
Imagen aérea del predio. Foto La Gaceta.
La protección de Campo Norte tomó un nuevo impulso legislativo con la presentación de un proyecto de ley que busca otorgarle un estatus jurídico superior para evitar su progresiva división. La idea central de la propuesta es integrar este predio al Sistema de Protección del Patrimonio Cultural de la Provincia (Ley N° 7500), bajo la categoría de “Otros Conjuntos Urbanos de Interés”, garantizando así su carácter de bien de valor paisajístico, ambiental, histórico-urbano y social.
El proyecto surge en un contexto donde la integridad del terreno se vio amenazada por constantes cesiones y subdivisiones, planteando que su resguardo no es solo una necesidad ecológica, sino una decisión de política pública de largo plazo que asegure el derecho de las futuras generaciones a un entorno urbano sostenible.
Esta iniciativa legislativa se alinea con los recientes anuncios de la Fiscalía de Estado, cuya titular, Gilda Pedicone, confirmó días atrás que el Gobierno provincial ha definido como prioridad la recuperación de estas tierras fiscales. Pedicone subrayó que Campo Norte es “casi la única joya de espacio abierto que nos está quedando dentro del radio urbano” y ratificó la determinación del Ejecutivo de intervenir formalmente en el predio para “desocupar, ordenar, iluminar, parquizar, generar accesos y vigilancia”, con el fin de transformarlo en un parque urbano real para la comunidad.

El proyecto de ley, encabezado por Agustín Romano Norri (foto superior) cuenta con el acompañamiento de diversos referentes de la oposición, entre ellos los legisladores José Seleme, Manuel Courel, Rodolfo Ocaranza y Evangelina Nievas. En la iniciativa se fundamenta que, pese a que leyes previas ya lo declararon de utilidad pública para la creación de un parque, el inmueble aún no cuenta con una protección formal que impida su fragmentación. Al respecto, el documento sostiene: “El reconocimiento como bien integrante del Patrimonio Cultural Provincial fortalece su protección jurídica, impidiendo su fragmentación o utilización incompatible con su finalidad ambiental y social”.
En su exposición de motivos, Romano Norri advierte que la capital tucumana presenta un índice de espacios verdes por habitante inferior a los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Por ello, considera que Campo Norte constituye una reserva territorial clave para “mitigar efectos del cambio climático, reducir contaminación atmosférica, mejorar calidad de vida urbana y preservar la biodiversidad urbana”. Según los fundamentos de la norma, el sector representa un “verdadero pulmón verde urbano, cuya unidad territorial ha sido progresivamente afectada por cesiones y subdivisiones que amenazan su integridad y su destino público”.
Finalmente, el texto legislativo es taxativo al señalar que esta incorporación no pretende invadir competencias municipales, sino otorgar un marco de tutela superior. El parlamentario radical concluye en el documento que “incorporar el Campo Norte a la Ley 7500 no es sólo una decisión ambiental; es una decisión de política pública de largo plazo, que garantiza a las futuras generaciones el acceso a espacios verdes de calidad y consolida un modelo de desarrollo urbano sostenible”.