La escalada de suicidios en el país empuja a Tucumán a las zonas de mayor riesgo con focos críticos en Tafí Viejo, Monteros y Concepción

La alarmante propagación de las muertes por autolesión en la Argentina alcanzó un récord histórico que reconfigura los patrones de la violencia social, situando a la provincia de Tucumán en una posición de extrema vulnerabilidad dentro del escenario nacional. De acuerdo con las estadísticas consolidadas por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), a las que tuvo acceso Tendencia de Noticias, la tasa de suicidios consumados en el país experimentó un drástico incremento del 22,6% durante el último año, consolidando un indicador de 11,8 casos por cada 100.000 habitantes y posicionando a Tucumán como una de las seis jurisdicciones con mayor tasa de incidencia del territorio federal.

Mientras la media nacional exhibe cifras críticas, la realidad tucumana escaló hasta una tasa de 13,5 muertes por cada 100.000 habitantes, con una particular afectación en el interior de la provincia donde las localidades de Tafí Viejo, Monteros y Concepción —Chicligasta— concentraron la mayor tasa de hechos registrados. Este sombrío panorama nacional obliga a las autoridades sanitarias y de seguridad a replantear sus políticas de prevención, en un marco donde los jóvenes de entre 15 y 34 años asumen la mayor carga de esta trágica tendencia.

El análisis pormenorizado del documento oficial del Ministerio de Seguridad expone la gravedad del fenómeno en la provincia de Tucumán, la cual registró un incremento absoluto en la pérdida de vidas por causas de autolesión. Durante el año 2024, Tucumán había reportado un total de 199 suicidios consumados, cifra que en el transcurso de 2025 se elevó de manera preocupante a 227 víctimas mortales, lo que representa una variación interanual del 13,3%. Este incremento empujó la tasa de afectación local de 12,0 a 13,5 casos por cada 100.000 habitantes, superando con amplitud el promedio del total nacional de 11,8 y situando a la provincia en el lote de las jurisdicciones más comprometidas del país. Al interior del territorio tucumano, la concentración geográfica del flagelo evidencia que los departamentos de Tafí Viejo, Monteros y Chicligasta (con cabecera en la ciudad de Concepción) fueron las áreas con mayor densidad de casos y afectación comunitaria, con tasas que abarcan desde 11,9 a 13 cada 100.000 tucumanos.

A escala de toda la República Argentina, el incremento de las autolesiones mortales marca un punto de inflexión sin precedentes en la serie histórica del SNIC. En términos absolutos, un total de 5.209 personas se quitaron la vida durante el año 2025 en comparación con los 4.249 registros consolidados en 2024, configurando la mayor aceleración interanual de esta variable estadística desde el año 2017. Este preocupante aumento coincide con un retroceso sostenido en los índices de delincuencia letal interpersonal, abriendo paso a un debate conceptual sobre la redirección de las conductas agresivas en la sociedad.

El abogado Ariel Larroude, especialista en política criminal y director del Observatorio de Política Criminal, explicó este cambio de tendencia al señalar: “Lo que tratamos de mostrar es que, si bien se puede 'celebrar' que Argentina bajó mucho los homicidios, hay una trasmutación de la violencia, que pasó de ser interpersonal a personal”. Mientras que la tasa de homicidios dolosos retrocedió a un mínimo histórico de 3,6 por cada 100.000 habitantes, la tasa de suicidios escaló a 11,8, lo que demuestra que los decesos por decisión propia cuadriplicaron a los asesinatos en todo el país durante el último ciclo anual.

No obstante la gravedad de las cifras informadas por el Ministerio de Seguridad, el estudio revela un agudo conflicto en los sistemas de registro de datos del Estado. Existe una profunda disparidad entre las estadísticas de muertes del Ministerio de Salud, volcadas en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), y las cifras policiales consolidadas por el SNIC. En el período analizado, el BEN reportó únicamente 748 suicidios en todo el territorio nacional, mientras que el cruce de sumarios de las fuerzas de seguridad contabilizó más de 5.200 muertes consumadas, lo que desnudó un subregistro masivo en el sector sanitario. Esta devaluación de la información de salud responde a que el Ministerio de Salud recién incorporó las autolesiones a la lista de eventos de notificación obligatoria en el año 2023, lo que genera demoras estructurales e inconsistencias administrativas en el traspaso de información desde los efectores de salud provinciales hacia el sistema federal.

La juventud en el centro del flagelo

La fisonomía etaria de las víctimas en la Argentina expone un patrón de agudo dolor concentrado en las nuevas generaciones. Los datos de 2024 deparan que el 45,3% de las 4.249 personas que decidieron quitarse la vida eran adolescentes y jóvenes adultos en un tramo de edad comprendido entre los 15 y los 34 años. Este segmento poblacional es el que registra la mayor aceleración en las curvas de crecimiento desde el año 2017, al punto de que las autolesiones se convirtieron en la principal causa de muerte de los jóvenes de 15 a 34 años en el país, destronando por primera vez a los siniestros viales que históricamente lideraban este luctuoso indicador.

Al desglosar las cifras absolutas de 2024 por franjas etarias específicas, el impacto de la crisis es evidente. En la franja de los adolescentes de 15 a 19 años se registró una disminución del 20% en 2024, manteniéndose en una media anual histórica de aproximadamente 380 víctimas mortales. Por su parte, los jóvenes de 20 a 24 años contabilizaron un total de 561 fallecimientos consumados. En tanto, en el tramo de 25 a 29 años se anotó la cifra más elevada con 567 decesos registrados. Finalmente, las personas de 30 a 34 años registraron un total de 486 casos.

Respecto a este preocupante perfil de las víctimas, Larroude fue categórico al declarar que “La franja de 20 a 34 es la más complicada”. Los analistas del Observatorio de Política Criminal asocian este drama con factores complejos que cercan a la juventud en su cotidianeidad, tales como la asfixia económica que bloquea las perspectivas de emancipación, el endeudamiento de los hogares, el impacto psicológico del aislamiento social derivado de la sobreexposición y abuso de pantallas y redes sociales, y el severo incremento de los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas en la población activa.

El estallido de la demanda psiquiátrica y los alarmantes indicadores epidemiológicos colisionan de manera directa con una drástica desinversión de los recursos públicos de asistencia. El informe destaca que el año 2025 registró uno de los porcentajes de ejecución presupuestaria destinados a programas de salud mental más bajos de la última década, alcanzando apenas un 31,2% del crédito asignado, un nivel de parálisis de recursos que se sitúa incluso por debajo de la devaluada ejecución del 36% reportada en el año 2017. Ante esta inacción del Estado, Larroude reclamó medidas urgentes y estructurales al manifestar: “Estamos pidiendo que se declare la emergencia en salud mental para que estas jurisdicciones tengan intervención del estado nacional y se les asignen más recursos: más psicólogos, más expertos en salud mental”.

La debilidad presupuestaria de las provincias dificulta dar respuesta al triángulo de factores clásicos identificados por la psicología científica —la ansiedad, la depresión y el aislamiento social crónico—, potenciados en los últimos años por los consumos problemáticos de marihuana y cocaína que se han triplicado según la Sedronar, afectando a 28 y 5 de cada 100.000 habitantes en su etapa económicamente activa, sumado al alarmante avance de la ludopatía digital y el endeudamiento familiar.

Por último, el mapa federal de los suicidios expone profundas asimetrías geográficas en el territorio nacional. La provincia con la tasa más elevada del país durante 2025 fue Entre Ríos con un indicador de 20,8 casos por cada 100.000 habitantes (un incremento del 81,1% desde 2017), escoltada en los puestos de mayor vulnerabilidad por San Luis con una tasa de 18,9 (con un salto del 152,6% respecto a 2017), Salta con 17,4, Santa Cruz con 16, y Catamarca con una tasa de 14,2. En el extremo opuesto, las jurisdicciones con menor tasa de afectación fueron Río Negro con 6,5, Neuquén con 7,8, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes y Misiones, registrando estas tres últimas tasas emparejadas en un valor de 8 casos por cada 100.000 habitantes. El contraste provincial más agudo de la década lo protagonizó La Rioja, que con una tasa de 13 suicidios en el año 2017 escaló de forma inusitada hasta un indicador absoluto de 50 muertes en el cierre de la serie temporal, lo que representó un estremecedor aumento del 284,6% en la cantidad de víctimas registradas.