El Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán promulgó, bajo el número 9904, la Ley de Ahorro y Eficiencia Energética en espacios y edificios públicos, sancionada por la Legislatura el pasado 26 de junio. Esta norma busca reducir el consumo de energía en la jurisdicción provincial, disminuir los costos asociados y contribuir a la mitigación de emisiones contaminantes derivadas de la generación de energía eléctrica con combustibles no renovables.
La norma abarca un amplio espectro de aplicación que incluye “los edificios públicos, sean éstos propiedad del Estado Provincial o no; la iluminación de los espacios públicos; y las compras y contrataciones públicas realizadas por la Provincia". Esto asegura que la ley impacte tanto en la infraestructura como en los procesos administrativos llevados a cabo por el Estado local.
El Ministerio de Obras y Servicios Públicos será la Autoridad de Aplicación, con el asesoramiento del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT). Según el Artículo 3°, le corresponderá “fijar metas de reducción progresiva del consumo de energía, establecer criterios de ahorro energético, definir el sistema de monitoreo del consumo de energía de cada edificio en que el Estado Provincial realice sus tareas y coordinar acciones con los demás organismos del Gobierno para centralizar los datos sobre consumo energético”. Estas responsabilidades buscan garantizar un enfoque sistemático y medible para alcanzar los objetivos de la ley.
Buenas prácticas e inversiones
Además, la norma promueve la capacitación y sensibilización del personal público. En tal sentido, se indica que “cada repartición de la Administración Pública informará a sus empleados respecto de buenas prácticas, nuevas técnicas y procesos de trabajo para el ahorro y uso eficiente de la energía en el ámbito laboral”. Este componente educativo es clave para fomentar una cultura de eficiencia energética en el sector público.
En términos de contrataciones y obras públicas, el Artículo 5° establece que “en los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios, como así también en los pliegos de obras públicas que realice la Provincia, se contemplarán criterios de ahorro energético que serán establecidos en la reglamentación de la presente”. Esto asegura que las decisiones de inversión provincial prioricen la sostenibilidad.
Para financiar las mejoras necesarias, la Ley dispone que “cada repartición de la Administración Pública Provincial contemplará en su presupuesto anual una partida específica destinada a financiar mejoras edilicias y tecnológicas para volver más eficiente su consumo de energía”.
Finalmente, la norma invita a los municipios de la provincia a adherirse a esta iniciativa y establece un plazo de 180 días para su reglamentación.