El Gobierno refuerza los controles para limpiar de “ñoquis” la Administración Pública

El gobernador Osvaldo Jaldo destacó días atrás que, fruto de un ajuste de gastos realizado en el Estado desde el inicio de su gestión, Tucumán hoy no tiene déficit, lo que le permite cumplir con sus obligaciones sin sobresaltos a pesar del contexto económico complejo que atraviesa el país.

Luego de la presentación del Presupuesto 2025, el mandatario tucumano se refirió al pedido que realizó el presidente Javier Milei a las provincias para que bajen el gasto a los fines de acompañar la política nacional de equilibrio fiscal y dijo que en nuestra provincia eso se viene haciendo desde octubre de 2023. “Desde Tucumán, aun no teniendo un presidente elegido ya avizorábamos un panorama complejo desde el punto de vista económico y social. Y desde el primer día hemos empezado a hacer un gran esfuerzo reduciendo el organigrama, bajando el presupuesto, eliminando áreas que estaban superpuestas en cuanto a la prestación de servicios. Hemos dejado muchos contratos que no tenían una efectiva prestación de servicio también y esto a nosotros nos ha permitido equilibrar el presupuesto”, razonó Jaldo.

En ese contexto, el Gobierno provincial decidió reforzar los controles sobre personal contratado a los fines de garantizar que no haya gente en el Estado sin cumplir una tarea específica. Dicho en otras palabras, limpiar de “ñoquis” la Administración Pública. Para esa tarea, el Ejecutivo cuenta con la colaboración del Tribunal de Cuentas (TC), que viene realizando auditorías en distintas áreas del Estado.

En marzo de este año, el organismo de control dispuso la sustanciación de una comprobación sumaria en el ámbito de la Fiscalía de Estado de Tucumán, a los fines de determinar la existencia de eventuales perjuicios al erario, a partir de una auditoría interna realizada por contadores fiscales de esa área del Gobierno debido a que había empleados transitorios cuya función no estaba claramente establecida.

Dicha auditoría determinó que la Fiscalía de Estado posee 321 cargos para el presupuesto vigente, “de los cuales se encuentran ocupados 179, quedando vacantes 142 cargos. En cuanto al personal temporario, existen 7 agentes con esta condición”, quienes “se encuentran en comisión de servicios”.

Además, se reveló que, tras una verificación de las planillas de asistencia, desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2024, falta de información sobre los horarios de ingreso y egreso de nueve empleados, incluidos los siete temporarios. 

Entre el personal que se menciona en las actuaciones del TC, figuran el ex concejal David Mizrahi, Andrea Amado (hija del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado), Carlos Daniel Robles, Ana Mónica Beverina (ex concejal capitalina), Jorge Ezequiel Molina, María Laura Villagra Vega Nieto, María Belén Barrionuevo y Sergio Abad. La mayoría de estos empleados de Fiscalía de Estado figuran como comisionados o adscriptos a otras áreas del Estado, mientras que en el caso de Abad aparecen en los papeles presentados como “afectados” a prestar servicios en otras dependencias.

Además, a requisitoria del TC, Fiscalía aportó toda la documentación sobre la designación de esos empleados y las funciones que cumplen en esa dependencia o en las áreas donde fueron trasladados en comisión. 

En consecuencia, a través del Acuerdo N° 4286, con fecha del pasado 23 de septiembre, el organismo de control, con las firmas de Miguel Chaibén Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, llegó a la conclusión de que “todos los empleados mencionados cumplen funciones” y que “se pudo constatar la efectiva prestación de servicios (en las áreas donde fueron asignados), con los instrumentos (planillas, registros, e informes ) de los mismos”.

Por esta razón, el TC determinó que “no se advierte daño patrimonial al Estado, ni elementos fácticos que ameriten concretar un cuadro imputacional de responsabilidad en cabeza de algún funcionario, por lo que corresponde la clausura de la presente Comprobación Sumaria, sin imputar responsabilidades y archivar las actuaciones”.

De todos modos, el organismo le advirtió a la Fiscalía de Estado que, a los fines de una correcta readecuación de la estructura organizacional del Poder Ejecutivo Provincial, que “cumpla con los requisitos formales y legales exigidos” para los casos de comisiones y prórrogas de comisiones y servicios, conforme a las necesidades del organismo de origen, ya que se trataría de adscripciones.

Además, el Tribunal de Cuentas le recordó a esa área del Gobierno que “la figura de afectación de servicios no se encuentra contemplada en el Estatuto del empleado público, ni en su decreto reglamentario, ni en otra normativa, razón por la cual deberá ésta ser reconfigurada, donde consten todos los extremos que se exigen en todo acto administrativo de administración de personal (expediente, antecedentes, dictamen jurídico, etc) debiéndose dictar el acto convalidatorio pertinente”.

Conflicto en el Padilla

Un clima de tensión se respira en el Hospital Angel C. Padilla de la Capital, en un conflicto que enfrenta a las autoridades del nosocomio y el gremio de ATSA en torno a la contratación de personal para reemplazos.

La disputa tuvo su génesis en una resolución del Ministerio de Salud Pública que establece un Manual de Procedimiento para la incorporación de personal reemplazante, el cual garantiza que los empleados que ingresen en estas condiciones lo hagan en estricto cumplimiento de la normativa vigente y que el director del Hospital, Jorge Valdecantos, pretende aplicar.

En concreto, la resolución recuerda que Ley 5.908, de Carrera Sanitaria, establece que “ante ausencia del titular sea necesario realizar tareas de carácter imprescindible, podrá nombrarse personal reemplazante, siempre que aquellas no puedan ser realizadas por personal existente”. Además, señala que esa ley prevé que “el reemplazante cesará automáticamente cuando el titular se reintegre a sus funciones o cuando en caso de vacancia, el cargo sea provisto en titularidad”.

El gremio de ATSA se opone a la puesta en vigencia de este sistema de incorporación de reemplazos, que según la Dirección del Hospital tiene como única finalidad que se cumplan con todos los circuitos establecidos por ley, y en consecuencia organizó asambleas a modo de reclamo la semana pasada.

Mientras tanto, el Tribunal de Cuentas inició una auditoría para determinar si en el Padilla hay empleados designados como reemplazos que no cumplan funciones específicas o que lo hagan contrariamente a las disposiciones normativas vigentes.