El gobernador Osvaldo Jaldo promulgó la ley de creación del Registro Provincial de Antecedentes Personales, un sistema que permitirá la digitalización del acta que da constancia de “buena conducta”, en la que se refleja si una persona cuenta o no antecedentes penales o procesos pendientes y que habitualmente es solicitada en entrevistas de trabajo.
El Registro Provincial de Antecedentes Personales funcionará en el Departamento General de Policía y tendrá la misión de centralizar la información referida a las denuncias, procesos penales y contravencionales sustanciados en todo el territorio de la provincia e informar sobre los antecedentes penales y personales de todos los ciudadanos mayores de 16 años.
La Ley N° 9790, publicada en el Boletín Oficial, tiene como objetivo “consolidar a los derechos digitales de las personas como derechos humanos y la modernización del Estado como garantía de eficiencia y transparencia”, explica en sus fundamentos.
Asimismo, establece que el Registro se formará con información digital aportada por el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Tucumán y el Servicio Penitenciario, donde quedará plasmada información de cada ciudadano en hechos como prisión preventiva, rebeldía, elevación a juicio, probation, medidas de seguridad, requisitorias de citación, entre otras. También, se incluirán datos personales, como fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil, empleo o profesión, nombre y apellido de los padres y características relevantes que faciliten la identificación, entre otras.
La norma prevé que “los informes emitidos por el Registro consignarán, con las limitaciones previstas en el Artículo 51 del Código Penal, todos los antecedentes penales y contravencionales registrados en el prontuario, debiendo constar las referencias específicas de cada antecedente: fecha, sobreseimientos, absoluciones, amnistías, indultos, condenas cumplidas y pendientes y causas en trámite”.
Con la nueva normativa vigente, el certificado de antecedentes, conocido popularmente como “de buena conducta”, se otorgará en formato PDF con un sistema de doble validación que determinará el registro y será enviado al correo electrónico del solicitante. Tendrá una validez de tres meses.
El interesado deberá gestionar el certificado a través de la página web oficial habilitada por el Registro, siguiendo el protocolo de validación de identidad previsto a tal efecto. También, se fijó un arancel por la emisión del certificado digital se fije según su urgencia. Por ejemplo, si se solicita la emisión en un plazo de 72 horas hábiles, el valor será equivalente a un litro de nafta súper de YPF (actualmente en $ 1.106). En cambio, si un ciudadano pide que el certificado se expida en un plazo de 24 horas hábiles, el equivalente serán tres litros ($ 3.318). Se exceptúa del pago a jubilados con haberes mínimos o personas que acrediten certificado vigente de discapacidad.
Por otro lado, en el caso de que una persona detecte que la información brindada por el Registro no se corresponde con el estado procesal de su causa u otro dato inexacto, deberá gestionar a través de la página web del Registro la rectificación de los datos, para lo cual deberá presentar la documentación que la avale. Una vez validada la información el Registro emitirá un nuevo Certificado sin costo para el interesado, en el menor plazo posible.
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