Alperovich volvió a pedir la prisión domiciliaria por razones de salud

El exgobernador José Alperovich volvió a solicitar a la justicia que le conceda la prisión domiciliaria por razones de salud, a ocho meses de haber sido condenado a 16 años de cárcel por el abuso sexual de su secretaria segunda y exsecretaria, quien lo denunció en 2019.

En el escrito, presentado por el defensor Maximiliano Rusconi, se advierte que el exmandatario tucumano entre 2003 y 2015 sufre “un deterioro progresivo e irreversible” que se agravó debido a las condiciones en los que permanece preso en un pabellón que comparte con otros 25 condenados por delitos sexuales.

El planteo está en manos de la Cámara de Casación, mientras que la Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no resuelve la apelación que presentó Alperovich contra el fallo dictado por el juez Juan María Ramos Padilla el 18 de junio de 2024, que lo condenó por el delito de abuso sexual agravado tras un juicio que se extendió durante cinco meses.

Esta semana, se conoció que el fiscal Guillermo Marijuan imputó al exgobernador de Tucumán y a su esposa, la exsenadora Beatriz Rojkés, en una causa penal por enriquecimiento ilícito.

Alperovich fue denunciado en 2019 por su sobrina segunda y exsecretaria privada, quien aseguró que la agredió sexualmente en reiteradas oportunidades, tanto en Tucumán como en Buenos Aires, entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.

El 18 junio año pasado, luego de un largo proceso oral y público donde comparecieron decenas de testigos, el juez Ramos Padilla consideró probadas las acusaciones, dictó la condena de 16 años de cárcel contra Alperovich y ordenó que esa misma noche sea trasladado al penal federal de Ezeiza. El juez determinó que debe cumplir con esa modalidad de prisión preventiva por considerar que, con sus contactos políticos, su dinero y la cuota de poder que todavía mantiene Alperovich podría entorpecer el accionar de la Justicia o fugarse. Con esos argumentos, tanto Ramos Padilla como la Cámara Nacional de Casación Penal ya rechazaron los planteos que presentaron tanto el exgobernador como su familia para que se le conceda el arresto domiciliario.

Ahora, a casi ocho meses de su detención, Alperovich volvió a solicitar que la prisión preventiva se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario, con el argumento de que los problemas de salud que arrastra le impiden recibir un tratamiento adecuado en prisión. En este sentido, señaló que el Servicio Penitenciario Federal presenta limitaciones operativas para brindar la asistencia médica que necesita Alperovich. Por esa razón, la defensa propuso que, en caso de que la Justicia considere que existen riesgos de fuga o entorpecimiento de la investigación, se implementen medidas de seguridad como la colocación de un dispositivo electrónico de monitoreo o tobillera electrónica. Argumentaron que, dado que los testigos ya declararon y el debate oral concluyó, no habría razones para impedir su permanencia en el domicilio familiar en Puerto Madero.

En el escrito presentado por el abogado Rusconi, se advierte que el exgobernador sufre un “deterioro progresivo e irreversible” que se ha agravado debido a las condiciones de su encarcelamiento. El letrado sostuvo que “la rehabilitación de alta complejidad necesaria para su condición no puede ser adecuadamente proporcionada en un entorno carcelario, lo que conlleva un riesgo de deterioro continuo y complicaciones graves”. El defensor recordó que a su defendido lo asisten principios jurídicos como “la humanidad de las penas, la prohibición de tratos crueles e inhumanos, y el derecho a la salud de las personas privadas de libertad”, principios que, al tratarse de una prisión preventiva sin condena firme, “deben aplicarse con mayor rigor”.

Alperovich, quien fue gobernador de Tucumán durante tres períodos consecutivos, entre 2003 y 2015, cumplirá 70 años en abril, por lo que la defensa estima que en esta ocasión la Justicia finalmente le concederá el beneficio de la prisión domiciliaria hasta tanto recaiga sentencia definitiva.

La ley 24.660 establece la facultad de conceder la detención domiciliaria, entre otros, a los imputados mayores de 70 años, pero no se trata de una obligación. La Procuración General había establecido que se debían brindar argumentos de que el encarcelamiento implicaba el trato cruel, inhumano o degradante del detenido, o la restricción de derechos fundamentales que la prisión no debe afectar.