El Ejecutivo ya tiene el aval para dar beneficios fiscales "a medida" y "pintar escuelas" por valores abultados y sin licitación

La transparencia en la gestión y uso de los dineros públicos volvió a estar sobre el tapete en la sesión que llevó a cabo la Legislatura de la provincia, fundamentalmente en el tratamiento de dos proyectos sobre los que se posaron las miradas más críticas y fueron el centro de diferentes objeciones por parte de las bancadas opositoras.

La primera de las iniciativas en cuestión, estuvo relacionada con el otorgamiento a la firma Transporte Fríos del Norte S.R.L., del beneficio de un reintegro del 30% a la inversión, a través de la entrega de certificados de crédito fiscal, sobre las obras de construcción del "Centro Logístico Sostenible". Como requisitos, la Provincia le solicitará a la compañía una inversión mínima de U$S 15 millones y la incorporación, como mínimo, de 100 nuevos puestos de trabajo permanente con mano de obra local. A su vez, se resalta que la empresa beneficiaria, deberá remitir a la Legislatura y al Poder Ejecutivo Ios informes de inicio, avances y finalización de obra de inversión. En tanto, para realizar la obra, se le establece un plazo máximo de 18 meses, para la edificación de la estructura que estará ubicada en Avenida de Circunvalación Sur.

"La industria tucumana, la cadena de suministro y la logística no pueden desaprovechar este tiempo para sentar las bases de lo que sin duda será una industria y una logística competitiva en los próximos 20 años. Por ello, es tarea de esta Cámara acompañar a estos emprendimientos para asegurar que eso ocurra", justificó Nancy Bulacio (PJ) como miembro informante de la iniciativa en representación de la Comisión de Economía y Producción, ante la mirada de las propietarios y socio gerentes de la firma, María Eugenia Prado y Marta Susana Prado, que se encontraban presentes en el recinto al momento del debate.

En tanto, el justicialista Christian Rodríguez, autor del proyecto, señaló que la empresa en cuestión "tiene 25 años en la provincia, es un emprendimiento familiar y el proyecto en sí que están realizando es muy importante para el desarrollo de la producción local. Cuenta con una flota muy grande de camiones, más de 200, que acreditan el liderazgo en materia de transporte de frío en la región". Además, recordó que, ya en junio pasado, la Legislatura había tratado una iniciativa similar, beneficiando en ese caso a la cervecería y maltería Quilmes, que había decidido invertir U$S8 millones para la ampliación de sus plantas en El Manantial y Acheral, como así también asegurar la creación de 80 nuevos puestos de trabajo.

Al momento de las alocuciones de los referentes de la oposición, la mayor parte de las críticas vertidas estuvo vinculada a la necesidad de que Tucumán cuente con una normativa o bien un régimen fiscal que posibilite y garantice oportunidades de inversión de una forma general, para que cualquier empresa pueda solicitar al Estado este tipo de beneficios, y no analizar caso por caso, puesto que, de esta forma se estarían sancionando leyes con "nombre y apellido" a la medida de las necesidades particulares de las empresas solicitantes.

Controles y dudas

En este sentido, así lo hizo notar el representante de la Libertad Avanza en el recinto, José Macome quien adujo que "seguimos con el problema de poner el nombre y apellido al fomento a las inversiones, que son necesarias y estoy de acuerdo con ellas, pero siempre creemos que es mejor hacer un convenio marco donde todas las empresas del rubro por lo menos tengan la posibilidad de acceder a este tipo de beneficios y no que sea una empresa puntual", reclamó, aunque aclarando que acompañaría con su voto positivo la norma.

Por su parte, quien también dio su aval a la iniciativa fue Alfredo Toscano (Partido por la Justicia Social) más allá de no compartir la metodología parlamentaria y administrativa con la que se lleva a cabo el análisis y concreción del proyecto. Sin embargo, advirtió que la firma frigorífica mantendría deudas con el Estado provincial, por lo que solicitó ahondar y profundizar en los controles para asegurar el cumplimiento de los requisitos que se establecen para poder recibir el beneficio fiscal. "Si no cumplen con lo que prometen estamos haciendo el papel de pavo. Deberíamos poner que nos informen cuántos empleados tienen y cuantos tendrán cuando terminen la obra. Es alarmante que no controlemos cuando nos prometen que van a generar empleo. Es muy perfectible esta ley pero tenemos que ser fieles fiscales para que la empresa cumpla en lo que se compromete", resaltó el dirigente alfarista.

En efecto, Carlos Gallia (PJ) confirmó que la empresa mantenía un pasivo con Rentas de la Provincia, si bien no precisó cifras ni números, razón por la cual se había decidido que este proyecto volviese a comisión en la sesión de la Cámara efectuada el 16 de octubre pasado, con el objeto que pueda regularizar su situación impositiva y así acceder al reintegro que los empresarios solicitaban al principio. Situación que, de acuerdo a las fuentes oficialistas, ocurrió y la compañía ya estaría ajustada a derecho en cuanto a su cumplimiento fiscal.

Quien comenzó a elevar el tono de los cuestionamientos fue el radical José Cano que cuestionó ,en primera medida, que en aquel entonces no se haya advertido de la deuda por parte de la firma y, seguidamente, recalcó que hubo un error en el direccionamiento de las comisiones para el estudio del proyecto, puesto que solamente Economía y Producción estuvo a cargo de su análisis, dejando afuera a la comisión de Presupuesto y Hacienda, pues el eje de la discusión y la temática que aborda el proyecto están relacionados justamente con ejecuciones presupuestarias del gobierno provincial.

"Yo me pregunto: con qué criterios a algunas empresas les decimos que sí y a otras les decimos que no cuando se traten del mismo rubro y nos soliciten estas exenciones", insistió el parlamentario de la UCR al sostener que se debe tener un marco general para el tratamiento de estos proyectos. Incluso, cuestionó que solamente sea un requisito el aspecto de generación de empleo. "No puede ser el único parámetro para fomentar las inversiones. Lo cualitativo también tiene que tener algún tipo de injerencia", protestó Cano.

Tucumán, la gran sastrería

Tras señalar que en Tucumán existen más de cien empresas de transporte y refrigeración y que no es la idea que a cada una de ellas se les otorgue este tipo de concesiones, Eduardo Verón Guerra (Fuerza Republicana) señaló que su voto iba en sentido negativo.

Por su parte, Manuel Courel (Valores para Tucumán) lamentó "que sigamos haciendo leyes de trajes a medidas, sin capacidad de hacer una ley de fomento a la inversión como corresponde".

A manera de réplica a las observaciones críticas que se estaban vertiendo en el recinto, el jefe de la bancada peronista, Roque Tobías Álvarez, aseveró que lo debatido refiere a normas que "no son trajes a medida de nadie. De lo que se trata es de tener fé y confianza en el sistema, en la Legislatura y en la previsibilidad jurídica que otorgan las leyes", atinó a manifestar. Además, coincidió en la necesidad de establecer controles sobre el grado de cumplimiento que puede garantizar la empresa luego de recibir el beneficio, sin embargo, dejó aclarado que no es competencia de la Cámara esta labor. "No es un problema del legislador, quien tiene que velar por el cumplimiento es el Ejecutivo, porque nosotros no recaudamos y no distribuimos la plata. Solo damos las instrucciones de cómo debe hacerse a través de las leyes de la provincia".

Otro de los legisladores radicales en el recinto, como es el caso de Agustín Romano Norri dejó asentada su postura en torno a la falta de normativas para el tratamiento de este tipo de propuestas. "La ley de fomento no existe en Tucumán y es necesario tener una. Como la tienen Catamarca, La Rioja o Santiago del Estero. Si no aprobamos una ley como esta, las empresas obviamente se irán a otras provincias donde sí tienen esos beneficios", señaló. Paralelamente, informó que en la Legislatura existen varios proyectos que versan sobre la temática pero afirmó que "el gobernador no tiene la voluntad de tener un proyecto de fomento a nivel provincial". Finalmente, y pese a las objeciones, adujo que votaría afirmativamente puesto que "no podemos decirle que no a esta empresa tucumana y familiar que apuesta a la provincia. Hay que darles las herramientas para que sigan invirtiendo", se justificó.

Al momento de tomar la palabra, otra correligionaria, Silvia Elías de Pérez se quejó de que "no solo hacemos las leyes, claro que nosotros tenemos la obligación de controlar. Los empresarios van a provincias aledañas donde tienen leyes claras. Tienen que tener certezas a la hora de invertir bajo una ley general", razonó. La particularidad, es que con otros proyectos similares, la radical había votado en contra en esas oportunidades, sin embargo, ahora cambió su postura, pues alegó que esta iniciativa "se trabajó de manera transparente".

La alocución de Gerónimo Vargas Aignasse (PJ) estuvo direccionada a confrontar con los cuestionamientos sobre los controles que deben recaer al momento de otorgar beneficios que salen de las arcas públicas del Estado provincial. "Los legisladores no podemos convertirnos en organismos fiscalizadores de la inversión. Eso lo tienen que hacer las áreas ejecutivas que saben de lo que hablan".

En torno a los proyectos "con nombre y apellido" como lo calificaron desde la oposición, el justicialista defendió la iniciativa al sostener que "los trajes a medida, son a medida de los que están dispuestos a invertir en Tucumán. Por eso nos tenemos que convertir en una sastrería de trajes a medida de empresas tucumanas que quieren invertir en la provincia y generar fuentes de empleos", exaltó.

Finalmente, y en una breve argumentación, Claudio Viña (Nueva Fuerza) señaló que votaría en contra e hizo alusión a la oportunidad que se le abre a las compañías con este tipo de discusiones que no están amparadas bajo un marco legal. "De esta manera, los empresarios pueden amenazarnos que se irán de la provincia para que así les entreguemos subsidios". En paralelo, ironizó sobre el costo del beneficio que el Estado asumirá con la firma: "Si tenemos en cuenta que son cien puestos de trabajo nuevos, nos estarían costando casi $150 millones cada empleado, ¿carito, no?", expresó.

Al momento de la votación, terminó imponiéndose por mayoría la aprobación del proyecto y dejando expuesta la división de la oposición en el tratamiento y posicionamiento sobre esta norma.

"Pintar escuelas"

Otra de las iniciativas que levantó polémica en la discusión parlamentaria, estuvo relacionada con el decreto elevado por el Poder Ejecutivo que pretende actualizar los montos fijados para que las Direcciones de Arquitectura y Urbanismo, Provincial del Agua y de Materiales y Construcciones Escolares puedan concretar obras a través de contratación directa o cotejo de precios, sin incurrir en la metodología de licitación pública, para trabajos, que se realizarán por administración como así también a través de la contratación con terceros.

El proyecto remitido al parlamento, propuso modificaciones en en el artículo 1° de la Ley N° 9.470 y el artículo 1, inciso c) del Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia

N° 113 (ME) de fecha 26 de marzo de 2018. En tales disposiciones se establecían montos de $800.000 y $90.000, respectivamente, para ser utilizados por los organismos referidos con anterioridad. La pretensión de Gobierno es que tales cifras se eleven a $59.033.783,87 y $5.903.378,38, totalizando una suma aproximada a los $64,9 millones, lo que redunda en un incremento final (tomando en cuenta la suma de ambos montos) en el orden del 7.192%.

Quien defendió, en primera instancia, el proyecto fue Tulio Caponio al argumentar que "es una necesidad para Construcciones Escolares, porque entramos en el periodo donde dicha Dirección tiene que refaccionar y acondicionar los establecimientos de la provincia para arrancar con un normal funcionamiento en marzo del año que viene", señaló, a modo de justificar el por qué se evita el proceso de licitación pública, que condicionaría las labores por una cuestión de tiempos administrativos.

En tanto, su compañero de bancada Carlos Gallia informó que, para llegar a los nuevos montos señalados en el decreto, "se tomó el índice que elabora el Ministerio de Obras y Servicios Públicos para la redeterminación de precios de la sobras. Son números que los tiene el Tribunal de Cuentas o la Cámara de Construcción y bajo esas consignas se hizo la actualización", destacó.

Aclaró, seguidamente, que hasta los $5,9 millones "no hay necesidad de pedir cotización de precios , desde ahí para arriba (en los montos) se tienen que pedir hasta tres presupuestos para poder hacer la compra".

Al turno de tomar la palabra, Elías de Pérez cargó directamente contra la figura del gobernador Osvaldo Jaldo al enviar este tipo de iniciativas al Parlamento. " Yo lo escucho al gobernador que se la pasa hablando de transparencia, pero lo que firma es lo contrario, dice una cosa con la boca y hace otra cosa con la mano. Y todos los tucumanos vemos que necesitamos más infraestructura que no tenemos", espetó.

"Se mostró lo peor con estas herramientas, porque tientan, y los tentados caen, y después lloramos todos porque hacen uso y abuso de los dineros públicos", adujo al recordar el caso de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo en el año 2013, cuando se detectaron supuestas anomalías en la ejecución de 86 obras públicas (sobre unas 500 inspeccionadas) que habían sido ejecutadas mediante el sistema de contratación directa habilitado por la ley 7.960. Esta normativa de excepción a la Ley de Administración Financiera permitía a la DAU comprar materiales y abonar servicios (mano de obra) en casos de necesidad y urgencia.

"El único camino que hay es cumpliendo la ley de Administración Financiera para garantizar, fundamentalmente, la eficiencia en la gestión y en el uso de los recursos públicos. Es como el gran marco legal de toda la administración, de toda la contabilidad, de los presupuestos. Entonces no busquemos más atajos", reclamó la opositora al argumentar su votación en contra de la iniciativa.

En tanto, Manuel Courel cuestionó los índices que adujo el oficialismo para establecer los parámetros de incremento en los montos establecidos por el Ejecutivo. "No son los correctos, están totalmente sobrevaluados" advirtió y señaló que el valor de aumento sería "del 1.124% en forma correcta y no arbitraria, por lo que la suba total debe haber sido aproximadamente a $10,8 millones", en lugar de los $59 millones solicitados. También el radical expuso su voto en contra del proyecto.

Para el alfarista Walter Berarducci, "más que discutir el monto o el índice, hay que rever la falta de planificación, porque los directores de estos organismos conocen de la reparaciones que tienen que hacer, cuáles son las necesidades, deben planificar las obras de corto, mediano y largo plazo, según el tipo de presupuesto y aquellas que necesiten de excepciones intervenir inmediatamente. Pero si se necesita obviar la Constitución y las leyes para pintar una escuela, hay que hablar de un déficit de gestión", se quejó el parlamentario.

Agustín Romano Norri consideró que esta norma es una herramienta "para la discrecionalidad, para enturbiar los procedimientos, para que no sean lo suficientemente transparentes de lo que deben ser. Me parece que esto sería un retroceso, es totalmente excesivo porque no tenemos ni la necesidad en una cuestión económica ni tampoco por una cuestión de impedimento de los procesos administrativos", remarcó, dejando en claro también su postura contraria a la medida.

Caponio, a modo de defensa de las críticas emanadas desde las bancadas refractarias al oficialismo señaló que "no hay que tener miedo a pedir las rendiciones de cuentas, la personas que tengan que controlar estos gastos lo tendrán que hacer. Pero tenemos que dar las herramientas necesarias al Ejecutivo para que realice las obras. Si hay dudas de transparencia o mal gasto de los fondos, que recurran a los entes para hacer las denuncias respectivas", consideró.

Finalmente, en la votación, el justicialismo hizo valer su amplia mayoría en el recinto para avalar el polémico proyecto.