A 20 años de la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, la mayoría de los condenados está con prisión domiciliaria

El 20 de junio se cumplieron 20 años del inicio del primer juicio de lesa humanidad tras la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Por ello, el Ministerio Público Fiscal informó sobre los resultados de dos décadas de procesos.

En total, se realizaron 365 debates orales, que condenaron a 1.242 personas y absolvieron a 250. Sin embargo, cada vez quedan menos represores en cárcel común debido, principalmente, a cuestiones humanitarias por sus edades y estados de salud. 

En la actualidad, de las 519 personas detenidas, sólo 79 están en cárceles: la mayoría en Campo de Mayo (61) y otro tanto en prisiones en diferentes puntos del país (18). Son 440 los represores que están con prisión domiciliaria, más 33 imputados prófugos y 1.559 en libertad. 

Entre los prófugos hay un tucumano, Héctor Mario Schwab. Ya en 2006 tenía pedido de captura internacional ordenada por el juez español Baltasar Garzón, pero se fugó en 2008, cuando la justicia lo procesó por la desaparición de un obrero a su cargo en la Dirección de Parques y Jardines de la capital Tucumana. Más tarde, fue imputado por la desaparición del periodista de La Gaceta Maurice Jeger (ciudadano francés) y su compañera, Olga Cristina González, embarazada al momento del secuestro. 

Héctor Mario Schwab, antes de su fuga.

Los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar se habían visto interrumpidos tras la sanción de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), que establecieron límites insalvables para continuar juzgando a los militares y civiles que ejercieron el terrorismo de Estado. Más tarde, el ex presidente Carlos Menem indultó a los represores ya condenados. 

Sin embargo, en 2003 el Congreso de la Nación derogó las dos leyes y en 2005 la Corte Suprema de Justicia las declaró inconstitucionales. Esto permitió la reapertura de las causas y el 20 de junio de 2006, comenzó el primer proceso: el de Miguel Etchecolatz, que ya arrastraba una condena por tormentos a 91 personas y otra por sustracción de una niña. El represor, ex director de Inteligencia de la Policía Bonaerense fue condenado ese mismo año, por primera vez, a perpetua. En los siguientes años, recibiría otras ocho condenas iguales.

Una de las víctimas de ese primer juicio era el ex albañil Julio López. Había sido secuestrado junto a otros obreros en 1976, por un grupo dirigido por Etchecolatz y declaró lo que vivió durante su cautiverio. El día de los alegatos finales, López desapareció. Al día siguiente, cuando Etchecolatz recibió la conena, el fotógrafo Leo Vaca logró tomar una imagen de un papel que tenía en sus manos. Sólo decía "Jorge Julio López". Jamás se encontraron sus restos.

Desde entonces, por los estrados de la justicia federal de todo el país desfilaron 1.445 personas, de las cuales 1.245 fueron condenadas y 250 fueron absueltas, según informó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo de María Ángeles Ramos. 

Además, el organismo detalló que, en la actualidad, otras 510 personas están imputadas, porque las causas continúan. Hoy se están desarrollando en todo el país 13 juicios. 

Uno de los debates orales se está llevando a cabo en Tucumán, por la sustracción y sustitución de identidad del nieto recuperado N° 128. El excapitán de Inteligencia Carlos Alberto Vega está siendo juzgado por su participación en los hechos que sufrió Marcos Eduardo Ramos, que tenía tenía cinco meses cuando fue secuestrado en 1976 junto a su medio hermano de 8 años, que logró escapar.

En tanto, hay 61 expedientes ya tienen elevación para comenzar el debate oral. En etapa de investigación hay 281 expedientes. Ya se sobreseyó a 102 personas y otras 175 se encuentran en situación de falta de mérito para ser desvinculadas.