Provincia y Nación se unen para proteger los derechos indígenas y garantizar su voz en las decisiones del Estado

El derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada es un pilar fundamental para garantizar la participación activa de los pueblos indígenas en las decisiones que impactan en sus territorios, recursos naturales y formas de vida. En un paso significativo hacia el cumplimiento de este principio, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), bajo la presidencia de Claudio Bernardo Avruj, protocolizó a través de la Resolución 117/2025, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el pasado 24 de julio, un Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica con el Gobierno de la Provincia de Tucumán. Este acuerdo, rubricado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y el secretario de Estado de Derechos Humanos, Mario Racedo, busca implementar acciones conjuntas para promover el ejercicio pleno de los derechos indígenas, en cumplimiento de los postulados constitucionales y los estándares internacionales.

La Resolución detalla que el convenio "tiene por objeto establecer acciones conjuntas y coordinadas, las que, en el marco de sus respectivas competencias, implementarán actividades, capacitaciones, intercambio de información y realización de estudios para el desarrollo de la aplicabilidad del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos Indígenas”. Este acuerdo materializa el mandato del Artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que establece la obligación de “asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.

El Convenio también se alinea con el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Argentina mediante la Ley N° 24.071, que estipula que los gobiernos deben “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. En este sentido, el acuerdo entre el INAI y Tucumán responde a un compromiso histórico y constitucional para garantizar el respeto a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, promoviendo un diálogo intercultural que respete sus instituciones y aspiraciones.

El Convenio, firmado en el marco de las facultades concurrentes de la Nación y las provincias, refleja el principio de federalismo concertado. Según la Resolución reflejada en el Boletín Oficial, “las facultades concurrentes no sólo tienen raigambre histórica, sino que responden a los lineamientos básicos de un régimen federal equilibrado, que no puede prescindir de las múltiples y variadas realidades locales”. En este contexto, la Provincia de Tucumán, a través de la Ley N° 5.778, adhiere a la Ley Nacional N° 23.302 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes, reforzando su compromiso con la protección de los derechos indígenas.

El documento del Convenio detalla que “la Provincia de Tucumán en el Artículo 149 de su Constitución Provincial reconoce la preexistencia étnico-cultural, la identidad, la espiritualidad, y las instituciones de los Pueblos Indígenas que habitan el territorio provincial”. Esta base normativa, combinada con la Ley N° 23.302 y el Convenio 169 de la OIT, establece un marco sólido para la colaboración entre el INAI y el gobierno provincial. De esta manera, ambas partes, "coordinarán y cooperarán para establecer las acciones tendientes, en el marco de la legislación nacional y provincial vigente y respetando las competencias de ambas jurisdicciones bajo el principio de federalismo concertado, al establecimiento de los mecanismos para la elaboración de normativa e instrumentos que habiliten los procesos de Consulta Previa, Libre e Informada en la Provincia”, señala el Convenio.

El Convenio establece una serie de acciones específicas para cumplir con su objetivo. Entre ellas, se destaca la organización de “talleres locales informativos focalizados para Comunidades de Pueblos Indígenas y las instituciones representativas de los pueblos sobre los mecanismos y alcance de la Consulta Previa, Libre e Informada”. Estas actividades buscan no solo informar, sino también capacitar a las comunidades y sus líderes para que puedan participar activamente en los procesos de toma de decisiones que las afecten.

Garantizar la participación de las comunidades

Además, el acuerdo subraya la importancia del intercambio de información y la realización de estudios conjuntos para fortalecer la aplicabilidad del derecho a la consulta. “El presente Convenio tiene por objeto establecer acciones conjuntas y coordinadas entre las partes, las que, en el marco de sus respectivas competencias, implementarán actividades, capacitaciones, intercambio de información y realización de estudios para el desarrollo de la aplicabilidad del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos Indígenas”, indica el texto del Convenio.

La Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas del INAI, creada por el Decreto N° 702/2010, juega un rol central en este proceso. Según la Resolución, esta dirección tiene la responsabilidad de “promover la mayor participación de los pueblos indígenas en los procesos generadores de políticas públicas que los afecten, impulsando entre las comunidades el pleno ejercicio de sus derechos a través del conocimiento de estos y de las herramientas para ejercerlos”. El informe técnico elaborado por esta dirección, fundamenta la necesidad del Convenio, destacando su relevancia para avanzar en la implementación de los derechos indígenas en Tucumán.

El Convenio también establece mecanismos para resolver posibles controversias de manera amistosa, priorizando “los principios del mutuo entendimiento y en atención a las finalidades que les son comunes”. Asimismo, se fija una vigencia de cuatro años, prorrogables tácitamente por períodos iguales, salvo notificación en contrario con al menos 30 días de anticipación.

Como señala el Convenio, “las salvaguardas y debida diligencia son mecanismos de protección y garantía de derechos indígenas, en particular el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada y el fortalecimiento de la participación de los Pueblos Indígenas, que están estandarizados a nivel internacional y nacional a través de diferentes instrumentos que aseguran los procedimientos en la ejecución de inversiones, programas, proyectos y políticas públicas”.