"Burocracia innecesaria": Legisladores tucumanos impulsaron cambios para salvar a electrodependientes del "bloqueo administrativo"

La Legislatura de Tucumán sancionó el pasado jueves un proyecto de ley fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas electrodependientes en la provincia. La iniciativa, impulsada por legisladores del oficialismo como Adriana Najar, Tulio Caponio y Javier Morof (mandato cumplido), modifica el artículo 8 de la Ley Provincial N.º 9023 para designar formalmente al Ministerio de Salud Pública como la autoridad única de aplicación. Esta medida busca resolver un vacío legal de ocho años y terminar con la dispersión de facultades que generaba demoras críticas en el acceso a derechos vitales, como la provisión de energía constante y el acceso a fuentes alternativas de suministro.

Najar, autora del proyecto (foto inferior), fundamentó la necesidad del cambio señalando que la reglamentación previa dividía tareas entre el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) y el SIPROSA, lo cual afectaba la efectividad de la ley. Según Najar, centralizar la autoridad en Salud permitirá un enfoque "más cohesivo y efectivo", eliminando los obstáculos que hoy impiden una atención oportuna.

"La reglamentación actual ha dividido facultades entre ERSEPT y el SIPROSA, lo cual ha generado dificultades operativas en la atención de las necesidades de los beneficiarios", explicó Najar, advirtiendo que, sin este cambio, "esta fragmentación podría continuar presentando obstáculos que afecten la eficiencia y la efectividad en la implementación de los derechos". Asimismo, la parlamentaria subrayó que la intención es "eliminar la burocracia innecesaria y mejorar significativamente la calidad del servicio que reciben las personas electrodependientes", ya que de lo contrario se corre el riesgo de "perpetuar las demoras y complicaciones que ya existen, impidiendo que quienes dependen de estos recursos puedan acceder a ellos de manera oportuna y adecuada".

Por su parte, el legislador Alberto Olea, presidente de la Comisión de Energía y Comunicaciones, destacó que las modificaciones son esenciales para "ampliar los derechos sobre todo para aquellas personas cuya salud y vida dependen de un suministro eléctrico constante y adecuado para administrar sus equipos médicos vitales" y establecer un esquema claro de apoyo entre el Estado y la empresa concesionaria.

El debate también puso de relieve la situación de extrema fragilidad que atraviesan estos pacientes. El legislador Gabriel Yedlin (foto inferior) aportó datos precisos sobre la realidad del sector, informando que existen 470 personas electrodependientes registradas en la provincia. Yedlin describió la angustia de las familias que dependen de respiradores o bombas de infusión ante los cortes de luz, especialmente en zonas periféricas.

"Son pacientes que están en su casa y realmente que sobreviven, viven, transitan y tienen algún grado de cuidado, pero que necesitan un aspirador, necesitan un respirador", describió Yedlin, quien introdujo el concepto de hipervulnerabilidad para referirse a este grupo. Según el legislador, "hay un grupo que son los hipervulnerables, personas en situación de enfermedad electrodependiente, una situación que deben ser protegidos especialmente".

Finalmente, el parlamentario peronista recordó los beneficios económicos concretos de estar debidamente registrado: "estar en el registro electodependiente de la provincia no solo les da esta protección, sino también alivian el pago de la energía y si también están en el registro de electrodependente de Nación, tienen la energía gratis". Con la nueva ley, el Ministerio de Salud será el encargado de gestionar de manera directa estos trámites para asegurar que el alivio llegue a quienes más lo necesitan sin las complicaciones administrativas del pasado.