"Educación emocional", el resquicio formal que encontró el PE ante las críticas por la falta de implementación de la ESI

Casi dos años y medio después de la sanción de la Ley 9676, el Poder Ejecutivo de Tucumán reglamentó la incorporación de la "Educación Emocional" en las instituciones educativas provinciales a través del decreto 1881/5, firmado por la ministra del área, Susana Montaldo, y la secretaria de Estado de Educación, Gabriela Gallardo. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, se presenta como una salida formal para contrarrestar las críticas por la falta de implementación efectiva de la Educación Sexual Integral (ESI) en la provincia, a la que Tucumán adhirió en agosto de 2022 mediante la Ley 9605, tras 16 años de demora.

El decreto establece que el Ministerio de Educación debe integrar la Educación Emocional como “eje transversal de las prácticas pedagógicas” en todos los niveles educativos –inicial, primario, secundario y formación docente– de escuelas públicas y privadas. Según el texto, la Educación Emocional es “un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de habilidades socioemocionales como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales de la formación integral de las personas, con el objeto de capacitarlas para la vida”. El decreto subraya su concordancia con la Ley Nacional 26.150 de ESI, al promover “la adquisición de saberes y habilidades para desenvolverse en la vida social y enfrentar sus desafíos”, incluyendo la expresión de emociones, la construcción de valores de convivencia, el cuidado propio y ajeno, y el desarrollo de competencias como la empatía y la solidaridad.

Un punto central del decreto es la creación de una Comisión Técnica Interdisciplinaria de Educación Emocional, que funcionará como un órgano consultivo, técnico y operativo. Esta comisión, que deberá constituirse en un plazo de 90 días, estará integrada por la secretaria de Estado de Educación, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales de los gabinetes psicopedagógicos y servicios de asistencia social escolar, profesionales del equipo de mediación, y miembros de los equipos técnicos pedagógicos de las Direcciones de Nivel y Modalidades. Los integrantes, seleccionados por su formación y experiencia en educación, psicología, pedagogía y ciencias sociales, tendrán un mandato de hasta cuatro ciclos lectivos, con posibilidad de reemplazo por decisión de las autoridades.

Finalidad y tareas

El decreto detalla los objetivos de la comisión, que incluyen: elaborar orientaciones pedagógicas basadas en bibliografía actualizada y consultas a especialistas; capacitar a docentes mediante planes anuales, cursos, talleres y materiales didácticos; acompañar y monitorear proyectos institucionales con informes anuales de evaluación; promover estrategias interinstitucionales con familias y otras entidades; y fomentar la investigación y divulgación de prácticas exitosas. Entre las tareas específicas, se destaca que la comisión deberá “elaborar documentos orientativos para las instituciones educativas” y “coordinar el diseño de materiales didácticos y recursos pedagógicos que faciliten el abordaje de las emociones en las escuelas”. Además, se busca “generar espacios de intercambio de experiencias pedagógicas” y “fomentar procesos de comunicación y mediación” para mejorar el clima institucional.

La reglamentación de la Ley 9676 surge en un contexto de fuertes críticas al gobierno provincial por la implementación parcial o inexistente de la ESI, pese a la adhesión a la Ley Nacional 26.150 en 2022. Inclusive, las propias legisladoras peronistas Nancy Bulacio y Sara Fernández, en un proyecto de resolución, denunciaron que “diversos informes y estudios realizados en los últimos años evidencian que la implementación de la ESI en Tucumán es parcial, desigual y, en muchos casos, inexistente”, lo que constituye “una grave vulneración de derechos” para los estudiantes. Criticaron el desmantelamiento del equipo provincial de ESI y el desfinanciamiento del programa nacional bajo el gobierno de Javier Milei, señalando que Tucumán es una de las cinco provincias que disolvió sus equipos de ESI, junto con Santiago del Estero, Catamarca, Santa Cruz y Río Negro. Las legisladoras habían exigido al Ministerio de Educación un informe detallado sobre el estado de la ESI, incluyendo datos desagregados y acciones de formación docente.

Privaciones

Bulacio y Fernández destacaron que la ESI abarca no solo aspectos biológicos, sino también emocionales, afectivos y sociales, promoviendo el autocuidado, la prevención de abusos, y la equidad de género a través de cinco ejes: cuidado del cuerpo, perspectiva de género, respeto por la diversidad, valoración de la afectividad y ejercicio de los derechos. Subrayaron que la falta de ESI en 2025 priva a los estudiantes de herramientas para identificar situaciones de violencia y fomentar relaciones saludables, especialmente en un contexto donde el NOA, incluida Tucumán, registra los niveles más bajos de implementación, según el INDEC y el Ministerio de Educación nacional.

La Educación Emocional, al vincularse con la ESI, busca llenar algunos de estos vacíos al priorizar habilidades socioemocionales, pero las críticas persisten, especialmente en instituciones confesionales donde, según las legisladoras, el enfoque integral y laico de la ESI es restringido o tergiversado. El decreto 1881/5, si bien formaliza un avance en la Educación Emocional, no aborda directamente las demandas de una implementación plena de la ESI, dejando abierto el debate sobre si esta medida es suficiente para garantizar los derechos educativos de niñas, niños y adolescentes en Tucumán.