Denuncian un "conchavo político" mediante un DNU para controlar al interventor del ERSEPT

En una sesión atravesada por reproches cruzados, el oficialismo tucumano logró validar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incorpora una subintervención en el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) a cargo de la abogada Ingrid Lausberg. La medida fue calificada por la oposición como una maniobra para vigilar políticamente la gestión del actual interventor, José Ricardo Ascárate, y como un premio a favores judiciales previos. Mientras el Gobierno fundamentó la urgencia en la necesidad de "reforzar la atención de la función administrativa", los legisladores opositores denunciaron que se trata de una estructura burocrática innecesaria que no resuelve el problema de fondo: la deficiente prestación de servicios y el encarecimiento de las tarifas que pagan los ciudadanos.

El legislador Claudio Viña (Compromiso por Tucumán-foto inferior) abrió el debate comparando la sucesión de decretos con una pieza teatral: “Este DNU original surge como una obra de teatro que tiene tres actos. El gobernador Osvaldo Jaldo interviene el ERSEPT mediante el DNU 3/1 del 15 de marzo de 2024, estableciendo un plazo inicial de 120 días. Segundo acto: Apenas cinco días después, el 20 de marzo de 2024, se emite el DNU 4/1. En este acto se desplaza al Ministro de Economía como interventor para designar en su lugar al ingeniero José Ricardo Ascárate. Además, se extiende la duración de la intervención de los 120 días originales a 1.322 días, lo que proyecta la medida hasta el final del mandato gubernamental en octubre de 2027. Finalmente, se llega al tratamiento del DNU 2/3 del 29 de abril de 2026, mediante el cual el gobernador inventa el cargo de subinterventora del ERSEPT. ¿Cómo se llama la obra? Ascárate, te estoy controlando”. Viña cuestionó la naturaleza del cargo al señalar que el interventor ya posee facultades para designar asesores sin necesidad de un decreto de rango legislativo: “El interventor tendrá en su presupuesto y en sus capacidades de designar asesores contables, jurídicos de todo tipo, porque pareciera que esta es la misión de la subinterventora, como si no fuera esto posible hacerlo a través de asesores”.

Para contextualizar, el DNU 2/3 (MEyP) enviado por el Ejecutivo establece la subintervención "con competencia funcional específica en materia administrativa y financiera, sin perjuicio de las competencias propias de la Intervención".

Por su parte, Agustín Romano Norri (Movimiento Radical), quien dictaminó en minoría rechazar el DNU, advirtió que esta medida profundiza el vaciamiento de facultades de la Legislatura: “Hoy vemos que están poniendo alguien para controlar o están pagando algún favor. Hoy creo que es la sesión de la devolución de gentileza”. Asimismo, vinculó la designación con actuaciones previas de la abogada: “La subinterventora es la misma que hizo la presentación para voltear el estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán. Hoy también le estamos premiando esta Legislatura a alguien que le ha dado un fallo favorable a un sector de la justicia o a un sector del gobierno”.

A su turno, José Cano (Radicalismo Federal) fue tajante al describir la situación como un alejamiento de la normalidad institucional: “Tucumán no puede tener Subsidio de Salud, Caja Popular, el ERSEPT intervenido, porque terminan siendo un apéndice del Poder Ejecutivo”. Cano recordó el paso de Lausberg por la vicepresidencia de la televisión pública provincial: “Tuvo una participación realmente lamentable como en la vicepresidencia del Canal 10, propiciando denuncias judiciales que quedaron en la nada, además de una brutal caída en la facturación de publicidad del canal”. Finalmente, sentenció: “Honestamente, no encuentro absolutamente ninguna fundamentación, salvo que estamos creando otro conchavo político, para poner y designar personas que el único mérito que tienen es haber sido amanuense del Ejecutivo”.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo justifica la medida argumentando que "la organización y funcionamiento del ERSEPT implica el desarrollo de numerosas funciones y requieren en esta instancia reforzar la atención de la función administrativa del ente, con autonomía exclusiva en dicha materia".

Sin embargo, Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) cuestionó la idoneidad técnica para tal fin: “Ponen a alguien con competencia específica administrativa financiera. No, ponen una abogada especialista en Derechos Humanos y género, para que vea específicamente administración y finanzas”. Además, alertó sobre la "ambigüedad" del cargo: “Creamos una subintervención con competencia administrativa financiera de manera ambigua. Esto no deja claro si la subintervención puede tomar decisiones propias, si actúa por delegación, cuál va a ser su régimen de responsabilidad, lo único que va a traer va a ser más problemas con competencias difusas”.

Desde una perspectiva económica, José Seleme (Avanza Tucumán) fustigó la falta de prioridades: “En nuestra provincia las urgencias no son reparar nuestras escuelas. La emergencia parece ser que es seguir creando cargos políticos. Seguimos dándole al despilfarro”. Seleme concluyó que la creación de esta nueva oficina ocurre “mientras las tarifas de la energía eléctrica vuelan por los aires, se hacen casi impagables para los tucumanos”.

En defensa de la medida, Gerónimo Vargas Aignasse (PJ-foto superior) sostuvo que la urgencia es un concepto subjetivo del Mandatario: “Debatir aquí la categoría jurídica de la necesidad y urgencia es un absurdo, porque el concepto de necesidad y urgencia es netamente subjetivo. Lo que puede serlo para el gobernador puede no serlo para algún legislador de la oposición”. Respecto a las críticas sobre Lausberg, afirmó: “Si a alguno no le gusta la subinterventora porque defendía los trapitos, a los sectores populares o los que no pueden pagar grandes estudios jurídicos ¿por eso no tiene capacidad para ser subinterventora? porque defendía a los negros”.

Finalmente, Carolina Vargas Aignasse justificó el uso del DNU por una cuestión de coherencia administrativa: “Esta decisión que se hace por DNU lo que está haciendo es seguir un paralelismo de formas, ya que la primera la intervención se hizo por DNU, la designación del ingeniero Ascárate se hizo por DNU”. No obstante, marcó distancia sobre la técnica: “Realmente no creo que sea una buena práctica el hacer designaciones por decreto de necesidad y urgencia porque es una atribución que la tiene el Poder Ejecutivo”. Sobre el supuesto control a la intervención, defendió al titular del ente: “Decir que se está poniendo una subinterventora para controlar al interventor me parece primero una falta de respeto hacia el ingeniero Ascárate, es una persona que tiene su criterio, que tiene su responsabilidad en el ejercicio de la función”.