdala, el hecho de que esa información haya circulado después de su presentación del viernes es una señal de que el organismo "estaría presto a cometer múltiples ilícitos".
El argumento jurídico es el mismo que sostuvieron el día anterior, pero ahora con mayor énfasis: la cautelar de la Cámara Federal solo suspende la candidatura de Pagani, no el proceso electoral en su conjunto. Las etapas de inscripción e impugnación ya cerraron -el plazo venció el 29 de abril-, y la única fórmula válidamente inscripta es la suya. Si la Asamblea se celebra el miércoles con una sola candidatura, el artículo 114 del Estatuto y el artículo 81 del Reglamento Electoral son terminantes: se los proclama sin votación.
Pero el núcleo duro del escrito está en las advertencias penales. Los firmantes señalan que los miembros de la Junta incurrirían en abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público -artículos 248 y siguientes del Código Penal- si suspenden la Asamblea o abren una nueva ventana de inscripción de candidaturas sin tener competencia para ello. A eso se sumaría la desobediencia judicial del artículo 239 si además incumplen la cautelar. "Estos delitos en concurso pueden implicar penas de prisión efectiva", advierten sin ambages.
El otro flanco que abren es institucional. El Estatuto de la UNT fija que el nuevo Rector debe ser electo en la segunda quincena de mayo. Si la Asamblea no se celebra, la universidad entraría en acefalía, lo que podría derivar en una intervención federal, escenario que los propios firmantes califican de "extremadamente crítico", sobre todo en el contexto de tensión que la UNT mantiene con el Gobierno Nacional. Y si la Junta avanzara en actos para los que no tiene competencia, concluyen, dejaría de ser un organismo electoral legítimo para convertirse en una suerte de Consejo Superior paralelo: una "Junta de facto", en sus palabras, que evocan explícitamente los peores momentos de la historia argentina.
El escrito cierra con una reserva expresa de denuncias penales y de caso federal, y reitera el petitorio central: que la Asamblea se celebre el miércoles 20 de mayo con la fórmula Cabrera-Abdala como única candidatura habilitada.