En Tucumán, el 91% de las denuncias contra jueces y fiscales federales se archivaron sin sanción

"Si los procesos de investigación no funcionan como deberían, la garantía de independencia puede rápidamente transformarse en garantía de impunidad". Con esta cita textual como eje ordenador, el informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) a través de la plataforma JusTA reveló que en los últimos 24 años, el 91% de las denuncias tramitadas contra jueces y fiscales federales en Tucumán fueron cerradas sin aplicar sanción alguna. La investigación, titulada "¿Justicia intocable?" y realizada por el equipo de autores integrado por Irene Benito, Celeste Fernandez, Clara Lucarella, Ezequiel Nino y Emir Salomón, expone la severa ineficacia de los mecanismos de control institucional en la provincia, al precisar que desde 2002 se iniciaron 47 trámites de remoción en el ámbito local, de los cuales 43 fueron archivados sin la aplicación de sanciones disciplinarias ni la concreción de remociones efectivas. Este panorama provincial se enmarca en un diagnóstico nacional igualmente crítico, donde sobre un universo de 4.910 denuncias cerradas en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante los últimos 27 años, solo el 1,3% derivó en una sanción o destitución, lo que evidencia un sistema donde las causas por mal desempeño suelen diluirse sin investigación.

En la fundamentación conceptual del trabajo, al que tuvo acceso Tendencia de Noticias, los autores destacan el desfasaje entre los preceptos constitucionales y la práctica cotidiana de los órganos de juzgamiento. El documento sostiene que "la Constitución Nacional establece que la magistratura conserva sus funciones mientras dure su buena conducta. La garantía de inamovilidad de los cargos de magistrados y magistradas cede ante casos de mal desempeño o la comisión de delitos. Este presupuesto es fundamental para garantizar la independencia e imparcialidad en el ejercicio de la función, ya que protege a sus titulares de represalias y ataques fundados en sus decisiones". Sin embargo, el informe advierte que en la práctica "muchas causas disciplinarias se encaminan al olvido, y ni siquiera funcionan como obstáculo para ascender al interior del Poder Judicial", generando una estructura donde la rendición de cuentas resulta prácticamente inexistente.

De acuerdo con la investigación, el mecanismo disciplinario del Consejo de la Magistratura de la Nación presenta cuatro problemas estructurales centrales que explican por qué la gran mayoría de las denuncias contra jueces y fiscales no derivan en sanciones ni remociones:

1. Opacidad de los procesos y falta de publicidad

A pesar de las obligaciones normativas, el organismo limita severamente el acceso público a las actuaciones disciplinarias. "La posibilidad de saber qué pasa con las denuncias contra la magistratura nacional y federal se pierde prácticamente al momento de la interposición de los cuestionamientos, no sólo porque quienes denuncian no son parte del proceso (...), sino también porque el Consejo de la Magistratura omite dar publicidad a los expedientes disciplinarios", enuncia el documento. El artículo 8 de la Ley 24.937 establece que "los expedientes que tramiten en el Consejo de la Magistratura serán públicos, especialmente los que se refieran a denuncias efectuadas contra magistrados", un precepto que en la práctica suele requerir complejos pedidos de acceso a la información que frecuentemente resultan infructuosos o sufren dilaciones injustificadas.

2. Exclusión y falta de participación de los denunciantes

Quienes presentan las denuncias no son reconocidos como parte del proceso, lo que restringe el control ciudadano e invisibiliza las pruebas aportadas. La normativa dispone que "quien denuncia no será parte de las actuaciones".

3. Arbitrariedad y discrecionalidad en la asignación de expedientes

La distribución de denuncias entre la Comisión de Disciplina (faltas leves) y la Comisión de Acusación (faltas graves/remoción) responde a pautas subjetivas o políticas, sumado a la presencia de magistrados juzgando a sus propios pares. La reglamentación "no enuncia de manera taxativa sino genérica y orientadora los parámetros que determinan un camino u otro".

4. Caducidad de causas por inacción del organismo

El transcurso del plazo legal de tres años sin dictamen o resolución del Plenario provoca el cierre automático de cientos de actuaciones sin investigación efectiva. "Esto significa que una causa puede cerrarse sin que exista una investigación ni una decisión sobre los hechos detonados. Y, de hecho, es lo que pasa en cientos de casos". Entre 1999 y agosto de 2026, 469 denuncias finalizaron por caducidad ante la falta de resolución en el plazo de tres años.

Las fallas del dispositivo de control no solo afectan a la provincia de Tucumán, sino que responden a patrones estructurales en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, entre los que sobresalen la opacidad procesal, la falta de participación de las víctimas y la arbitrariedad en la asignación de expedientes. Al evaluar la marginación de quienes impulsan los reclamos, el reporte recoge el testimonio de Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT y secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), quien expresó: "Son muchos años denunciando situaciones a veces aberrantes. La realidad es que el Consejo de la Magistratura es un ámbito que está politizado: siempre nos encontramos con muchas trabas que no nacen de la seriedad de los planteos y de las denuncias, sino de la cobertura política de los magistrados y de las magistradas. Esto hace que en los casos de violencia laboral, por ejemplo, las víctimas no quieran denunciar".

En ese mismo sentido, Rocío Herrera, integrante de la Comisión Directiva de la UEJN, describió las trabas operativas que enfrentan los denunciantes al quedar excluidos del seguimiento del expediente: "En el Consejo de la Magistratura, en el momento en que uno presenta la denuncia, queda afuera del proceso. No es parte, ni puede tomar vista, ni conocer qué pruebas se van a hacer y cuáles no, ni responder o presentar alegatos en relación a lo que presenta el magistrado. No puede tampoco hacer preguntas en las testimoniales. Depende del consejero que lleva adelante el expediente, cuánto lo va a tramitar, con qué celeridad, y cuánta intención de investigar y llevar a una sanción tiene el consejero. [...] El proceso está diseñado para que la política se ocupe. Y el problema es que los magistrados empiezan a 'tocar a la política'. Hay magistrados con determinada influencia o pertenencia a determinado espacio político, y por esa razón terminan siendo beneficiados con archivos, desestimaciones o retrasos. La realidad es que la experiencia no es buena, es un escenario bastante desmotivador. Uno entiende que esta es una de las principales funciones del Consejo y es probablemente a la que menos atención se le presta".

Asimismo, el informe documenta la situación atravesada por integrantes del propio Poder Judicial que intentaron denunciar faltas graves de sus pares. Gretel Diamante, jueza del Tribunal Oral Federal de San Luis, relató las dificultades vividas junto a tres colegas del distrito Cuyo tras denunciar comportamientos irregulares de un magistrado: "Al filo del cierre, una de las consejeras, Alejandra Provítola, nos llamó para interesarse en el asunto. Hasta entonces nunca habían tomado la medida elemental de convocarnos para que expliquemos los hechos. Denunciamos circunstancias institucionales muy relevantes y graves que justifican que por lo menos se aperciba o se llame la atención al juez. Lo que pasó no puede quedar en el vacío o en la nada. Si avanzan con el archivo respecto de las cuatro juezas del distrito de Cuyo, ¿qué queda para el resto de las funcionarias y empleadas que sufren maltratos?".

La discrecionalidad en la distribución de las causas entre la Comisión de Disciplina y la Comisión de Acusación constituye otro eslabón crítico expuesto en la investigación. Al respecto, el diputado nacional Rodolfo Tailhade señaló: "Cuando las denuncias cuestionan la marcha de los juicios de un modo muy notorio, el criterio aceptado es que vayan a la Comisión de Disciplina. Ahora bien, por ejemplo, la vicepresidenta Provítola decidió que una denuncia de esa clase contra Raúl Horacio Ojeda, el juez del Trabajo que había frenado la reforma laboral impulsada por el Gobierno, sea tramitada en la Comisión de Acusación... en otras ocasiones, en la asignación de la comisión pesan el nombre del juez o de la jueza, o su relación con el partido gobernante. Este año ingresó una presentación contra jueces de Córdoba denunciados por hechos de corrupción y, sin embargo, fue derivada a la Comisión de Disciplina. La verdad es que cuesta enunciar cuáles son los criterios... Hay subjetividad, y este es un tema que genera luego falta de productividad y de respuestas a la sociedad".

Frente a esta lógica corporativa, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti fundamentó su proyecto legislativo para excluir a los jueces de la Comisión de Disciplina argumentando: "La circunstancia de que jueces deban evaluar la conducta de otros jueces introduce un problema sistémico que excede las cualidades personales de quienes integran el órgano. No se trata de presumir parcialidad en los individuos, sino de advertir que el esquema vigente favorece la reproducción de una lógica corporativa que, en los hechos, tiende a debilitar la eficacia del control disciplinario. La proximidad funcional, la pertenencia a un mismo cuerpo y la existencia de intereses comunes configuran un entorno poco propicio para el ejercicio de un control riguroso".

Esta dinámica de autoprotección fue ratificada por la ex consejera y ex diputada Marcela Rodríguez, quien sostuvo: "Los jueces en la Comisión de Disciplina tienen un poder enorme y entre ellos se respetan. Todavía ahora, mandar una causa a Disciplina es salvar al juez. En nuestra época en Acusación estaban los abogados Beinusz Smukler, Pereira Duarte y yo. Una vez que empezábamos una investigación era muy difícil frenarla después. En cambio, si la denuncia pasaba a Disciplina, no arrancaba".

Desde la perspectiva académica, el jurista Alfonso Santiago identificó dónde se produce la paralización de los expedientes más graves al señalar: "De modo general, se podría afirmar que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en el orden federal, ha funcionado adecuadamente desde su instalación en el año 2000: ha llevado correctamente los procesos y sus decisiones ha sido fundadas... Sin embargo, me animaría a afirmar que no todos los casos que debieron llegar al Jurado de Enjuiciamiento, lo hicieron. Esto debido a que el Consejo de la Magistratura de la Nación no siempre decidió acusar a los jueces federales denunciados por graves hechos que encuadran en la causal genérica de 'mal desempeño', cuando debería haberlo hecho".

A su vez, el especialista Mauro Benente remarcó la falta de transparencia como el factor determinante que impide evaluar la idoneidad de la magistratura: "Llama la atención que frente a un plantel de alrededor de mil jueces y juezas, desde el inicio del funcionamiento del Consejo, se hayan aplicado solamente 48 sanciones. Del estudio de las resoluciones dictadas por el Consejo surge que la mayoría de las denuncias se desestiman in limine o por caducidad, pero la imposibilidad de acceder a los expedientes impide delimitar si este número escasísimo de sanciones se explica por la excelencia de los jueces y las juezas, o por la ineficacia del diseño institucional".

Finalmente, el reporte elaborado por ACIJ advierte que la inacción temporal se convirtió en un mecanismo sistemático de desestimación. De las 4.910 denuncias concluidas desde 1999, 3.700 fueron desestimadas y 469 finalizaron por caducidad al transcurrir el plazo legal de tres años sin dictamen del Plenario, mientras que en 633 casos los registros oficiales no permiten siquiera conocer el motivo del cierre. Esta combinación de demoras deliberadas, denegación de acceso a la información pública y archivo de expedientes consolida un escenario donde, tanto en Tucumán como en el resto del país, la rendición de cuentas judicial continúa siendo una materia pendiente.