Tucumán se queda sin el centro multimodal de carga por un litigio judicial con Emilio Luque que le podría costar a la provincia más de $5.500 millones

El Estado tucumano decidió poner fin a un extenso pleito judicial contra el empresario Emilio Salvador Luque por la expropiación de un terreno destinado a la instalación de un Centro de Transferencia Multimodal de Cargas. La medida se fundamenta en que, de persistir con el litigio, la provincia podría verse obligada a afrontar la millonaria suma de $5.500.742.209,35, según las estimaciones de la Dirección Judicial de Fiscalía de Estado. Ante este escenario, el gobierno de Osvaldo Jaldo se excusó de no poseer los fondos necesarios para avanzar con la infraestructura, señalando que la mencionada obra no se encuentra prevista ni incluida en la planificación vigente del Ministerio de Obras Públicas.

La expropiación original fue dispuesta mediante la Ley N° 8.691 (y sus ratificatorias), sancionada en junio de 2014 bajo la gestión del entonces gobernador José Alperovich, con el fin de destinar una fracción de aproximadamente 120 hectáreas en Cevil Pozo al mencionado centro logístico dentro del Plan Quinquenal de Obras Públicas. Sin embargo, tras más de una década de trámite, el actual Ejecutivo consideró inviable el proyecto. El decreto, firmado por el gobernador y refrendado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, sostiene con contundencia: “Que la falta de disponibilidad financiera para encarar el proyecto evidencia la imposibilidad de concretar la finalidad que justificó la declaración de utilidad pública y la consecuente expropiación dispuesta por las citadas normas”. En este sentido, el documento advierte que la continuidad del proceso “para obtener la titularidad del bien inmueble cuyo destino no podrá ser concretado, resultaría contrario al uso racional y eficiente de los recursos públicos”.

El devenir judicial, el riesgo financiero y el legado frustrado

El caso, caratulado como “Provincia de Tucumán c/ Emilio Salvador Luque s/ Expropiación”, cuenta con una sentencia de primera instancia que condenaba a la provincia a pagar más de $1.313millones,monto que luego fue modificado por la Cámara Civil y Comercial Común a la suma de $910.044.033,78 más intereses. Actualmente, la causa se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán debido a un recurso de casación interpuesto por la Provincia.

No obstante, el Estado decidió retirarse antes de que la adquisición del dominio quede firme. La normativa explica que “el expropiante podrá desistir de la acción promovida en tanto la expropiación no haya quedado perfeccionada”, aclarando que esto ocurre cuando existe “sentencia firme, toma de posesión y pago de la indemnización”. Como el fallo aún no está firme, la provincia optó por el desistimiento para evitar el impacto de los $5.500 millones que costaría concluir el proceso hoy.

Basándose en el Dictamen Fiscal N° 384 del 18 de marzo de 2026, el gobernador decretó: “Autorízase a la Dirección Judicial de Fiscalía de Estado, a desistir del proceso judicial y a tramitar el recupero de las sumas depositadas, una vez cubiertos los gastos que correspondan”. El fundamento final de la decisión radica en la “imposibilidad del Estado Provincial de cumplir con la finalidad de utilidad pública prevista por las leyes antes mencionadas”, priorizando la estabilidad financiera por sobre un proyecto de infraestructura que ya no forma parte del plan de trabajos vigente.

En abril de 2023, el entonces ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós, participó de una reunión con el objetivo de supervisar los avances en el proyecto del Centro Multimodal de Cargas, la presentación del mismo y los detalles de lo que será el nuevo polo logístico. Del encuentro habían participado el ministro de Obras y Servicios Públicos, Fabián Soria, el gerente general del IDEP Tucumán, Roberto Martínez y el coordinador de Comercio Exterior, Fernando Martorell. También estuvieron presentes representantes del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y de la empresa Indesifra y de AC&A, quienes trabajarían en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional.

Al respecto, Soria había comentado: “Le estamos dando finalización a la primera etapa del proyecto ejecutivo. Es un polo logístico que potenciará a largo plazo el comercio de la provincia, el concepto de puerto seco incluye tres formas de transporte: aéreo, trenes y terrestre. Aquí se instalarán empresas de gran envergadura, como así también de alcance internacional. Además, impulsará la marca Tucumán, por lo que estamos trabajando con el IDEP de manera conjunta. El multimodal de cargas va a ser uno de los legados más importantes que va a dejar la gestión Juan Manzur – Osvaldo Jaldo”.