
Tal como lo indicaban todas las previsiones políticas, no hubo sorpresas en la sesión especial de la Legislatura y Agustín Fernández fue designado como el nuevo Defensor del Pueblo de Tucumán. El ex diputado nacional, que contaba con el aval explícito del Poder Ejecutivo, obtuvo el respaldo de los 38 parlamentarios que integran la bancada del Partido Justicialista y sectores aliados. Por su parte, la candidata Claudia Boyanovsky cosechó seis adhesiones de la oposición, mientras que se registraron cuatro abstenciones y el tercer integrante de la terna, José Alcaraz, no obtuvo ningún voto.
La jornada estuvo signada por la polémica y una atmósfera de tensión, alimentada por las críticas opositoras que denunciaron la subordinación de la institución al poder político de turno y cuestionaron con dureza el abultado presupuesto y la estructura burocrática de la Defensoría.
Al inicio del debate, y tras una moción de la legisladora Carolina Vargas Aignasse —presidenta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Acuerdos—, el cuerpo acordó apartarse del reglamento para permitir que los parlamentarios fundamentaran su voto durante tres minutos. Vargas Aignasse defendió la transparencia del proceso señalando que fue “absolutamente ajustado a los términos y condiciones que establece la ley” y que se agregó una etapa de entrevistas, no prevista originalmente, para escuchar a los postulantes. Sin embargo, el legislador Walter Berarducci (Compromiso por Tucumán) se opuso al apartamento reglamentario por considerarlo “inoportuno”, argumentando que el reglamento es taxativo al prohibir debates en este tipo de votaciones. Finalmente, el cuerpo avaló la moción para la posibilidad de expresarse por parte de los legisladores, tras una breve alocución del Secretario parlamentario Antonio Pérez, quien manifestó que se admitía este corrimiento en el reglamento para que "no quede el halo que hubo imposiciones ni cesiones" a la hora de la votación.

Desde la oposición, el eje central de las críticas fue la falta de independencia del nuevo Ombudsman. Claudio Viña (Compromiso por Tucumán) fue uno de los más incisivos al utilizar una metáfora sobre el origen de la designación: “La independencia viene envasada al vacío y justamente el gobernador se anticipó, rompió el packaging, abrió ese envase de independencia el día que sentó al licenciado Agustín Fernández en su despacho y le dijo: 'Vos vas a ser'”.
En sintonía, José Macome (Compromiso con la Lealtad) solicitó su abstención argumentando que “ninguno de los candidatos logra la independencia necesaria del Poder Ejecutivo” y que la elección responde a un “modelo de control institucional” con el que no coincide.
Por su parte, José Cano (Radicalismo Federal), aunque reconoció la capacidad de los ternados, advirtió sobre la pérdida de credibilidad de las instituciones cuando estas se transforman en “un espacio que nada tiene que ver y absolutamente desvirtuado con el rol constitucional”.

Otro punto de fuerte fricción fue el costo de mantenimiento del organismo. El legislador José Seleme (Avanza Tucumán) calificó de “vergüenza” que la Defensoría proyecte un presupuesto para 2026 de casi 10.000 millones de pesos en una provincia empobrecida. Seleme cuestionó el organigrama actual, comparándolo con “un ministerio sin ministro” que cuenta con 21 secretarías y 12 direcciones: “Esta estructura suena más a un privilegio que a una solución para los tucumanos. La política cada vez más cara, más casta, más vergonzosa”.
En la misma línea, Manuel Courel (Cambia Tucumán) cuestionó el crecimiento de la planta de personal, señalando que en pocos años se pasó de 300 a casi 500 empleados: “¿Qué hacen esas casi 500 personas? ¿Cuáles son los resultados concretos de este organismo?”.
En defensa de la postulación de Fernández, el oficialismo resaltó su idoneidad y su vocación de servicio. Gerónimo Vargas Aignasse rechazó las críticas que calificó de “miradas apocalípticas” y reivindicó la figura del ex intendente de Aguilares: “Agustín Fernández represente al pueblo. No es nuevo, lo ha hecho bien y cuando tuvo que decir sí, dijo sí y cuando tuvo que decir no, dijo no”. Gabriel Yedlin también anticipó su voto positivo destacando el compromiso de Fernández para generar el “órgano de revisión de la ley de Salud Mental”, una deuda pendiente desde hace 15 años. Finalmente, Mario Leito buscó desmarcar la elección de una cuestión meramente partidaria al recordar que el electo Defensor “no nace en las filas del peronismo, lo reivindican como radical histórico”, lo cual demostraría que su elección se basa en su “capacidad y sus convicciones”.

El cierre de la sesión estuvo marcado por un fuerte altercado reglamentario. Al finalizar la votación, el presidente de la bancada del PJ, Roque Tobías Álvarez, intentó hacer uso de la palabra nuevamente para replicar las críticas opositoras, afirmando: “No sabía que iban a hablar tantas barbaridades”. Ante esto, el presidente subrogante del parlamento, Sergio Mansilla, le impidió continuar, argumentando que hablar nuevamente significaría “violar el reglamento”. La negativa de Mansilla provocó el enojo de Álvarez, quien, en un gesto de evidente malestar, apartó con un golpe el micrófono (foto superior).
Como nota de color, es dable resaltar que Tomás Cobos, hijo del actual Defensor del Pueblo, votó a favor de Fernández ajustándose al alineamiento del bloque oficialista. Aunque decidió abandonar el recinto de sesiones momentos antes que Fernández tome juramento de su cargo.
Tras el escrutinio final, (en donde vale señalar que Boyanovsky obtuvo el respaldo de Berarducci, Ricardo Bussi, José Cano, Silvia Elías de Pérez, Claudio Viña y Eduardo Verón Guerra. En tanto que las abstenciones vinieron de parte de Manuel Courel, Macome, Seleme y Agustín Romano Norri) Agustín Fernández prestó juramento ante la presencia de los otros dos candidatos de la terna, cerrando así un proceso institucional que deja abierta la incógnita sobre el futuro perfil de la Defensoría del Pueblo.